Diputados solicitan al Ejecutivo establecer medidas de austeridad para frenar aumento a magistrados

Luego de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, justificara el aumento de salario a los magistrados, las reacciones en contra de esta decisión y sus argumentos no se han hecho esperar.

Según López, este incremento fue aprobado en febrero de 2024, es decir, hace exactamente un año, por lo tanto, forma parte del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025.

Además, se sustenta en un análisis regional realizado por la entidad.

Situación que para el diputado Jorge González es “preocupante”, ya que, pese a estar en un periodo de austeridad y contención del gasto, los magistrados insisten en aumentar sus salarios a 14,000 dólares.

González lamentó no haber podido efectuar su rol fiscalizador a través de las vistas presupuestarias para entender la necesidad de este incremento.

Los diputados señalan que estos recursos pueden ser invertidos en proyectos de infraestructuras prioritarios para la población como la construcción de centros de salud, escuelas y demás.

Por su parte, Betserai Richards, solicitó a los magistrados “ser congruentes con la situación que padece el país”.

Richads recalcó que no es momento para aumentos y reprochó el hecho que esto haya sido incluido dentro del presupuesto aprobado por el Órgano Legislativo sin que los magistrados fueran a la Comisión de Presupuesto a rendir las justificaciones necesarias para este ajuste.

El diputado Ernesto Cedeño también se refirió al tema, exigiendo a la presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, reorganizar el equipo técnico de la Comisión, dado que, situaciones como la ocurrida con este aumento no pueden volver a repetirse.

“El equipo de analistas debió advertir que venía el golazo y no lo advirtieron”, acotó.

El también abogado señaló que esta petición de los magistrados no debió pasar de manera expedita por la Comisión, al contario, debió ser paralizada radicalmente.

Aboga porque el Ejecutivo analice la posibilidad de establecer medidas de austeridad, o la presentación de una acción de inconstitucionalidad, para impedir este incremento.

Aunque la Contraloría de la República afirmó que no refrendaría este aumento, los magistrados podrían solicitarlo por insistencia.

Recurso que, según el magistrado Olmedo Arrocha, será solicitado porque está incluido en el presupuesto del Órgano Judicial aprobado por la Asamblea Nacional.