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	<title>Panamá América</title>
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    <description>Panama America</description>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Dictan detención provisional para presunto reclutador de mercenarios panameños; él asegura que solo es un taxista]]></title>
		<author><![CDATA[Ciudad de Panamá| EFE| @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[El imputado negó las acusaciones, aseguró que sólo es un taxista que prestó el servicio de transporte y que los reclutadores están en Rusia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Un ciudadano panameño acusado de reclutar jóvenes para la guerra de Rusia contra Ucrania quedó en detención provisional este sábado bajo el cargo de trata de personas, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
El hombre, de 70 años de acuerdo con datos de la prensa local, fue aprehendido el jueves pasado en el principal aeropuerto de Panamá durante un procedimiento en el que dos jóvenes señalados por las autoridades como víctimas fueron rescatados.
Durante la audiencia judicial celebrada este sábado, la Fiscalía logró la legalización de una serie de diligencias de vigilancia y seguimiento, incautación de datos y la aprehensión en flagrancia, todas estas solicitudes aceptadas por el tribunal, además de darse por formulada la imputación, indicó un comunicado oficial.
Medios locales informaron que la Fiscalía aseguró durante la audiencia judicial que a las víctimas se les ofrecía un salario mensual de 3.000 dólares y un bono de 70.000 dólares pagadero tras su participación en el conflicto bélico.
El imputado, por su parte, negó las acusaciones en su contra, aseguró que sólo es un taxista que prestó el servicio de transporte, que los reclutadores están en Rusia.
La Fiscalía de Panamá informó el martes que abrió cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que recibieron ofertas de empleo en el extranjero y terminaron en la guerra de Ucrania, en la que al menos un nacional del país centroamericano ha muerto, según el Gobierno.
El vicecanciller panameño, Carlos Guevara Mann, confirmó que tiene registrados 24 panameños relacionados con la guerra, 19 asociados a las fuerzas rusas y cinco a las ucranianas.
El Gobierno de Panamá ha pedido a los panameños cautela ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas con el reclutamiento para la guerra.
Según los testimonios de familiares y de antiguos comandantes de la fuerza pública de Panamá, hay casos de panameños que se han enrolado voluntariamente, pero también de otros que han llegado al frente bajo engaños. 
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		<autoria>local</autoria>
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  <item>
		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Tras emergencia con  fiscal, piden paramédico  para el SPA de Plaza Ágora; cientos se descompensan en audiencias]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[De acuerdo con Singh, el paramédico permitiría un rápido accionar cuando en medio de las audiencias las personas necesitan atención médica.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El abogado Omar Singh hizo un llamado para que se incorpore un paramédico a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, debido al caudal de personas que utilizan las instalaciones y que enfrentan complejas situaciones que inciden en la salud.
En este sentido, el letrado narró la situación vivida recientemente por un fiscal, quien sufrió una emergencia médica y tuvo que esperar por más de una hora por la ambulancia.
"Esta semana, a un fiscal, saliendo de una audiencia le dio un paro cardiaco. Los fiscales rodearon al colega y no puede ser que con tanto presupuesto que tiene la corte y el Ministerio Público, tenga que quedarse un funcionario esperando una ambulancia, no puede ser", expuso Singh.
También mencionó el caso ocurrido la semana pasada, cuando una jueza tuvo que interrumpir la audiencia porque el imputado se descompensó y la ambulancia con el personal de emergencia tardó para llegar a Plaza Ágora.
El jurista ironizó con respecto a que en las ligas de barrios se les exige tener un paramédico y el SPA no cuenta con el suyo.
"Se les está haciendo un llamado de atención, hay miles de personas afuera que cuando tienen un resultado adverso y quedan en detención provisional, allí les da un faracho", comentó.
De acuerdo con Singh, el paramédico permitiría un rápido accionar cuando en medio de las audiencias las personas necesitan atención médica.
Además advirtió que aunque las personas hayan delinquido tienen derecho a recibir atención de manera oportuna.
"Dirán que nadie los manda a delinquir pero es que el estado debe proveer la salud al ciudadano independientemente de su delito. Seamos justos, tanto que hablamos de dignidad humana. Con eso nos quitamos el peso de que muera una persona en una audiencia", recalcó.
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		<autoria>local</autoria>
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  <item>
		<category>Política</category>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[CSJ reconoce prima de antigüedad para todos los servidores públicos: es un derecho, no un "bono de confianza"]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 241 de 2021, garantizando el cobro de la prima de antigüedad a toda la planilla estatal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha declara inconstitucionales las disposiciones de la Ley 241 de 2021 que excluían a diversos grupos de servidores públicos del cobro de la prima de antigüedad.
La decisión del Pleno anuló nueve de los diez numerales del artículo 1 de dicha legislación, al concluir que las excepciones contenidas en la norma violaban los principios constitucionales de igualdad y no discriminación en el trabajo.
Un derecho al trabajo y no un privilegio político
El punto medular de la resolución radica en la redefinición de la naturaleza jurídica de esta prestación. Con su fallo, la Corte  reconoció que la prima de antigüedad no constituye un "bono de confianza" ni un beneficio sujeto a la categoría del cargo, sino una retribución económica inherente al tiempo de servicio prestado.
El tribunal enfatizó que este beneficio forma parte de las garantías laborales protegidas tanto por la Constitución Política de la República de Panamá como por los tratados internacionales de derechos humanos y laborales.
Bajo este criterio, no existe justificación válida para discriminar o excluir a un trabajador estatal únicamente por la forma en que fue nombrado o por la jerarquía que ocupa.
Alcance del fallo: ¿A quiénes beneficia la decisión?
La resolución amplía la cobertura del beneficio a la totalidad de la planilla estatal, independientemente de si los cargos son de carrera, de libre nombramiento y remoción, o de elección popular.
Entre los cargos beneficiados destacan: Presidente de la República, ministros y viceministros. Así como a las autoridades escogidas por elección popular: Diputados, alcaldes y representantes de corregimiento.
La decisión de la Corte favorece al personal de dirección y confianza, entre ellos secretarios generales, secretarios ejecutivos, directores, subdirectores y personal de apoyo inmediato, y entidades con participación estatal como gerentes y subgerentes de sociedades anónimas donde el Estado posea participación mayoritaria en el capital social.
De acuerdo con lo resuelto por el Pleno, la única excepción que se mantiene dentro del aparato estatal (correspondiente al numeral 9 que no fue anulado) es el personal contratado bajo la modalidad de consultoría al amparo de la Ley de Contrataciones Públicas.
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		<link>https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/csj-reconoce-prima-de-antiguedad-para-todos-los-servidores-publicos-es-un-derecho-no-un</link>
		
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  <item>
		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Extraditan a &#039;El Abogado&#039;, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Valencia ejercía presuntamente un rol de liderazgo dentro de la estructura investigada, vinculada a múltiples hechos de violencia en el territorio nacional.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Las autoridades panameñas custodiaron la llegada al país de Jean Carlos Valencia Escobar, tras concretarse su proceso de extradición desde el Reino de España. 
El procesado es requerido por la justicia panameña por su presunta vinculación con estructuras del crimen organizado y el pandillerismo.
Valencia Escobar es requerido en el marco de la «Operación Bagdad Santa Eduviges» —desarrollada el pasado 22 de mayo de 2026 como una derivación de la «Operación Combate»—, cuyo objetivo primordial residía en la desarticulación de una presunta célula de la agrupación criminal "Bagdad" asentada en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen. 
En dicha acción policial se logró la aprehensión de siete personas, entre ellas el individuo conocido con el alias de “Rungito”. Fuentes oficiales señalan que la extradición de Valencia representa una de las capturas clave en el desarrollo de la causa.
De acuerdo con los señalamientos del Ministerio Público, Valencia Escobar, conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de “El Abogado”, ejercía presuntamente un rol de liderazgo dentro de la estructura investigada, vinculada a múltiples hechos de violencia en el territorio nacional.
Entre los eventos constitutivos del expediente destaca el homicidio de uno de los hijos de crianza de César Caicedo, caso en el cual las investigaciones sitúan a Valencia como el presunto autor intelectual. Las hipótesis del Ministerio Público sugieren que este crimen detonó una serie de acciones violentas posteriores, entre las que figura el asesinato de un hermano del propio imputado.
El caso ha generado atención pública debido al perfil profesional del procesado, quien según las autoridades es abogado de profesión y sería el propietario de un bufete.
El caudal probatorio presentado por los estamentos persecutores incluye informes de seguimiento y vigilancia, intervenciones telefónicas autorizadas, diligencias de agentes encubiertos y diversos actos de investigación con los que la fiscalía busca acreditar la vinculación del imputado con la organización criminal.
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		<link>https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/extraditan-el-abogado-presunto-cabecilla-de-la-pandilla-bagdad-santa-eduviges-1264658</link>
		
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  <item>
		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Presunta testaferro de la &#039;Mafia Filipina&#039; recibe medida de casa por cárcel]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La imputada permanecerá en su residencia bajo estricta supervisión de la policía.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La joven Italis Suita Talavera fue puesta a disposición de las autoridades judiciales tras su arribo a territorio nacional en un vuelo procedente de España. 
Suita era requerida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, bajo la modalidad de testaferrato.
Según las pesquisas adelantadas por el Ministerio Público, a Talavera se le vincula presuntamente como testaferra de una estructura criminal denominada "Mafia Filipina" o "Los Elefantes", con radio de acción en el corregimiento de Bethania y otros puntos del área metropolitana. 
Las investigaciones  señalan que la presunta dirección de dicha organización recaía en el padrastro de la hoy imputada.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la representación legal de la defensa, a cargo de la abogada Kathy Ramos, sostuvo la inexistencia de riesgos procesales de consideración, solicitando una medida cautelar distinta a la privación de libertad.
Tras ponderar los argumentos expuestos por las partes, la jueza de garantías Marisol Ortiz dio por formulada la imputación de cargos, al determinar que, en la fase actual del proceso, la investigada no ha acreditado el origen lícito de diversos bienes y operaciones comerciales señalados por el órgano persecutor.
En cuanto a la definición de la medida cautelar, el tribunal resolvió decretar el arresto domiciliario con custodia policial continua, disponiendo que la imputada permanezca en su residencia bajo estricta supervisión de los estamentos de seguridad.
Con la formalización de la imputación, se apertura formalmente la etapa procesal de investigación por un plazo de seis meses, periodo en el cual la fiscalía y la defensa técnica deberán acopiar los elementos de convicción dirigidos a acreditar o desestimar la vinculación de los activos e iniciativas comerciales con actividades de la delincuencia organizada.
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		<link>https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/presunta-testaferro-de-la-mafia-filipina-recibe-medida-de-casa-por-carcel-1264653</link>
		
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		<autoria>local</autoria>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Pandora: la cronología del fraude que burló a la DGI]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[Los presuntos implicados anulaban los pagos de las empresas, convirtiéndolos en "créditos fiscales" para luego venderlos a terceros. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) realizaron en conjunto el pasado 8 de julio una serie de allanamientos en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Coclé para dar con la captura de los presuntos implicados en un caso de blanqueo de capitales; sin embargo, para la población aún era desconocido que la denominada Operación Pandora daba inicio a la desarticulación de una supuesta red criminal dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) que se estima causó un perjuicio al Estado de más de 40 millones de dólares a través de la manipulación de créditos fiscales.
Dichas diligencias permitieron la aprehensión de 16 personas (9 servidores públicos, 1 exfuncionario y 6 particulares) señaladas por presunta corrupción, asociación ilícita para delinquir y falsedad, delitos que, según la investigación, habrían cometido por cuatro años. Ayer, jueves, un hombre de 41 años se entregó al MP, para un total de 17 detenidos.
Modus Operandi
El esquema, que comenzó en 2022, consistía en que, una vez las empresas cancelaban sus obligaciones tributarias, funcionarios con acceso al sistema informático e-Tax 2.0 anulaban sus registros, convirtiéndolos en "créditos fiscales", es decir, saldos a favor del contribuyente frente a la DGI, que luego eran vendidos a terceros.
Primeras irregularidades
Aunque todo parece indicar que estas irregularidades pasaron desapercibidas, no fue así; las primeras señales de alerta se dieron el mismo año que iniciaron. La entidad recibió varias denuncias por modificaciones de datos que derivaron en una revisión administrativa que, si bien contribuyó al caso, no puso fin a la presunta estructura delictiva.
Alerta de funcionarios
Los señalamientos continuaron en 2023 de la mano de los propios funcionarios de la DGI que advertían de posibles resoluciones adulteradas relacionadas con incentivos fiscales, por lo que se presentó una denuncia formal ante el MP.
Medidas
Al año siguiente, se detectó un aumento en las solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales, lo que ocasionó la suspensión de trámites en proceso y la adopción de nuevas normativas de aprobación; todos debían pasar el filtro de dirección para su validación.
Auditoría interna
Sin embargo, las anomalías continuaron; por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en octubre de 2025, solicitó una auditoría interna al manejo de estos créditos que abrió la caja de Pandora, confirmando que los controles y la debida diligencia de la entidad no habían sido suficientes para evitar que presuntamente algunos de sus funcionarios, en colaboración con particulares, anularan pagos realizados en años anteriores, utilizaran los trámites de subsanación para liberar créditos y emitieran saldos a favor de otras compañías.
Autoevaluación
La DGI, ante dicho escenario, emitió un comunicado el 17 de septiembre solicitando a los contribuyentes vinculados a cesiones de créditos, pagos en exceso o créditos no aplicados realizar una autoevaluación de su estatus tributario.
"Esta medida tiene como finalidad garantizar que los actos jurídicos se ejecuten en estricto cumplimiento de la normativa vigente, previniendo prácticas que puedan derivar en fraude, simulación, falsedad documental u otras irregularidades que comprometan la legalidad del proceso y los intereses del Estado", expresó, en su momento, la institución, reiterando su facultad para revocar o declarar la nulidad de actos administrativos relacionados con cesiones de créditos cuando existan elementos que afecten su validez legal y representen un riesgo para el Tesoro Nacional.
Investigación
Los hallazgos de la auditoría fueron remitidos al MP, que asignó inicialmente el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, pero al detectar que se trataba de una presunta estructura criminal, lo trasladó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Audiencia
Durante la audiencia que duró tres días, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, impuso la medida de detención preventiva a 12 de los supuestos involucrados y decretó detención domiciliaria contra otros dos debido a "padecimientos de salud y avanzada edad".
Pese a que se legalizó la aprehensión de las 16 personas puestas a órdenes de las autoridades, Pérez solo pudo imputar cargos contra 14 porque dos de los detenidos sufrieron afectaciones médicas durante la audiencia que motivaron su traslado a hospitales.
Apelación
Algunos de los abogados defensores mostraron su desacuerdo con las medidas decretadas por la jueza, razón por la que anunciaron el recurso de apelación que deberán sustentar el próximo 3 de agosto, desde las 8:30 de la mañana, en el Tribunal Superior de Apelaciones ubicado en Plaza Fortuna.
Dudas pendientes
Mientras tanto, continuarán las indagaciones para conocer quién o quiénes están detrás de esta estructura, cuáles fueron las empresas beneficiarias y a cuánto asciende realmente la lesión patrimonial contra el Estado.
La manipulación de créditos fiscales, además de lesionar la confianza en la institución, incide en la imagen del país a nivel internacional; por ello, la ciudadanía espera sanciones severas para quienes resulten responsables de estos delitos.

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		<autoria>local</autoria>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:15:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[MEF congela créditos fiscales tras detectar irregularidades en la DGI]]></title>
		<author><![CDATA[Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[El ministro Chapman, explicó que se trata de un esquema que habría operado durante varios años, logrando evadir los controles establecidos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Después de revelar la existencia de supuestas irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que motivó la adopción de acciones urgentes para proteger los recursos públicos.
En consecuencia, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que se trata de un esquema que habría operado durante varios años, logrando evadir los controles establecidos.
Según Chapman, este mecanismo cooptó funcionarios y burló el sistema heredado, pero subrayó que ahora corresponde enfrentarlo con firmeza y resolverlo de manera transparente.
Por tal motivo, se ordenó la separación inmediata de los servidores vinculados a la investigación, además del congelamiento de trámites relacionados con créditos fiscales bajo sospecha.
De igual manera, el ministro dijo que solicitó personalmente al Contralor General de la República, Anel Flores la realización de una auditoría integral para esclarecer lo ocurrido y detectar vulnerabilidades en los controles.
Asimismo, destacó que las investigaciones se llevan a cabo con respeto al debido proceso, advirtiendo que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia.
Chapman recalcó que Panamá cuenta con instituciones y profesionales capaces de identificar irregularidades, actuar con determinación y fortalecer sus sistemas de control.
 
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