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	<title>Panamá América</title>
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    <description>Panama America</description>
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		<category>Provincias</category>
		<pubDate>2026-05-07T11:45:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Rechazan posible construcción de una mega cárcel en terrenos del INA en Divisa]]></title>
		<author><![CDATA[Melquíades Vásquez]]></author>
		<description><![CDATA[Los primeros en levantar su voz fueron precisamente los estudiantes del INA, quienes en un primer intento incluso decretaron un paro como medida de presión.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Como una verdadera “bomba a punto de explotar” califican diversos sectores el polémico traspaso de aproximadamente 45 hectáreas de terreno que por más de 70 años han sido utilizadas por el Instituto Nacional de Agricultura (INA) y que ahora pasarían al Ministerio de Gobierno para el desarrollo de un proyecto de mega cárcel en el área de Divisa, a pocos metros de la vía Panamericana.
La situación ha generado preocupación. Así lo dio a conocer el estudiante del INA, Teodoro Ávila, quien indicó que existe incertidumbre y un creciente rechazo, principalmente entre estudiantes, egresados y residentes de comunidades cercanas.
Los sectores que se oponen consideran que la ubicación del futuro centro penitenciario podría representar riesgo social y afectar la misión educativa de una de las instituciones agropecuarias más emblemáticas del país.
Los primeros en levantar su voz fueron precisamente los estudiantes del INA, quienes en un primer intento incluso decretaron un paro de labores como medida de presión para exigir explicaciones claras a las autoridades sobre el futuro de estas tierras y las implicaciones del proyecto penitenciario.
Los jóvenes estudiantes y egresados, según explicó Aníbal Benavides, sostienen que los terrenos han sido utilizados históricamente para prácticas agrícolas, producción y enseñanza técnica, fundamentales para la formación de cientos de estudiantes que cada año salen preparados para contribuir al desarrollo agropecuario nacional.
A esta preocupación también se sumó la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura, cuyos miembros consideran que el posible traspaso representa una amenaza para el legado histórico y educativo de la institución, respaldando cualquier acción que emprendan estudiantes, habitantes y padres de familia en defensa de ese patrimonio.
Según expresaron algunos egresados en un comunicado, aunque reconocen la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario del país, no consideran prudente desarrollar una mega cárcel en terrenos destinados a la educación y tan cerca de comunidades, escuelas y zonas pobladas.
“Tal vez sea necesaria una cárcel moderna para provincias centrales, pero no a costa de tierras educativas que durante décadas han servido para formar profesionales y técnicos para el país”, señalaron algunos de los consultados.
El proyecto, que estaría ubicado a poco más de 200 metros de la vía Panamericana en Divisa, también comienza a generar inquietud entre residentes de sectores aledaños, quienes aseguran que hasta el momento no han recibido suficiente información sobre el impacto que podría traer una infraestructura de esta magnitud.
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		<autoria>local</autoria>
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		<category>Sociedad</category>
		<pubDate>2026-04-30T00:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Tierras improductivas: el miedo detrás del rechazo al embalse en  Río Indio]]></title>
		<author><![CDATA[Vivian Jiménez | vjimenez@epasa.com | @PanamaAmerica]]></author>
		<description><![CDATA[El recelo de algunos habitantes ha ocasionado incluso que se opongan al censo que realiza la ACP para calcular el número de afectados por la obra. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[El rechazo de las comunidades campesinas a la construcción de un embalse en río Indio no busca atacar el proyecto en sí; proviene de sus miedos a quedar sin tierras fértiles para alimentarse, llevar el sustento diario a sus hogares y subsistir. Aseguran sentirse olvidados por las autoridades; por tanto, desconfían de sus promesas; esa incertidumbre es la que los lleva a oponerse a la obra.
Iris Gallardo Bethancourt, residente del sector de Guásimo de Río Indio en Donoso, provincia de Colón, teme ser reasentada en terrenos en los que "no pega ni un culanto" porque su principal medio de subsistencia es la agricultura; lleva años abasteciéndose del río y sus áreas aledañas y no quiere dejar de hacerlo.
"Los que vivimos en la ribera del río y áreas del campo sabemos lo fundamental que es la productividad de las tierras; el río y la tierra lo son todo porque vivimos y dependemos de ellos", expresó.
La moradora siente que las autoridades están poniendo en riesgo sus recursos y calidad de vida; por ello, apoya la solicitud del resto de las comunidades que exigen que se suspenda el proyecto para dialogar, aclarar dudas, poner las cartas sobre la mesa y elegir la mejor opción para el país.
El recelo de algunos habitantes ha ocasionado incluso que se opongan al censo que realiza la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para calcular el número de afectados porque creen que la estadística será utilizada para decir que dieron su permiso a los reasentamientos, cuando no es así; el 70% está en desacuerdo con esta medida.
Gallardo Bethancourt, en ese sentido, considera que la data de la entidad tiene inconsistencias; mientras la ACP estima que 3,200 personas serán impactadas por el proyecto, el cálculo de los residentes asciende a 13 mil, una diferencia de 9,800 ciudadanos.
Ante dicho escenario, Jorge Rodríguez, morador de la parte norte de Coclé y miembro del Movimiento Campesino Unidos por la Vida, sugiere a las autoridades evaluar otras opciones como el lago Bayano, no solo por la cantidad de agua que posee, sino porque el tiempo y costo de construcción respecto a río Indio está por debajo de los 600 millones de dólares.
Le inquieta que río Indio no cuente con el caudal suficiente para abastecer el Canal y mucho menos la población, y se hable nuevamente de construir embalses en perjuicio de los afluentes del país y las nuevas generaciones.
Sostuvo que el colectivo que representa percibe que el proyecto, más que solucionar el problema de agua, prioriza el comercio y el servicio mundial a costa de su vida, trabajo, supervivencia y alimentación.
"Estos proyectos se piensan para sumar dinero y, acumular riquezas; la distribución, como siempre, en las manos de unos cuantos, mientras que el pueblo sufre las verdaderas consecuencias", afirmó.
Rodríguez es parte del grupo de panameños que no percibe las ganancias de la vía interoceánica; por ello, cuestiona la rentabilidad del embalse para los nacionales. Mencionó que los millones anuales que entrega la ACP al Tesoro Nacional no llegan a su comunidad; aún transitan por carreteras llenas de lodo, no cuentan con personal médico y las estructuras educativas y de salud están vacías.
La pregunta que más se hace el representante del Movimiento Campesino Unidos por la Vida es: ¿cómo va a vivir si le quitan su tierra?, el principal recurso de las personas que se dedican al campo para sacar adelante a su familia.
Quienes ya han pasado por este tipo de experiencias, como Saturnino Rodríguez, uno de los reubicados tras la construcción del lago Bayano, aconsejan a las comunidades de Río Indio mantenerse en su postura porque, en el pasado, muchas personas quedaron a la deriva.
Rechazó que a los campesinos e indígenas se les catalogue de "comunistas e izquierdistas" por defender su derecho a la tierra, en lugar de apoyarlos a preservar su territorio y la supervivencia de su familia.
Rodríguez, a diferencia de quienes residen en los alrededores de río Indio, no apuesta al diálogo, sino a la suspensión definitiva del proyecto porque desconfía de las intenciones de las autoridades.
El especialista en derecho ambiental Harley Mitchell, en declaraciones anteriores, recalcó que la población, en general, debe fiscalizar que las promesas de la ACP se cumplan porque el sacrificio de estas comunidades será para beneficio de todos.
Agregó que no se trata únicamente de que sean reubicados, sino de que se les garanticen las mismas o mejores condiciones de vida que tienen en estos momentos; ello incluye casas, tierras, remuneración, accesibilidad a servicios básicos y demás.
La ACP, por su parte, ha reiterado su disposición al diálogo con el objetivo de que el proyecto se ejecute en común acuerdo con los residentes, estableciendo un marco de compensación "justo y equitativo" para todos.
Este procedimiento se hará de manera individual para que cada familia defina las condiciones en las que quiere ser reubicada en un terreno contiguo a la zona en la que antes residía.
La entidad estima que la construcción de este proyecto crucial para la seguridad hídrica del país y la competitividad de la vía interoceánica iniciará en el primer trimestre de 2027.

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		<autoria>local</autoria>
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		<category>Economía</category>
		<pubDate>2026-04-19T09:00:00-05:00</pubDate>
		<title><![CDATA[Canatra defiende legalidad de decreto sobre plataformas digitales de transporte]]></title>
		<author><![CDATA[Francisco Paz]]></author>
		<description><![CDATA[Afirma que el decreto fue diseñado de acorde al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre estas plataformas de 2019.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[A pesar de que el presidente José Raúl Mulino informó que este lunes conversará con las partes correspondientes para analizar las críticas contra el decreto 10 de 16 de abril de 2026 que regula a las plataformas de servicio de transporte, la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) dio su apoyo irrestricto al mandatario por la aprobación de la disposición legal. 
"Esta acción no es un capricho; es un acto de justicia y orden", planteó Canatra en un comunicado, divulgado en las últimas horas. 
En un pronunciamiento dirigido al diputado Ernesto Cedeño, quien se opone al decreto, Canatra afirma que este ha sido cuidadosamente ajustado a las condiciones y parámetros dictados por la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de 26 de diciembre de 2019. 
A juicio de los transportistas, el decreto restablece la seguridad jurídica al eliminar lagunas y vicios de inconstitucionalidad. 
Por otra parte, garantiza equidad, cumple con los lineamientos de la Corte Suprema para la correcta prestación del servicio público y garantiza el derecho al usuario de elegir por dos ofertas en transporte selectivo. 
Uber e In Drive, las principales plataformas que ofrecen el servicio en Panamá han comunicado que evalúan el comunicado, en una actitud de cautela. 
Por otra parte han surgido críticas de actores políticos, como el alcalde Mayer Mizrachi que considera al decreto como un retroceso. 
Lo que más llama la atención es que el transporte deberá estar identificado con el plaraforma que utiliza, que el transportista deberá ser panameño y, el punto más conflictivo, los certificados de operación que deben ser autorizados por las prestatarias. 
En este punto, In Drive advirtió que podría perjudicar al 95% de conductores que operan con la plataforma. 
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