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	<title>Panamá América</title>
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    <description>Panama America</description>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Ejecutivo analiza permanencia de reos en Coiba y cuestiona críticas de ambientalistas ]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[El próximo 1 de julio se anunciarán las medidas a tomar para reformar el sistema carcelario en el país. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La permanencia de 29 reos de alto perfil en la base del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en Isla Coiba podría ser una posibilidad; la instalación, según el Ejecutivo, a diferencia del resto de penales del país, está totalmente aislada de la urbe y sin conexión a internet, lo que evitaría la coordinación de actos delictivos y estafas en perjuicio del resto de la población.
El mandatario José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa, aseguró que el traslado se hizo por razones de seguridad nacional y cuestionó a quienes critican la acción por considerar que pone en riesgo el patrimonio cultural que representa la isla.
Mencionó que durante su gestión como ministro de Seguridad se consultó a distintas agrupaciones ambientalistas para tomar una decisión sobre la construcción de dicha base y se llegó a la conclusión de que no representa un peligro para el ambiente porque no está ubicada en el perímetro del parque nacional.
"No se ha construido un pabellón nuevo, simplemente se ha adaptado; estos presos no están sueltos por la isla, están detenidos en el centro del SENAN; esto es por seguridad nacional, no hay ningún daño ecológico", dijo.
Reiteró que es respetuoso de todas las críticas, pero le resulta extraño que quienes cuestionan la medida no se hayan pronunciado con la misma intensidad ante el daño causado por los migrantes a la selva del Darién; por tanto, espera que sus declaraciones no sean para favorecer a estos delincuentes, pues, si bien tienen derechos, por encima se encuentran las garantías de las víctimas que fueron agraviadas con sus actos.
"El Estado paga la luz de las cárceles y eso no es para que estos reos carguen la batería de su celular para estafar o comandar pandillas afuera de la cárcel; el buen panameño suda por pagar su cuenta de luz y los presos, que la tienen gratis, la usan para joder a quienes les pagan su comida y su luz", puntualizó.
El presidente adelantó que el próximo 1 de julio, durante su discurso a la Nación, anunciará la medida a tomar para reformar el sistema carcelario en el país, destacando que se necesitan acciones "duras" como las impuestas en otros países.
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:15:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Mulino: La fuga demuestra que el sistema &#039;falló&#039; en complicidad con los funcionarios ]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[Alrededor de 17 reos siguen prófugos. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El presidente José Raúl Mulino se refirió finalmente a la fuga de casi 200 privados de libertad del centro penitenciario La Joyita el pasado 1 de enero, reconociendo que lo sucedido demuestra que el modelo carcelario panameño colapsó producto de la complicidad entre custodios y delincuentes.
"La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado (el sistema) en las narices de funcionarios que por acción u omisión lo permitieron; todo eso entró por la puerta, con la complicidad de lo que están cuidando la puerta", subrayó.
Aseguró que su prioridad es recapturar a los 17 reos que aún siguen evadidos y encontrar a los responsables de que esta fuga se diera, pues no habrá protección legal ni política para nadie; sin embargo, tampoco entregará a la ciudadanía "cabezas" para buscar responsables que no solucionarán el problema de fondos.
Las investigaciones, según Mulino, seguirán su curso para tomar las acciones correspondientes; no obstante, ya se han realizado varias desvinculaciones de guardias y jefes de seguridad dentro del sistema penitenciario.
 
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Juez decreta detención provisional para imputado por homicidio doloso y asociación ilícita en Pedregal]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la medida cautelar de detención provisional para un hombre de 29 años, imputado por los presuntos delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir. La decisión judicial está vinculada con el asesinato de un joven ocurrido el pasado mes de marzo en el corregimiento de Pedregal.
La medida cautelar fue dictada por el juez de garantías Mike Zúñiga Rodríguez durante una audiencia de control realizada este miércoles 17 de junio de 2026. El juzgador determinó que la detención provisional es una medida necesaria, idónea y proporcional, tomando en cuenta la gravedad de los delitos que se mantienen bajo investigación en la jurisdicción penal.
De acuerdo con el dictamen del tribunal, existen riesgos procesales críticos que justifican la privación de libertad del imputado. Entre los factores evaluados destacan el peligro latente para la comunidad, la seguridad de las víctimas y sus familiares, así como la posibilidad de que el investigado afecte o destruya elementos probatorios determinantes para el caso.
Asimismo, la fiscalía enfatizó que el sujeto fue señalado directamente por dos personas como el presunto autor de las detonaciones, añadiendo que las armas de fuego utilizadas en el hecho de sangre aún no han sido ubicadas por los brazos auxiliares de la justicia.
Admisión de cargos y antecedentes del suceso violento
Durante el desarrollo del acto oral, el juez Zúñiga Rodríguez legalizó la aprehensión del ciudadano de 29 años y admitió la formulación de cargos presentada por la fiscal Liriam Maribel Hidalgo, en representación del Ministerio Público. En la diligencia también participaron el querellante particular Ates Eduardo Cedeño y el defensor público Daniel Batista, encargado de la representación legal del indiciado.
La presente investigación penal tuvo su génesis en el homicidio de un joven perpetrado el 26 de marzo de 2026 en el sector conocido popularmente como “El Hueco”, ubicado en la comunidad de El Nazareno, dentro del corregimiento de Pedregal. Con la validación de la imputación, el Ministerio Público contará con el término legal correspondiente para profundizar en la recopilación de evidencias y peritajes técnicos con miras a la siguiente fase del proceso judicial.
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:30:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Presentan denuncia penal contra exdirector de Seguridad Penitenciaria]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Presentan denuncia penal contra el comisionado Luis García ante la Procuraduría por supuesto abuso de autoridad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Una denuncia penal fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación en contra del comisionado Luis García, exdirector de Seguridad Penitenciaria por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La acción legal guarda relación con actuaciones que, según el documento presentado, habrían ocurrido el pasado 1 de junio de 2026 durante el motín y posterior fuga de 195 reos del Centro Penitenciario La Joyita.
Responsabilidad de mando bajo la lupa judicial
Al momento en que se registraron los hechos violentos en el complejo carcelario ubicado en Panamá Este, el comisionado García se desempeñaba como la máxima autoridad de seguridad de dicha instalación. Posteriormente fue destituido de cargo.
El caso fue presentado ante las autoridades competentes, que deberán evaluar los elementos aportados para determinar los pasos a seguir dentro de la investigación. 
Hasta el momento, los estamentos de seguridad no han informado si el comisionado Luis García ya compareció ante el Ministerio Público o si ha procedido a la designación de un equipo de defensa técnica para hacer frente a los señalamientos en su contra.
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				<origen>impreso</origen>
		<autoria>local</autoria>
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  <item>
		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Reprograman audiencia y validan acuerdo de pena de 60 meses en caso “Operación Fuego”]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Caso Operación Fuego en Panamá: Juez dicta condena de 60 meses de prisión reemplazada por trabajo comunitario y reprograma audiencia por fallas de conexión.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Una audiencia ligada al caso "Operación Fuego" fue reprogramada este lunes debido a fallas técnicas que imposibilitaron establecer la conexión virtual con varios de los imputados recluidos en el Centro Penitenciario de Colón.
La diligencia judicial guarda relación con la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, en perjuicio de la sociedad panameña.
Validación de acuerdo de pena y condena sustitutiva
A pesar del aplazamiento de la audiencia principal, el juez Bonilla validó un acuerdo de pena consensuado entre la fiscal Kiara González, en representación del Ministerio Público, y el abogado defensor particular Marck Anthony Lowe. 
Mediante la Sentencia N.° 1044, una de las ciudadanas imputadas fue declarada penalmente responsable del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y condenada formalmente a 60 meses de prisión.
No obstante, el tribunal autorizó que la pena privativa de libertad fuera reemplazada por la medida de trabajo comunitario, la cual la sentenciada deberá cumplir de forma obligatoria en las instalaciones de la Junta Comunal de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.
Como pena accesoria, el dictamen ordenó el comiso de $5,068.34 que serán consignados directamente al Tesoro Nacional, además de disponer la devolución de varios teléfonos celulares vinculados al expediente.
Sobreseimiento definitivo y antecedentes de las capturas
Durante el mismo acto judicial desarrollado este lunes, el juzgador admitió una solicitud de sobreseimiento presentada por la fiscalía a favor de otro de los investigados por el presunto delito de blanqueo de capitales. 
Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto todas las medidas cautelares personales que pesaban sobre el ciudadano, ordenó el archivo definitivo de la causa en lo que respecta a su participación y dispuso la entrega formal de sus evidencias.
¿Qué fue “Operación Fuego”?
La investigación de la denominada “Operación Fuego” se remonta al 24 agosto de 2022, fecha en la que los estamentos de seguridad lograron la aprehensión de 41 personas presuntamente vinculadas a redes de recepción de sustancias ilícitas mediante operativos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. 
Entre los procesados originales de este caso figuran el hermano y la esposa de Eduardo Macea Alonso, alias "Marshall", quien recibió un condena de 15 años de cárcel  por la comisión del delito de posesión agravada de drogas. En su momento fue investigado en una treintena de crímenes y trasladado a Punta Coco.
En esta causa también fueron aprehendidas médicos, trabajadores portuarios, un representante de corregimiento y una unidad policial.
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		<link>https://www.panamaamerica.com.pa/judicial/reprograman-audiencia-y-validan-acuerdo-de-pena-de-60-meses-en-caso-operacion-fuego-1262770</link>
		
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				<origen>impreso</origen>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[SPA: El abismo entre la ley  y la percepción ciudadana]]></title>
		<author><![CDATA[Cristabel Escala | cescala@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Mientras este sistema prioriza la presunción de inocencia y la división de roles, la desinformación alimenta la desconfianza de la población.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Para muchos ciudadanos, la justicia parece no llegar cuando una persona acusada de un delito recibe medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Esta percepción ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio, un modelo cuya implementación escalonada inició el 2 de septiembre de 2011 con el fin de garantizar procesos más transparentes, eficientes y respetuosos de los derechos de las partes, pero que hoy continúa siendo objeto de debate entre especialistas y la ciudadanía.
La normativa vigente de este sistema establece que la privación de libertad en la etapa inicial es una medida excepcional y de último recurso, priorizando alternativas como el reporte periódico o el impedimento de salida del país.
Separación de roles
Según el abogado Basilio González, el principal cambio que introdujo el SPA fue la oralidad, que desplazó al sistema escrito, y la estricta separación de funciones. "El Ministerio Público no puede realizar actos jurisdiccionales y el Órgano Judicial no puede hacer actos de investigación", precisó González, quien sostuvo que los mayores logros de este modelo son, precisamente, esa delimitación de roles y la agilización de los procesos judiciales.
Sin embargo, con este modelo, la ciudadanía tiene la percepción de que los delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra". El jurista entiende esta preocupación, pero al mismo tiempo sostiene que la situación debe evaluarse en su justa dimensión, advirtiendo que no se puede generalizar el comportamiento del sistema por casos aislados.
Al respecto, el abogado explicó que en delitos graves como narcotráfico, robo agravado, violación, homicidio o pandillerismo en flagrancia, no debería existir justificación para otorgar libertades.
No obstante, argumentó que existen escenarios donde los fiscales presentan imputaciones con investigaciones debilitadas y sin suficientes elementos de convicción. En esos contextos, al no demostrarse riesgos procesales reales, los jueces de garantías se ven obligados legalmente a decretar la libertad del señalado.
Para el letrado, señalar al Órgano Judicial por deficiencias que competen a la fase de investigación del Ministerio Público (MP) genera un daño estructural al sistema. Por esta razón abogó por fortalecer la capacitación técnica de los fiscales en materia del debido proceso y la objetividad.
El mito de la cárcel
Por su parte, el sociólogo Paúl Córdoba manifestó que cuando la población percibe un incremento en la frecuencia de los delitos, tiende a evaluar de forma negativa el desempeño del SPA, independientemente de las estadísticas reales. Desde la perspectiva sociológica, Córdoba señaló que la asociación directa entre justicia y cárcel responde a un arraigo cultural de carácter estrictamente punitivo.
Tras décadas en las que la privación de libertad fue promovida como la única respuesta estatal ante el delito, la ciudadanía asumió que una sanción solo es efectiva si implica encarcelamiento.
Esta premisa simplifica el fenómeno criminal y choca con los modelos modernos de justicia orientados a la reparación del daño y la reinserción social.
González señaló que nadie se toma el tiempo de explicar cómo funciona este sistema, argumentando que los medios de comunicación que están llamados a informar muchas veces desinforman y crean confusión en el ciudadano común.
Esta postura es compartida por el sociólogo, quien sostiene que la desinformación es un factor clave que alimenta la idea de impunidad, ya que con frecuencia se difunden casos aislados sin el contexto legal adecuado o se le atribuyen al SPA decisiones que en realidad corresponden a vacíos normativos o a los propios operadores de justicia.
Herida social
Desde el ámbito de la salud mental, la psicóloga Laura Pinnock explicó que transitar por la vía judicial penal genera una profunda sacudida emocional, psicológica y financiera.
Detalló que el delito despoja al individuo del control sobre su propia seguridad, por lo que la víctima busca que el sistema reconozca su sufrimiento y que el agresor asuma la responsabilidad.
De acuerdo con Pinnock, si el sistema falla en castigar un delito grave, el cerebro interpreta que cualquier ciudadano puede ser la próxima víctima, lo que activa una ola de rabia comunitaria debido a la falta de amparo institucional.
Finalmente, la psicóloga advirtió que la percepción de impunidad actúa como un trauma psicosocial crónico que desmantela el tejido emocional. Esto ocurre especialmente en las comunidades de estratos bajos, donde refranes populares como "el hijo de la cocinera siempre paga aunque sea inocente y el adinerado no" reflejan la desigualdad ante la ley y una herida colectiva de discriminación estructural. Si el sistema legal es percibido como corrupto e ilegítimo, la ley deja de ser el referente del bien y del mal.

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