Las razones para callar a EPASA: los lujos del secretario de Varela

Casa de playa, un apartamento en Punta Pacífica, restaurantes y autos de alta gama, fueron parte de los bienes, por lo cual fue denunciado ante el Ministerio Público en junio de 2018, Raúl "Rauli" Sandoval, quien en ese entonces era el secretario privado del expresidente Juan Carlos Varela.

Aunque su cargo era de secretario, Sandoval era uno de los hombres de poder en el círculo cero del exmandatario. Logró colocar a familiares y amigos en puestos claves y desde de se ejecutaban importantes contratos.

Por ello, fue denunciado penalmente por supuesta corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

Una vez más, el grupo Epasa (Panamá América y Crítica) fueron uno de los pocos medios de comunicación que hicieron público la denuncia en la que se señala que Sandoval no tenía como justificar sus nuevos bienes.

Para ese entonces, Sandoval dio uso del Consejo de Seguridad para darle seguimiento a la persona que lo denunció. También recibió protección desde del Ministerio Público a cargo en ese entonces de Kenia Porcel, tal y como revelaron los Varelaleaks.

Por si no lo viste

Las razones para callar Epasa: el caso Techos de Esperanzas y el amigo Peter

Ministro Pino: 'Hay un proceso de investigación en el caso de Aderlyn Llerena que no es público'

Aprehenden a presunto homicida de un sargento de la Policía Nacional en Panamá Viejo

La denuncia penal, interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y que nunca se le dio el debido proceso, señala a una supuesta red que incluía a empresas proveedoras, empresas, pantallas y funcionarios que se habrían beneficiado por los contratos millonarios del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la compra de alimentos para los programas sociales del Gobierno. Esto durante las gestiones de Eduardo Carles y Raúl Ávila, de acuerdo con la denuncia, la cual también establece las posibles conexiones familiares, laborales y de amistades.

El dinero habría pasado por una serie de empresas, y el secretario del presidente es uno de los beneficiarios finales, establece la denuncia. Incluso pide que se le investiguen dos restaurantes y propiedades de lujo, como autos de alta gama, un apartamento en Punta Pacífica y casa de playa, como parte de los bienes que no podría sustentar Sandoval.

En la planilla de la Presidencia de la República, Sandoval registraba como director ejecutivo con un salario base de 4,000 dólares, más 2,000 dólares en gastos de representación. Pero la denuncia penal de Luis Levin advirtió que el salario de Sandoval no guardaría relación con los bienes que ostenta desde que asumió este cargo público.

De acuerdo con la denuncia, Sandoval y el empresario Raúl Barraza están casados con dos de las hijas del ex notario Cecilio Arosemena, quien ocupó ese cargo desde que Juan Carlos Varela era canciller en el gobierno de Ricardo Martinelli, y fue reconfirmado su gobierno en 2014.

Esta sería la razón por la cual Eduardo Carles pasó de ser el jefe de Compras de Barraza y Compañía S.A., empresa vinculada a Raúl Barraza, a director del IMA.

"Ante estos hechos solicitamos al Ministerio Público confirmar si la empresa Barraza y Compañía es una de las empresas que más se ha beneficiado de las compras por invitación del IMA desde que asumió Carles como director de la entidad y ahora siendo ministro del Mida", establece textualmente la denuncia de Levin.

El documento sellado por la Fiscalía Anticorrupción también sostiene "que detrás de las actividades de este grupo de parientes y amigos íntimos se ha estructurado un grupo de empresas en el que se podría estar invirtiendo dinero producto de contratos con el Gobierno. Por ello, pedimos al Ministerio Público investigar los beneficiarios finales del restaurante Tomillo, ubicado en el Casco Antiguo, y los de la cadena de comida rápida Buco Pollo, ubicados en Marbella y San Francisco".

"Solicitamos al Ministerio Público investigar la adquisición de varias propiedades de playa en el proyecto La Mare, en Punta Barco. De acuerdo con información recabada: tanto Raúl Sandoval como su compañero de labores Rafael Flores habrían comprado una casa de playa, cada uno, en este proyecto", solicitó el denunciante.

Establece el documento de la denuncia que el proyecto La Mare es promovido por el hermano de Raúl Sandoval, Roberto Sandoval, y cada residencia de estas puede estar comercializándose entre $400 mil y $500 mil.

"A esto se suman dos carros Mercedes Benz por un valor de 150 mil dólares cada uno, y un apartamento en Punta Pacífica, en el edificio Aquilina, valorado en 1 millón de dólares. Todos adquiridos en los últimos años o durante la administración Varela. Este precio estaría fuera del alcance financiero de Raúl Sandoval, ya que su salario en la Presidencia es de 6,000 dólares mensuales", sostiene el denunciante.

Cinco días después de la denuncia, Sandoval trató de justificar parte de sus bienes.

En un comunicado, Sandoval dijo que en su momento ejercerá el derecho a defenderse legalmente ante las insinuaciones sin fundamento del denunciante y de quienes mediaticen un tema basado en calumnias y agregó que es objeto de 'ataques falsos, con motivaciones mediáticas' que se hacen eco de una denuncia temeraria interpuesta por una persona que no aclara para quién trabaja.

Según Sandoval, los bienes de su propiedad están sustentados en créditos bancarios con sus respectivos plazos de pago a 20 y 30 años y fueron adquiridos durante su trayectoria laboral en el sector privado y público.

En su momento, la procuradora Porcell guardó total silencio sobre la denuncia contra Sandoval.

Por el contrario, cuando se presentó la denuncia, en junio de 2018, el denunciante advirtió que personas del Consejo de Seguridad hicieron un operativo en los alrededores de su residencia para preguntar directamente por él. En ese entonces, Montero denunció públicamente que estaba siendo perseguido por estamentos de seguridad del gobierno de Varela y que hacía responsable de lo que le sucediera a Sandoval.

Las acciones para callar los medios de Epasa han sido revividas en el actual Gobierno de Lauretino Cortizo y José Gabriel Carrizo, una vez con la intención de apagar las críticas en su contra.