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	<title>Panamá América</title>
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    <description>Panama America</description>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>2026-04-24T00:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Defensa de Martinelli no descarta acciones legales tras fallo de constitucionalidad en New Business]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La extradición de Ricardo Martinelli desde EE.UU. fue concebida para tratar delitos puntuales, entre los que no figura el blanqueo de capitales. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La defensa del expresidente Ricardo Martinelli no descarta interponer otras acciones legales contra la sentencia del caso New Business luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del edicto No. 560, determinara su constitucionalidad, transgrediendo el Principio de Especialidad con el que fue puesto a órdenes de las autoridades panameñas desde Estados Unidos. 
El abogado Ángel Álvarez, accionante en esta demanda, mencionó que no ha sido notificado sobre la misma ni se le ha dado copia del documento, por lo que es muy apresurado detallar las medidas que se tomarán al respecto, pero lo que sí es seguro es que su cliente hará lo necesario para que se le respeten sus derechos, incluyendo la presentación de nuevas demandas, solicitudes o denuncias tanto dentro como fuera del país. 
Señaló que tanto la juez como el fiscal del caso han reconocido que el exmandatario mantiene, a raíz de su extradición, el Principio de Especialidad, un recurso que sobreviene de acuerdos internacionales, por lo que es necesario analizar en qué supuestos se basó la Corte para determinar su vencimiento durante el litigio. 
Aunque Álvarez percibe “mucha pasión en favor de la decisión” de la Corte motivada principalmente por sectores adversos a Martinelli, espera que el tema sea abordado con objetividad y en estricto apego a la ley. 
“Como evidentemente estamos hablando de un actor político, va a haber pasiones y opiniones que no necesariamente están inspiradas por la lógica o una correcta interpretación de la ley”, dijo. 
Al consultarle al expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz, sobre la incidencia de esta decisión en el fallo del caso Odebrecht, indicó que, más allá del dictamen de la Corte, considera que todos los procesos que se siguieron simultáneamente con dos sistemas de enjuiciamiento penal son inconstitucionales, lo que da cabida a que el debate se eleve a instancias internacionales luego de que se agoten los recursos internos. 
Sin embargo, hay que recordar que todo proceso penal gira en torno a hechos concretos; por tanto, cada uno se atiende de manera diferente. 
Martinelli, según una nota emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) el pasado 11 de julio de 2024, sigue amparado por el Principio de Especialidad; no han recibido ninguna solicitud por parte de la Fiscalía Primera Especializada contra el Crimen Organizado relacionada con el levantamiento de esta cualidad en el caso New Business. 
La entidad tampoco mantiene misivas con este mismo objetivo por parte de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación para el caso Odebrecht, ni el Tribunal de Justicia o el Órgano Judicial.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá es el único conducto competente, a quien le corresponde realizar los trámites para la excepción del Principio de Especialidad”, esboza el documento.
La extradición del expresidente fue concebida para tratar temas puntuales como los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad, agravios contra la administración pública y diferentes formas de peculado (sustracción, malversación y de uso). 
Pese a ello, la decisión de la Corte determinó que no son inconstitucionales la resolución de indagatoria No. 1 del 30 de junio de 2020, proferida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, y la sentencia mixta No. 72 del 17 de julio de 2023 del Juzgado Segundo Liquidado de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Martinelli, quien actualmente se encuentra asilado en Colombia, desde donde exige que se le respeten sus garantías fundamentales, amparo y el debido proceso, fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de 19.2 millones de dólares por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.  

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		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>2026-04-22T13:15:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[CSS acatará fallo de la Corte por caso de envenenamiento con dietilenglicol]]></title>
		<author><![CDATA[Fariza Gordón]]></author>
		<description><![CDATA[La Corte dictaminó que el Estado debe indemnizar con 25,000 dólares a cada una de las tres víctimas afectadas por el consumo de los jarabes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aseguró que la entidad hará lo que la ley y la justicia establecen tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionado con el envenenamiento masivo con jarabe contaminado con dietilenglicol.
La Corte dictaminó que el Estado debe indemnizar con 25,000 dólares a cada una de las tres víctimas afectadas por el consumo de los jarabes, así como presentar disculpas públicas por escrito.
Mon recordó que en el momento de la tragedia él tenía 35 años y oraba para que ninguno de sus familiares fuera víctima de este acontecimiento doloroso.
El director indicó que han pasado 20 años de mucho dolor y que la Caja se tiene que solidarizar con todos los panameños que han vivido un proceso muy largo. “Hoy se ha hecho justicia y nosotros seguiremos lo que la justicia dice”, agregó.
Explicó que la institución aún no ha recibido formalmente el fallo, por lo que deben esperar para hacer una declaración mucho más nutrida, comprensiva y de todas las acciones que la Caja tiene que hacer.
“Lo único que le puedo decir es que la Caja va a tomar el rol que tiene como entidad que debe dar cumplimiento a todas estas disposiciones y lo haremos con mucho gozo sabiendo que efectivamente estamos cumpliendo con un sueño de muchos panameños que esperaban que ya la justicia se hiciese llegar lo más rápido posible”, expresó.  
En cuanto al hallazgo de medicamentos e insumos médicos vencidos valorados en 2.5 millones de dólares, Mon precisó que las investigaciones no han acabado y todo apunta a que hay una cantidad mayor. 
Estos medicamentos e insumos estaban almacenados en depósitos ubicados en Felipillo y El Crisol, pertenecientes a la CSS.
“Nosotros dimos un arqueo inicial y con eso se iniciaron las investigaciones y hay que dejar que el Ministerio Público termine todo el proceso y encuentre las responsabilidades”, agregó. 
Con información de Francisco Paz
 
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		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>2026-04-17T00:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Billeteros piden suspensión de la Lotto y el Pega 3, tras fallo de la Corte Suprema]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[Fernando González, presidente del Sindicato de Billeteros, solicitó que se haga una auditoría para cuantificar las pérdidas causadas por este acuerdo. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Los vendedores de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) esperan que, tras declararse nula por ilegal la adenda al contrato suscrito entre la institución y la sociedad Scientific Games, LLC., que introdujo los juegos electrónicos "Lotto y Pega 3" en el país, las autoridades inicien una investigación de oficio para identificar a los responsables de la decisión que le ha causado grandes pérdidas económicas a la entidad.
Fernando González, presidente del Sindicato de Billeteros, considera preciso que se haga una auditoría para cuantificar las pérdidas causadas por esta adenda que, desde el principio, señalaron era lesiva e irregular porque otorgaba ganancias netas del 15% a la contraparte sin especificar el monto correspondiente a la Lotería; es decir, le pertenecía "el resto" siempre que hubiese utilidad.
Un acuerdo que, a todas luces, presentaba inconsistencias; por ello, solicitó al nuevo director, Isidro Carbonell, tomar cartas en el asunto y eliminar definitivamente estos juegos.
Lo que más llama la atención de González es la cantidad de ganadores que genera la lotería electrónica: en un solo mes, tres personas se llevaron el premio mayor, algo bastante insólito tanto local como internacionalmente.
Además, tiene información de que funcionarios que avalaron este contrato aún forman parte de la LNB; por tanto, deberían rendir cuentas a las autoridades competentes.
"Fueron partícipes de esto y están dentro de la entidad; se lo vendían a los billeteros como un beneficio, entonces también deben ser investigados", dijo en entrevista a Panamá América.
Aseguró que tanto los billeros como la población en general deben conocer cuánto dejó en pérdidas este contrato y quiénes fueron los que se beneficiaron en perjuicio del Estado.
La venta, en lo que va del año, muestra una disminución importante en comparación con el 2025, a causa de la clandestinidad y condicionamientos de algunos billeteros.
El presidente del Sindicato de Billeteros de la LNB reconoció que la venta "casada" del producto está generando molestias entre los compradores; sin embargo, están haciendo las correcciones pertinentes y espera que lo mismo ocurra con la venta clandestina.
"Al sacar la lotería electrónica no se resuelve el problema de fondo; aquí hay que atacar la venta clandestina", subrayó.
Los billeteros piden a los diputados retomar la iniciativa que busca sancionar penalmente estas acciones para contrarrestar su incremento en el país.
La demanda de ilegalidad contra la adenda al contrato de la "Lotto y el Pega 3" fue presentada por el abogado Pedro Meilán, quien encontró "grandes vicios" en el convenio, entre ellos, la falta de prórroga, exoneración de impuestos y la inclusión de nuevos juegos que no estaban contemplados en el documento original.
Explicó que, al declararse nulo el contrato, lo lógico sería que se suspendan los juegos hasta que se tome una decisión definitiva al respecto.
El jurista, en entrevista con el periodista Álvaro Alvarado, sostuvo que para iniciar una investigación penal por este hecho se tendría que certificar que los involucrados actuaron con la intención de perjudicar al Estado; no obstante, podría accionarse de manera civil demostrando que hubo daños y perjuicios.
El mandatario José Raúl Mulino ha manifestado en varias ocasiones que su objetivo es eliminar estos juegos para mantener únicamente los sorteos tradicionales: el Miercolito, el dominical y el Gordito del Zodíaco.

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		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>2026-04-15T20:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Corte declara  ilegal adenda de Lotto y Pega 3, los juegos impulsados por Publio De Gracia ]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Este demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[La Corte Suprema de Justicia declaró nula por ilegal la Adenda No. 5 del contrato suscrito entre la Lotería Nacional de Beneficencia y la empresa Scientific Games, LLC.
Este demanda fue interpuesta por el abogado Pedro Meilán, quien explicó en su momento que no se puede prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y que no establece en su normativa que puede ser prorrogable. 
"La única forma de hacerlo es logrando ciertos requisitos especiales que no se cumplieron aquí, y el monto a prorrogar en el contrato debe ser menor al monto actual", explicó  Meilán.
Según Meilán, existieron cuatro violaciones al contrato: la primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años; la segunda es que altera y modifica el objeto del contrato; la tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista; y, por último, aumenta los porcentajes y exonera del impuesto.
Ya el presidente José Raúl Mulino había pedido eliminar estos juegos debido a las cuantiosas pérdidas que ocasiona a la Lotería Nacional.
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		<category>Política</category>
		<pubDate>2026-04-08T18:15:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Martínez-Acha pide respetar &#039;soberanía jurídica&#039; tras fallo contra PPC]]></title>
		<author><![CDATA[Ciudad de Panamá | EFE | @PanamaAmerica ]]></author>
		<description><![CDATA[&#039;Simplemente le pedimos a la República Popular China y a cualquier país que respete la soberanía jurídica de Panamá&#039;, dijo el canciller panameño. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, pidió este miércoles respeto a la "soberanía jurídica" de su país ante las detenciones e inspecciones a buques con bandera del país centroamericano en China tras un fallo del Supremo que anuló la concesión a una empresa hongkonesa para gestionar dos puertos cerca del Canal de Panamá.
"Simplemente le pedimos a la República Popular China y a cualquier país que respete la soberanía jurídica de Panamá, como nosotros respetaríamos la soberanía jurídica de cualquier país", dijo Martínez-Acha durante una conferencia de prensa en Asunción junto a su par de Paraguay, Rubén Ramírez, en medio de su visita oficial a la nación suramericana.
Javier Martínez-Acha señaló que a raíz de este proceso jurídico, que afirmó se inició antes de la llegada al poder del mandatario José Raúl Mulino, los buques de la marina mercante de su país se han visto sometidos a excesivos controles y retenciones en los puertos de China.
"Esperemos que esta tendencia atípica en el mes de marzo de este año se reduzca porque Panamá es un país que conecta el mundo, Panamá es un país que respeta la soberanía jurídica de todos los países y simplemente pedimos el mismo trato para nosotros", agregó.
Fuentes panameñas dijeron a EFE que de cada cuatro buques que atracan en puertos chinos, tres son inspeccionados.
A inicios de mes, el Gobierno panameño reconoció un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después de la decisión anunciada por el Supremo en medio de las presiones de Estados Unidos.
Esas retenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.
El Gobierno del estadounidense Donald Trump había amenazado con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia que, según el mandatario, tiene China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.
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		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>2026-04-09T00:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[¿Qué pasará con la recolección de desechos en San Miguelito?]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[La Procuraduría de la Administración considera que es "ilegal" que la AAUD brinde este servicio sin apoyo y aprobación del Consejo Municipal. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que seguirá al frente de la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la demanda interpuesta contra la resolución que lo autoriza a brindar este servicio desde el pasado mes de enero.
"Tenemos que esperar de forma responsable que la Corte Suprema de Justicia sea la que emita un criterio final porque a ella es a la que le corresponde", sentenció.
Mencionó que la crisis de basura en el distrito está bastante controlada, aunque los "pequeños pataconcitos" siguen siendo un reto debido a la incorrecta disposición de los desechos por parte de los residentes; no obstante, continuarán reforzando las medidas para garantizar la salud de los más de 280 mil habitantes del sector.
Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la Procuraduría de la Administración determinara que ejercer estas funciones de manera unilateral, sin la colaboración de la Alcaldía de San Miguelito y aprobación del Consejo Municipal, es "ilegal".
La institución solicitó a la Sala Tercera de lo Contencioso de la CSJ dejar sin efecto la Resolución No. 01-2026, que le otorga a la AAUD el control del servicio de recolección, transporte, disposición de los residuos y cobro de la tasa de aseo en el distrito.
Dicha opinión fue bien recibida por la alcaldesa Irma Hernández; no obstante, aclaró que es solo una parte del proceso; aún falta la entrega de pruebas, alegatos y el fallo de la Corte para definir si hubo o no extralimitación de funciones.
"Agradecemos ese sentimiento a favor de que fue ilegal lo que hicieron en contra del Municipio de San Miguelito; sin embargo, esto es solamente una postura, no significa que es vinculante ni se declara ilegal la resolución; todavía necesitamos el fallo de los magistrados", explicó a través de redes sociales.
Indicó que está lista para asumir la decisión de la Corte que, de ser a su favor, implicaría la puesta en marcha de un plan ajustado a la realidad del sector y sus residentes.

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		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>2026-04-04T08:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Panamá suma varios frentes de apoyo internacional tras presiones de China sobre sus buques ]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Tan solo esta semana, Estados Unidos, Israel, Paraguay, Perú, Chile y Honduras condenaron el hostigamiento de China a los buques de bandera panameña.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Panamá ha sumado el respaldo de múltiples países, tras las medidas de presión reportadas por parte de China contra la flota de buques con bandera panameña que arriban a sus puertos. 
Tan solo esta semana, Estados Unidos, Israel, Paraguay, Perú y Honduras condenaron el presunto hostigamiento de China, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional a Panama Ports Company.
Por Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña suscitan seria preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el estado de derecho en Panamá, una nación soberana y socio vital para el comercio mundial.
Rubio precisó que el fallo de la Corte "deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocio".
Señaló además que las detenciones o demoras de los buques panameños "perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales" y provocarán un aumento en los costos para empresas y consumidores.
Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dejó claro que Israel respalda la  postura de Panamá: la aplicación de la ley en materia marítima debe seguir siendo justa, técnica y libre de presiones políticas.
Puntualizó que  las detenciones desproporcionadas ponen en riesgo el comercio mundial, los costes y la confianza.
"Defender el estado de derecho y la libertad de navegación redunda en interés de todos", manifestó.
América Latina, con PanamáEn Latinoamérica, el apoyo a Panamá también ha ido en ascenso. Tan solo el viernes, Perú abogó por el fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Agregó que respalda a Panamá, "como Estado de abanderamiento responsable, en su esfuerzo por garantizar la observancia del derecho internacional y los principios de una práctica marítima justa, reafirmando la importancia del diálogo y la cooperación regional".
Mientras que Paraguay reiteró su solidaridad y apoyo a Panamá ante estas medidas perjudiciales e injustificadas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay señaló que “las demoras y retenciones arbitrarias a buques panameños en puertos chinos son inaceptables, representan una clara presión y ponen en riesgo el comercio mundial”.
Igual postura compartió Honduras, cuyo gobierno considera esencial que toda acción en el ámbito marítimo internacional se ejerza con estricto apego al derecho internacional, evitando afectaciones indebidas al tránsito marítimo lícito y a la estabilidad de las cadenas globales de suministro.
“Como país hermano y socio regional de Panamá, Honduras reafirma su solidaridad y su disposición de seguir promoviendo una gobernanza internacional basada en reglas, cooperación y seguridad jurídica”, indicaron en un comunicado.
Chile, de igual manera,  reafirmó su compromiso con la libertad de navegación, el derecho internacional del mar y un transporte marítimo seguro y basado en reglas de la OMI.
"Expresamos nuestro respaldo a Panamá en sus esfuerzos por la observancia de dichas normas y reiteramos llamado a la cooperación", expuso.

El Gobierno panameño ha reconocido un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después que la Corte  anulara la concesión a una empresa de Hong Kong de la gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá, en medio de las presiones de Estados Unidos.
Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.
Por su parte China calificó de  "infundadas" las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta detención de buques panameños en puertos chinos y lo acusó de intentar "tomar el control" del Canal de Panamá.
]]></content:encoded>
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		<category>Judicial</category>
		<pubDate>2026-04-03T15:15:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Le rechazan a Gaby Carrizo advertencia de inconstitucionalidad; sigue bajo detención domiciliaria]]></title>
		<author><![CDATA[Panamá América/ nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[Carrizo fue aprehendido el 27 de enero, cuando regresaba a Panamá desde Guatemala. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Un recurso presentado por el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, dentro del proceso que enfrenta por enriquecimiento injustificado, no fue admitido por la Corte Suprema de Justicia. La advertencia de inconstitucionalidad se rechazó, por lo que la investigación sigue su curso.
El exfuncionario continúa bajo arresto domiciliario y con impedimento de salida del país, mientras el Ministerio Público lo investiga por un presunto aumento patrimonial de $1.9 millones en perjuicio del Estado. 
La Corte determinó que el recurso no cumplía con los requisitos para ser evaluado.
Carrizo fue aprehendido el 27 de enero, cuando regresaba a Panamá desde Guatemala. 
Ese mismo día fue llevado ante un juez, donde se legalizó su detención, se le imputaron cargos y se le aplicaron las medidas cautelares que aún mantiene.
La acción legal había sido presentada por su defensa, que cuestionaba artículos del Código Penal relacionados con la culpabilidad y la participación en delitos. A pesar de eso, el máximo tribunal decidió no darle trámite.
El caso tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas por hasta $1.3 millones. 
Luego, el expediente pasó al Ministerio Público, al detectarse un presunto incremento no justificado que ahora asciende a $1.9 millones.
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