Académicos y juristas de la Universidad de Panamá cuestionan viabilidad y condiciones para la propuesta de Constituyente

El debate en torno a la reforma integral de la Carta Magna panameña cobró fuerza tras el anuncio del presidente  José Raúl Mulino, quien afirmó durante la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) que su administración impulsará un proceso constituyente fijado para el año 2027.

Sin embargo, la iniciativa ha generado un profundo análisis y objeciones por parte de académicos, juristas e investigadores de la Universidad de Panamá (UP), quienes cuestionan si el país cuenta con las condiciones sociales, políticas y jurídicas necesarias para llevar a cabo una transformación de esta magnitud sin arriesgar la estabilidad institucional o excluir a los sectores populares.

El dilema jurídico: Mantenimiento del orden constituido vs. ruptura

Especialistas de las facultades de Derecho, Humanidades y del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) expusieron en la web de esa casa de estudios diversos enfoques sobre la viabilidad del proyecto oficial.

Uno de los principales ejes del debate, de acuerdo al portal universitario, se centra en la validez técnica de los mecanismos de reforma. El constitucionalista Marco Tulio Londoño sostiene que la figura de una "constituyente paralela" presenta contradicciones conceptuales dentro del derecho positivo, pues mantener dos sistemas de poder simultáneos o romper los canales establecidos en el texto vigente implica asumir un riesgo sobre la arquitectura de las instituciones del Estado.

Por su parte, el profesor Samuel Prado Franco recordó que la aspiración de una Constituyente originaria ha sido una bandera histórica de sectores universitarios, sindicales y campesinos, pero reconoce que su implementación plantea interrogantes profundas sobre cómo garantizar una elección transparente que no quede bajo el dominio exclusivo de los partidos políticos tradicionales.

Legitimidad política y representación social

Desde la perspectiva sociopolítica e histórica, investigadores como el director del CIFHU, Olmedo Beluche, y el historiador del IDEN, Euclides Antonio Méndez, argumentan que el contexto actual carece de los consensos mínimos necesarios.

"Una Constituyente debe contar con una representación genuina del pueblo a través de los sectores populares, movimientos sociales, sindicatos, dirigencia estudiantil y ambientalistas", expresó Beluche director del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades (UP).

Los analistas concuerdan en que la Constitución de 1972 —pese a sus parches y reformas acumuladas en casi cuatro décadas— mantiene un equilibrio entre controles estatales y derechos sociales que no debe erosionarse sin un pacto nacional incluyente y participativo.