Los diputados mostraron su poder hasta el último día del gobierno de Juan Carlos Varela
Quedó pendiente la ratificación de Luis Fernando Tapia como magistrado de la CSJ, el nombramiento de María Eugenia Pérez como fiscal electoral, los nombramientos de Roberto Roy, entre otros.
- José Chacón
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- - Actualizado: 27/6/2019 - 06:00 am
A pesar de que el presidente Juan Carlos Varela convocó a sesiones extraordinarias donde se debían discutir 12 temas, los diputados decidieron dejar de asistir al Pleno por falta de consenso.
Según el artículo 93 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esa institución: "las sesiones serán ordinarias, extraordinarias, judiciales o especiales y el cuórum estará constituido por más de la mitad de los miembros de la Asamblea Legislativa".
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Sin embargo, el primer día de debate de las sesiones extraordinarias, solo 27 de los 71 diputados asistieron al llamado. Y luego de tres semanas, menos de la mitad de los diputados acudieron al llamado diario.
Yanibel Ábrego, la presidenta del Órgano Legislativo, declaró que no irían al palacio Justo Arosemena porque sus colegas no lograron ponerse de acuerdo en las propuestas del Ejecutivo.
Desde el 27 de mayo hasta la fecha que se estuvieron reuniendo apenas aprobaron tres de los 12 puntos en agenda.
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Ernesto Cedeño culminó explicando que en la agonía del gobierno de Juan Carlos Varela no hay voluntad política de parte de los diputados para debatir en sesiones extraordinarias y que no hay un instrumento que obligue al diputado a acudir al hemiciclo. "No se va aprobar nada porque no hay voluntad política para ello".
En el tintero quedaron los nombramientos de Luis Antonio Camargo, como magistrado suplente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; de Katia del Carmen Di Bello Becerra como magistrada suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, y de Judith Esther Cossú, como magistrada suplente de la Sala Primera de lo Civil.
Todas esas acciones de parte de los diputados generan debate y la pregunta de cajón es ¿quién los fiscaliza o quién está pendiente de la asistencia y si esas ausencias son provocadas por razones políticas u otros factores?
El abogado Ernesto Cedeño declaró que no existe entidad jurídica para penar a los parlamentarios que dejen de ir a las sesiones extraordinarias. Añadió que administrativamente se contabiliza qué diputado no asiste, pero que por ello no hay sanción.
"No hay un ente fiscalizador que lleve la secuencia de las ausencias de los diputados, por supuesto que administrativamente ven aquellas inasistencias, pero la verdad, no hay a nivel de junta directiva la facultad jurídica para establecer sanciones a los diputados que no van", expresó Ernesto Cedeño.
Pero aparte del ausentismo, la falta de voluntad política es lo que ha generado que las sesiones extraordinarias fracasaran, aseguró Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio de Abogados.
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"No le veo ningún futuro, sencillamente, porque ya el Gobierno está terminando prácticamente en el aspecto de organización política y de designaciones".
Rodríguez agregó que el llamado que hizo el mandatario fue errático y que las designaciones que deseaba que le aprobaran debió dejárselas a la próxima administración.
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"Además de imprudentes fueron inoportunas, porque cuando uno está a escasos días de terminar un mandato, lo que debe hacer es coordinar para que el próximo Gobierno reciba lo que está pendiente, lo que se pretende realizar a corto y largo plazo".
Pero la sociedad civil tiene otra perspectiva. A juicio de Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), la obligación de los diputados es cumplir con el trabajo para el que fueron elegidos: debatir y discutir leyes.
"Tienen un compromiso con los ciudadanos que votaron por ellos de trabajar hasta el 30 de junio de 2019, es un contrato de trabajo y tienen que cumplirlo".
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Pero Ernesto Cedeño refuta la opinión anterior: "No hay obligación de ir a esas sesiones extraordinarias, ya se le venció el periodo y ya la Asamblea tomó una decisión, de que políticamente no le va a dar pie a esas propuestas del Ejecutivo.
De los 12 puntos por debatir solo se aprobó el primer proyecto que crea el bono extraordinario para pensionados y jubilados.
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