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    <description>Panama America</description>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Preparan denuncia contra Ismael Pittí y sus padrinos por supuesto peculado]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[El abogado Roniel Ortiz sostiene que el testigo protegido del caso Pinchazos fue favorecido por sus declaraciones fundamentadas en "lo que le dijo un amigo".  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Los ascensos irregulares de Ismael Pittí, testigo protegido del caso Pinchazos, según el abogado Roniel Ortiz, fueron financiados por el Estado para "torcer" la justicia en perjuicio de las necesidades de los ciudadanos; por ello, presentará una denuncia contra quienes, hasta el año 2023, sufragaron este esquema de peculado.
Pittí, identificado en el expediente como 8430145, devengaba un salario de más de 10 mil dólares tras "mentir" sobre un hecho en el que no tuvo incidencia porque en su relato inicia diciendo que "un amigo le contó" que desde el Consejo de Seguridad estaban interviniendo las conversaciones telefónicas de varias personas; no dijo que tenía pruebas, tampoco que presenció ninguna de las supuestas intromisiones, pero las autoridades le dieron validez a su testimonio.
"A todos los voy a querellar porque eso se llama peculado, jugaron con la plata del Estado", subrayó.
El jurista afirmó que el salario del testigo protegido, nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Decreto de Personal No. 158, como agregado policial de la embajada de Panamá en Washington D. C., Estados Unidos, provenía de la Policía Nacional.
Durante este tiempo, Pittí fue favorecido con 11 nombramientos para asegurar sus "mentiras", hasta que el expresidente Laurentino Cortizo le ofreció en 2023 un puesto en Ecuador, pero fue rechazado.
Señaló que estas y otras irregularidades que rodean el caso deben ser investigadas por las autoridades, porque no es posible que una persona se haya prestado para afectar a terceros sin tener pruebas suficientes para comprobar la comisión del delito.
El nombre de Pittí ha vuelto a resurgir en la palestra pública por la entrega de su primo hermano, William Pittí, y Ronny Rodríguez, exfuncionarios del Consejo de Seguridad imputados por la supuesta inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad en el caso Pinchazos, y la demanda de la exdiputada Zulay Rodríguez contra el medio digital Foco, Mauricio Valenzuela y Annette Planells, en donde también deberá comparecer como testigo.
Kevin Moncada Luna, representante legal de la exdiputada, indicó que se le ha citado a Pittí para que explique cómo las personas antes mencionadas tuvieron acceso a una conversación privada entre su cliente y su esposo.
Reiteró que para la investigación es importante determinar cómo esta información llegó a las personas que administran el medio digital Foco, que después la hizo pública, transgrediendo la intimidad de la pareja.
"Ismael Pittí en una entrevista en el año 2017 dice que él pinchó a Zulay Rodríguez, entonces estamos pidiendo que declare porque hay que saber cómo estas conversaciones ilegales llegan a manos de Foco", expresó.
El letrado detalló que Pittí, de acuerdo con el registro migratorio, salió de Panamá en octubre del 2021 con destino a Washington y, hasta la fecha, no ha regresado, pero ello no impide que se solicite una asistencia internacional para que rinda su declaración.
La afectada, por su parte, espera que se le haga justicia porque, aunque el fiscal anterior archivó la causa por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar el delito, su reapertura evidencia que no hizo su trabajo; siempre hubo elementos para judicializar a los implicados.

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		<autoria>local</autoria>
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  <item>
		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 13:30:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Defensa de William Pittí y Ronny Rodríguez pide nulidad; se les ha violado al debido proceso]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Abogados han expuesto las delicadas situaciones a las que fueron sometidos sus defendidos durante la investigación.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La defensa de Ronny Rodríguez y William Pittí presentó un recurso de nulidad contra las diligencias realizadas por el Ministerio Público dentro del proceso que se les sigue por el caso Pinchazos, debido a que  se les violó el debido proceso.
Y es que de acuerdo con los abogados, la fiscalía no respetó el tiempo establecido para perfeccionar la investigación y tampoco pidió a la jueza autorización para continuar con  las diligencias. A tener en cuenta que la investigación comenzó el 29 de julio de 2014 y la fiscalía envió la vista fiscal con la petición de llamamiento a juicio el 13 de abril de 2015.
Las anomalías, igualmente, son notorias porque inclusive se hicieron pesquisas sin la presencia de un abogado.
Ya los letrados Roniel Ortiz y Alejandro Pérez, defensores de Rodríguez y Pittí, han expuesto las delicadas situaciones a las que fueron sometidos sus defendidos.
De hecho, en medio de la audiencia ordinaria la jueza tuvo que intervenir debido a que Ronny se derrumbó al recordar los atropellos.
"La (intervención) de Ronny fue un poco más emotiva toda vez que la jueza tuvo que mandarlo a tomar agua, le pidió que se calmara porque le podía dar un  algo producto de la  emoción que tuvo cuando se estaba expresando. Los dos fueron contestes en  advertir varias cosas", expuso Ortiz.
En este sentido dejaron claro que  decidieron presentarse de forma voluntaria para darle la cara a la justicia. Además revelaron que tenían amenazas en su contra.
Asimismo explicaron que estuvieron 11 años en la clandestinidad porque no confiaban en la Procuraduría de Javier Caraballo.
"No se sentían conforme con Javier Caraballo. Ellos decían que venirse a entregar en las manos de Caraballo era como una pena de muerte. Entonces tomaron la decisión,  tan pronto llegó un nuevo procurador,  de empezar a organizar la venida a Panamá y entregarse la justicia tal y como lo hicieron", añadió Ortiz.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá suspendió el acto de audiencia ordinaria que estaba previsto para el 29 de abril. En esta causa penal se tiene como fecha alterna para la realización de la audiencia ordinaria el viernes 22 de mayo, a las 9:00 a.m.
El extinto Juzgado Decimosexto de Circuito Penal de Panamá, mediante resolución n.º 90 de 28 de agosto de 2015, dictó auto de llamamiento a juicio contra estos dos exfuncionarios, los cuales mantienen la medida cautelar de detención preventiva en este proceso por supuestas interceptaciones telefónicas. 
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		<autoria>local</autoria>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 05:30:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Aprueban ley que castiga con cárcel el fraude de paternidad en Panamá]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La Asamblea aprueba penas de prisión para quienes engañen deliberadamente sobre la identidad biológica de un hijo.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El fraude de paternidad va camino de ser incorporado como un nuevo delito dentro del Código Penal de Panamá, tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley No. 510 en la Asamblea Nacional.
La iniciativa no busca una persecución indiscriminada, sino establecer un mecanismo disuasivo frente a una conducta que, según los legisladores, provoca graves consecuencias legales, económicas y morales.
La nueva normativa tipifica el delito de fraude de paternidad, el cual será sancionado con penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas que oscilan entre 100 y 500 días-multa.
El texto aprobado también introduce agravantes penales que pueden incrementar la pena entre una tercera parte y la mitad. Estas se aplicarán en situaciones como cuando el engaño se prolonga por más de cinco años, involucra a dos o más menores, o cuando el responsable obtiene un beneficio económico reiterado.
El proponente del proyecto, el diputado Jairo Salazar, destacó que Panamá carecía hasta ahora de una regulación “específica y sistemática” para abordar directamente este fenómeno.
De acuerdo con la norma, el fraude de paternidad se configura cuando un hombre es inducido, mediante engaño u ocultamiento deliberado, a reconocer como hijo a un menor que no es biológicamente suyo, asumiendo responsabilidades jurídicas, patrimoniales y afectivas que no le corresponden.
Durante el debate legislativo, los diputados subrayaron que esta conducta no debe confundirse con los procesos de impugnación de paternidad, ya que se trata de un acto doloso que trasciende el ámbito civil y adquiere relevancia penal debido a su impacto social.
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		<autoria>local</autoria>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Investigadores  piden que se cree  Consejo de Política Penitenciaria]]></title>
		<author><![CDATA[Francisco Paz | fpaz@epasa.com | @franpazate76]]></author>
		<description><![CDATA[Los últimos hechos de violencia en las cárceles activaron a organizaciones que quieren aportar a la solución de los problemas que enfrenta el sistema penitencia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La alta incidencia del crimen organizado es un tema que preocupa a los expertos en la materia.
Al respecto, la Asociación de Investigadores Forenses de Panamá solicitó a la ministra de Gobierno que, en atención a la ley que rige al Sistema Penitenciario sea conformado el Consejo de Política Penitenciaria.
De acuerdo con el gremio, no se tiene registro de la creación de ese consejo, que es regulado por la Ley No.55 de 30 de julio de 2003.
La norma establece que el consejo es un organismo asesor, de consulta y de orientación que estará conformado por representantes del Ministerio de Gobierno, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Sistema Penitenciario.
Además, también lo integran un representante de la Policía Nacional, Iglesia católica y evangélica, Defensoría de Oficio, organismos de Derechos Humanos, Colegio Nacional de Abogados, fundaciones u organismos penitenciarios, Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y de la Policía Técnica Judicial, hoy conocida como Dirección de Investigación Judicial.
Son nueve funciones que tiene el consejo entre las que destacan investigar los problemas vinculados a la prisión y presentar sus posibles soluciones.
También, estudiar y presentar recomendaciones sobre infraestructura y reestructuración penitenciarias, y colaborar en la capacitación académica de los funcionarios que formen parte del Sistema Penitenciario.
Recomendaciones
Esta organización forma parte de la Confederación Unidos por un Panamá Seguro, que ha formulado una serie de recomendaciones luego de los hechos de violencia ocurridos en La Joya.
Considera oportuno el fortalecimiento de protocolos de investigación criminal y el desarrollo de capacidades de inteligencia y prevención en el Sistema Penitenciario.
Ante este tema, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirma que se requiere reformar la ley del Sistema Penitenciario.
Reconoció que se toman medidas cuando el hecho se da, ya que el sistema panameño no permite actuar con base en sospechas, ya que sería una extralimitación de funciones.
"Es un tema de ley, que a mi me permitan hacer lo que tenga que hacer para adecuar la situación de los sistemas penitenciarios a la realidad del país", indicó la titular.
Agregó que en la actualidad, existen situaciones en las que los policías no pueden actuar porque la ley no se lo permite, a pesar de tener conocimiento de que pueden actuar de otra manera.
Montalvo dijo que esta realidad pueda pasar pero debe pasar por una conversación en la que participen ellos, los diputados y los magistrados de la Corte Suprema y que se tenga el interés real de dar una ley robusta y el alcance que pueda tener la policía para ejecutar operativos de inteligencia.

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