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	<title>Panamá América</title>
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    <description>Panama America</description>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 17:15:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Publio de Gracia continuará en prisión: Tribunal le niega detención domiciliaria a exdirector de la DGI]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Tribunal ratifica detención provisional contra Publio de Gracia, exdirector de la DGI. Magistrados consideran que libre afectaría pruebas de la causa penal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó este miércoles la medida cautelar de detención provisional contra el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio de Gracia, rechazando la solicitud de cambio de medida cautelar impulsada por su equipo legal, los abogados Gladys Quintero y Javier Quintero.
Durante la audiencia de apelación, los magistrados Andrés Reyes, Diego Fernández y Mauricio Marín desestimaron los argumentos de la defensa, la cual solicitaba sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria y el uso de brazalete electrónico.
Con este fallo, los jueces ratificaron la decisión emitida originalmente el pasado 12 de agosto por el juez de garantías Fermín Bonilla.
De Gracia, quien estuvo al frente de la DGI durante la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD) (2019-2024), continuará recluido en el centro penitenciario La Nueva Joya.
Riesgo de destrucción de pruebas y lesión patrimonial
Para sustentar la ratificación de la medida de privación de libertad, el tribunal valoró los elementos aportados por el Ministerio Público y los hallazgos de auditoría de la Contraloría General de la República.
Los magistrados concluyeron que otorgar una medida menos severa incrementa el riesgo de afectación o destrucción de pruebas clave para el desarrollo de la investigación penal.
Además, el tribunal enfatizó que los informes de auditoría revelan indicios sólidos de la comisión de un posible hecho punible durante el periodo en que el imputado ejerció el cargo público.
La acusación: Injustificado de $724 mil y transferencias a terceros
Publio de Gracia se encuentra imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La auditoría patrimonial elaborada por la Contraloría determinó que el exfuncionario acumuló una suma de $724,682 cuya procedencia legítima no logró justificar.
Según las investigaciones que adelanta la fiscalía, parte de esos recursos no acreditados habrían sido transferidos a cuentas de Elaine Salterio (esposa del imputado) y a Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, persona con quien el exdirector mantenía una relación sentimental.
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  <item>
		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Falta definir quienes tendrán acceso a registro de ofensores sexuales]]></title>
		<author><![CDATA[Francisco Paz | fpaz@epasa.com | @franpazate76]]></author>
		<description><![CDATA[El registro de ofensores sexuales será público. Se ultiman detalles sobre los mecanismos de acceso seguro a la plataforma antes de su divulgación.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El artículo 14 de la Ley 244 de 2021, sobre el registro de ofensores sexuales, dispone que será de acceso público.
No obstante, el tema sobre quienes tendrán acceso al registro es un detalle técnico que todavía falta definir y finiquitar con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), reveló Francisco Guinard Lince, subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
El funcionario describió que 95% del desarrollo tecnológico asociado a este trámite ya se encuentra listo y solo falta determinar algunos temas jurídicos antes de sacarlo, lo que se espera sea a mediados de octubre.
El registro ya está corriendo, pero a nivel interno, confirmó el administrador de la AIG, Adolfo Fábrega, en entrevista a medios de comunicación.
Estará habilitado en el portal Panamá Conecta que es parte de la estrategia de transformación digital del Estado.
Fábrega detalló que se podrá usar como el récord policivo para certificar que la persona no tiene antecedentes de agresión sexual, cuando se lo solicite un negocio que trate con menores de edad.
Solo será una lista y no tendrá los rostros de las personas, expresó el administrador de la AIG.
Ciberseguridad
Por su parte, el subadministrador Guinard informó que se están tomando las medidas de ciberseguridad del registro, debido a que va a ser una base de datos bastante "sensible y sensitiva".
"Se están tomando los controles para que sea manejada con la confidencialidad que merece", señaló.
El Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales contiene información detallada de personas condenadas o que cumplan condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada por delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades.
También se incluye tráfico de menores y trata de personas con fines de explotación sexual.
Su finalidad es ejercer una prevención situacional del delito, así como para la emisión de certificados de no agresor sexual.
Será la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mediante un ente denominado Gabinete de Archivos e Identificación Personal, la que estará a cargo del registro, el cual deberá mantenerlo actualizado y almacenado en un medio seguro con la información de las personas antes descritas.

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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Aprehenden a funcionario y exfuncionario por presunto peculado y blanqueo]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[Las aprehensiones se dieron durante la Operación SEDU II, que da continuidad a investigaciones iniciadas por supuestas lesiones patrimoniales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Dos personas fueron aprehendidas, entre ellas un funcionario y un exfuncionario, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral (Mitradel) por presunto peculado y blanqueo de capitales por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Las aprehensiones se dieron durante la Operación SEDU II, que da continuidad a investigaciones iniciadas por supuestas lesiones patrimoniales que ascienden a $760,951.50 en perjuicio del Estado panameño entre los años 2019 y 2023.
De acuerdo con las investigaciones, el caso está relacionado con la asignación de fondos estatales provenientes del 5% del seguro educativo, descuento a trabajadores del sector privado y público.
Como parte de la operación, se realizaron diligencias de allanamiento y registro en distintos puntos de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito.
Las acciones estuvieron a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Empresarios señalan que abogados estarían detrás de supuesto entramado de coerción ]]></title>
		<author><![CDATA[PanamaAmerica | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Uno de los juristas habría admitido ser parte de un presunto grupo de acción que se beneficia de las conexiones del exministro Luis Ernesto Carles Rudy. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La denuncia por un presunto delito de extorsión, presentada por los empresarios Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano, a quienes les estarían solicitando $1.5 millones a cada uno para poner fin a un proceso penal en su contra, estaría dejando en evidencia la vulnerabilidad y las presuntas maniobras de manipulación dentro del sistema de justicia panameño.
Las acciones de coacción contra ambos empresarios, de acuerdo con lo manifestado por Cicatelli ante el Ministerio Público, se vienen produciendo desde junio pasado. Según la denuncia, el abogado Franklin Amaya Jovane, uno de los representantes de la contraparte, le realizó una llamada solicitando 1.5 millones de dólares a cambio de cerrar su proceso penal, luego el jurista español Julián Martínez, parte del equipo, envió un mensaje en el que le “aconsejaba” pagar el dinero bajo la amenaza de que tenía todo “atado” con el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
Martínez, según la denuncia, también habría admitido ser parte de un presunto “grupo de acción en Panamá” que se beneficia de las “conexiones” de sus miembros, entre ellos Luis Ernesto Carles Rudy, exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela.
Carles Rudy y  Amaya Jovane figuran como abogados de la contraparte dentro de la causa penal que se sigue contra Cicatelli y Salsano por la presunta comisión del delito de estafa.
Las amenazas contra los empresarios subieron de tono el pasado 15 de agosto, cuando Martínez supuestamente le habría advertido a Cicatelli que, si no accedía a su petición, tendría que atenerse a las consecuencias.
“Él (Martínez) estaba convencido de que yo tenía que darles el dinero que ellos querían (para cerrar el caso); si no, se me venían cosas peores”, relató Cicatelli a la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Un mes después, el 10 de septiembre, Martínez habría enviado un nuevo mensaje al empresario para informarle sobre los “últimos acontecimientos”: el monto exigido había aumentado de $1.5 millones a $1.7 millones, suma que, según el mensaje, debería pagar para evitar un largo juicio y el desprestigio internacional mediante una campaña mediática.
“Buenas noches, Giuseppe, me dicen que mañana tu parte ya cuesta 1.7 y que en inglés también tienen algo que empieza con F y termina en S y tiene una R y una B entre medias”, es el mensaje que Martínez supuestamente le habría enviado al teléfono de Cicatelli, en aparente referencia a la revista Forbes, en la que el empresario había sido destacado anteriormente por su trayectoria.
El inversionista manifestó su preocupación, ya que una publicación de esa magnitud tendría, según su relato, “graves consecuencias” para él, su familia y sus negocios. Ante esta situación, acudió a la Fiscalía para interponer una denuncia por el presunto delito de extorsión.
Cicatelli aseguró que el grupo al que representa Martínez le está solicitando un monto que supera con creces el valor de la disputa relacionada con los procesos penales y civiles que enfrenta y que se remontan a 2015.
El caso de Cicatelli y Salsano trae a la memoria el escándalo de una presunta red de extorsión integrada por fiscales, abogados y particulares, que habría operado durante la administración de Varela. A sus integrantes se les señalaba de presuntamente armar y manipular expedientes penales para luego exigir a los involucrados altas sumas de dinero a cambio de medidas cautelares, fianzas o el cierre de los procesos.
Esta agrupación, según el testimonio de una de sus presuntas víctimas, se aprovechaba de personas que buscaban salir rápidamente de sus procesos judiciales y les ofrecía sus servicios bajo la promesa de que obtendrían penas distintas a la prisión y, en algunos casos, incluso la culminación de los procesos, gracias a los supuestos nexos de los abogados con personas de alta jerarquía dentro del Ministerio Público y el Órgano Judicial. 

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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Contraloría cautela bienes y fondos al exministro Rafael Sabonge por más de $704 mil]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La Contraloría ordenó el secuestro preventivo de bienes y fondos a Rafael Sabonge por B/.704,452.61 tras investigaciones de la Fiscalía y Auditoría Forense.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La Contraloría General de la República de Panamá ordenó este lunes la adopción de medidas precautorias sobre bienes, cuentas bancarias y activos vinculados al exministro de Obras Públicas, Rafael José Sabonge Vilar, hasta por la suma preliminar de $704,452.61.
La orden fue formalizada mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP con fecha del 8 de septiembre de 2026, luego de análisis e investigaciones previas desarrolladas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de esa entidad.
Sabonge lideró la cartera del MOP durante la administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo.
Alcance de la medida cautelar
La decisión contempla el secuestro preventivo sobre diversos tipos de activos pertenecientes o vinculados a Sabonge.
Fondos depositados en entidades bancarias, bienes inmuebles, vehículos y otros activos de valor comercial hasta completar el monto fijado por las autoridades.
La Contraloría precisó que las acciones ejecutadas son de naturaleza precautoria y se fundamentan en los marcos legales vigentes para la protección del patrimonio del Estado, mientras continúan las diligencias de investigación.
La institución fiscalizadora reiteró a través de un comunicado que mantendrá sus facultades de control y fiscalización pública con apego al debido proceso y la transparencia en la gestión de los recursos del país.
PRD investigados
 De esta forma, Sabonge se une a la lista de exfuncionarios de la administración PRD  investigados por supuestos actos de corrupción, entre ellos el exvicepresidente Gaby Carrizo, los exalcaldes Héctor Carrasquilla (San Miguelito), y Alex Lee (Colón).
También están siendo procesados el ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, así asistente ejecutiva de la presidencia Nadia Del Río, Publio de Gracia, quien lideró la DGI, además de Bernardo Meneses el exdirector del Ifarhu, el diputado Héctor Brands, Luis Oliva (AIG), entre otros.
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:45:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[ Operación Nova: aprehenden a dos exfuncionarios del Ifarhu por presunto blanqueo]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[La Fiscalía Anticorrupción imputó previamente a estas personas el delito de peculado en perjuicio de la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fueron aprehendidos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en una investigación relacionada con un perjuicio económico de $145,265.80 a la agencia regional de la institución en Panamá Este.
Las aprehensiones se realizaron como parte de la Operación Nova realizada por la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía Anticorrupción imputó previamente a estas personas el delito de peculado en perjuicio de la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este. De ese delito precedente se derivaron las diligencias de blanqueo de capitales ejecutadas en la Operación Nova.
Un juez de garantías autorizó previamente las diligencias, que la Fiscalía Anticorrupción ejecutó en Tocumen. Allí aprehendió a los dos exfuncionarios y ubicó indicios relacionados con la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción investiga a estas personas por presuntamente convertir, estratificar e incorporar al sistema financiero panameño dineros ilícitos provenientes del peculado derivado de los cheques y las tarjetas Clave Social del Ifarhu.
Estas actuaciones forman parte de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició en junio de 2022, a raíz de una denuncia presentada por el Ifarhu.
Posteriormente, la Contraloría General de la República sustentó el caso mediante un informe de auditoría fechado en diciembre de 2025, en el que reveló la lesión económica antes mencionada.
La investigación verificó la presunta malversación y el apoderamiento de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social de la Agencia Regional del Ifarhu en Panamá Este. Los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a nombre de comerciantes de la localidad para hacerlos efectivos.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 13:15:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[En este año se han logrado 59 condenas por homicidio en San Miguelito]]></title>
		<author><![CDATA[Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Se ha impuesto a tres sujetos la pena máxima de 50 años de prisión. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito ha logrado 59 condenas en lo que va de este año 2026.
Cada uno de estos fallos representa un escudo para la sociedad y un recordatorio de que la ley sigue trabajando para devolverle la paz a las comunidades de San Miguelito.
Entre los casos más destacados que componen estas cifras se encuentran las siguientes sentencias:
150 años de prisión para tres sentenciados desglosados en 50 años de prisión (Pena Máxima): para cada uno de los tres sentenciados por un doble homicidio y una tentativa de homicidio. 
Los hechos ocurrieron el 23 de marzo de 2023 en calle Altamira, Monte Oscuro (corregimiento Victoriano     Lorenzo), en perjuicio de tres personas que se     encontraban dentro y fuera de una residencia.
​48 años de prisión (Confirmación de Condena): Una ratificación de la justicia por el homicidio de un ciudadano registrado el 11 de agosto de 2023, en una vivienda de Cerro Viento (corregimiento de Rufina Alfaro).​
30 años de prisión: La sanción impuesta a un hombre por el delito de homicidio en perjuicio de una adulta mayor, un lamentable hecho acontecido el 8 de diciembre de 2025, en el sector de Samaria.
​60 años de prisión: Es decir 30 años de prisión para cada uno de los dos hombres sentenciados por el homicidio de un ciudadano registrado el 30 de enero de 2023, en Loma Bonita, El Valle de Urracá.
​30 años de prisión: La pena aplicada a un hombre por un homicidio ocurrido el 22 de enero de 2024, en el sector de Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid.
24 años de prisión: U​na sentencia impuesta para cada uno de los dos ciudadanos, condenados por los delitos de homicidio e inviolabilidad de domicilio, hechos ocurridos el 24 de octubre de 2019, en
El Futuro (corregimiento Arnulfo Arias), donde el agresor ingresó a un hogar y causó la muerte de un menor de 16 años.
Este logro es el resultado de los trabajos realizados por fiscales, operativos, peritos e investigadores motivados en una lucha incansable, quienes sin tregua asumen el compromiso no solo en cada expediente, también en cada familia que aclama por justicia y por una comunidad que necesita sentirse segura y confiada.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley. 
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Vuelve &#039;La Taquilla&#039;: Empresarios Cicatelli y Salsano  denuncian  ser víctimas  de   presunta extorsión]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Se interpuso ante el MP una denuncia contra el abogado Julián Martínez, al que se señala de  pedir presuntamente dinero a cambio de cerrar un proceso judicial.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Una denuncia por el presunto delito contra la libertad individual en la modalidad de extorsión ha encendido las alarmas con respecto al posible retorno de "La Taquilla", la red de corrupción y chantaje integrada por abogados particulares y funcionarios que cobraba en la era Varela altas sumas de dinero a cambio de otorgar de manera fraudulenta beneficios judiciales, tales como medidas cautelares, libertades condicionales o agilización de trámites.
Las primeras víctimas de la renovada "Taquilla" son Giuseppe Cicatelli y Sandro Salsano. Con respecto a Cicatelli, el 10 de septiembre de 2026 el empresario e inversionista acudió a la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada para interponer una denuncia formal contra el abogado español JuliánMartínez, a quien acusa de presuntamente encabezar una serie de presiones y exigencias económicas desmedidas en complicidad con un grupo de trabajo legal y político, en el que figuran exfuncionarios de alto perfil.
Según el testimonio presentado ante el Ministerio Público, la extorsión busca forzar el pago de $1.5 millones de dólares (a cada empresario, totalizando 3 millones de dólares) para cerrar el proceso por supuesta estafa contra Cicatelli y Salsano tramitado en la Sección Tercera contra el Patrimonio Económico, cuya cuantía original en disputa es menor.
La coerción, que supera 10 veces el dinero establecido en el proceso en mención, que es por 300 mil dólares, se habría dado pese a que Cicatelli tenía toda la voluntad de llegar a un acuerdo mercantil y comercial con el supuesto afectado como muestra de su franca trayectoria empresarial.
La denuncia detalla que, estando reunido con sus abogados, Cicatelli recibióesa llamada en la que el jurista Franklin Amaya Jovane supuestamente solicitó el cuantioso pago a cambio de cerrar el proceso penal que enfrenta, junto a Salsano. Dicha solicitud fue descartada de inmediato.
"En el proceso penal (que enfrentan actualmente Cicatelli y Salsano), Amaya es abogado del grupo al que pertenecen Julián Martínez, Luis Ernesto Carles Rudy (abogados de la contraparte), Ruprecht Thomas Dully y los españoles Ignacio Vidales y Carlos Vidales”, destaca la denuncia.
El denunciante aportó capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp donde Martínez presuntamente lo amenaza con publicar informaciones perjudiciales en medios internacionales de prestigio, con el fin de lesionar su reputación fuera de fronteras. Curiosamente, horas después del contacto, la información sobre el proceso contra Cicatelli y Salsano circuló en medios panameños.
"Buenas noches, Giuseppe estos son los últimos acontecimientos, me dicen que mañana tu parte ya cuesta 1.7 y que en inglés también tienen algo con algo que empieza con F y termina en S y tiene una R y una B entre medias (en alusión a Forbes, la famosa revista estadounidense especializa da en el mundo de los negocios, las finanzas y el liderazgo)", reseña el mensaje recibido por el empresario. 
En la denuncia se deja constancia que las amenazas contra Cicatelli iniciaron en junio de 2026 con motivo de un proceso penal existente desde el año 2015 que ya había prescrito a su favor, pero fue reabierto.
Según el relato, Martínez aseguró tener "todo atado con el Ministerio Público y el Órgano Judicial" gracias a los contactos de fichas de peso, entre ellos el exministro del Gobierno de Varela. 
Trascendió que Cicatelli desde julio de 2025, tratándose originalmente de una disputa societaria, había solicitado mediación debido a que tenía toda la disposición de llegar a un acuerdo mercantil, pero la parte querellante no lo aceptó. Por otro lado, elproceso contra Cicatelli también presenta irregularidades, toda vez que el empresario tiene un documento de prescripción. No obstante, el tribunal indicó que el debate sobre esta prescripción debe hacerse en audiencia intermedia.
El patrón de "La Taquilla"
El modus operandi expuesto en esta denuncia guarda coincidencias con el esquema utilizado por la red conocida como "La Taquilla".
Este grupo no solo instrumentalizaba investigaciones penales y reactivaba expedientes muertos, sino que utilizaba el amedrentamiento mediático y la privación de libertad como herramienta de coacción para obtener altas sumas de dinero. El denunciante puso a disposición de la Fiscalía su teléfono celular para las diligencias periciales correspondientes.
 
 
 
 
 
 

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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 00:00:00 -0500</pubDate>
		<title><![CDATA[Proponen endurecer penas y frenar acuerdos en casos de violencia contra mujeres]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Se estima que el 14.4% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas al menos una vez en la vida. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Los acuerdos de pena en delitos contra mujeres se han convertido en una práctica recurrente que, según las propias víctimas, permite a los agresores reincidir en este tipo de conductas.
Ante dicha realidad, se presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa para impedir que quienes resulten responsables de femicidio, homicidio agravado por razón de género, violación sexual y abuso con resultado de muerte puedan beneficiarse de medidas sustitutivas a la pena de prisión.
Además, propone elevar de 20 a 50 años la pena de prisión máxima a quienes causen la muerte de mujeres frente a sus hijos, como resultado de ritos grupales o por venganza, para encubrir actos de violación, cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez, entre otras agravantes.
La propuesta, que nació del interés de un ciudadano del distrito de Santiago, provincia de Veraguas, y fue presentada al Legislativo por el diputado Tomás Benavides, del Partido Realizando Metas (RM), busca dar respuesta a una problemática cada vez más alarmante en el territorio nacional.
El objetivo principal del proyecto, de acuerdo con Benavides, es acabar con la impunidad que existe en el sistema para dejar de subestimar la realidad por falta de denuncias, barreras de acceso a la justicia, estigma o miedo de las víctimas.
"Hay que endurecer el sistema para que las personas que cometan estos actos atroces, como el que ocurrió en Aguadulce, tengan una sanción ejemplar y no se sigan dando", dijo a este medio.
La normativa también incrementaría las penas de cuatro a quince años a quien, valiéndose de su condición de ventaja, mantenga contacto sexual con una persona entre los 15 y 17 años.
El documento contempla, además, castigos más severos cuando, como consecuencia directa o indirecta de un acto de violación o acto libidinoso agravado, se cause la muerte de una mujer; la condena en estos casos será de 40 a 50 años de prisión, una diferencia importante tomando en cuenta que el Código Penal actualmente establece un castigo de 1 a 3 años, su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
"Los responsables no podrán acceder a sustitución de pena, conmutación, libertad condicional, trabajo comunitario ni ningún otro beneficio penitenciario, cualquiera que sea el tiempo transcurrido en la condena", subraya el escrito.
Los reemplazos de penas en casos de mujeres y fallos de no culpabilidad también preocupan al Ministerio de la Mujer, que, en repetidas ocasiones, ha hecho un llamado a las autoridades judiciales a aplicar la sana crítica para que el sistema sea más humano, cercano y equitativo.
El proyecto de ley No. 628 está a la espera de su discusión en la Asamblea Nacional.
Estadísticas
Datos del Ministerio Público revelan que, hasta el mes de julio, se registraron 13 femicidios, 17 tentativas de femicidio y 10 muertes violentas en el país, lo que supone un incremento del 44% con respecto al mismo periodo del año 2025.

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