En este video gráfico podemos observar qué tipo de árboles se pueden plantar en aceras de áreas residenciales y vías públicas.
Ennio Arcia, Subgerente de Ornato y Medio Ambiente del Municipio de Panamá explica algunas características que muestran los árboles cuando ya necesitan manejo especial.
Estirito De Frías, Director Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, detalló los riesgos y esfuerzos que conlleva la falta de una política de arborización.
El huracán Otto no solo provocó pérdidas materiales y económicas en el país, sino que también dejó en evidencia una realidad con lo que se convive a diario y que pone en riesgo la vida de miles de panameños producto de la ineficiencia y burocracia para atender los casos.
No es una novedad que aceras y áreas verdes muy transitadas en la capital están invadidas de árboles viejos y enfermos; el problema radica en que a pesar de las denuncias las autoridades actúan luego de que se desploman sobre avenidas, viviendas y automóviles, acabando incluso con vidas humanas.
Luego de que la reciente caída de un árbol sobre un auto cobrara la vida de un menor de nueve años, vuelve a cobrar vigencia una pregunta que con el paso de los años se ha rodeado de respuestas excesivamente ambiguas...
Pero, ¿qué agencia del Estado es responsable de atender los árboles -sanos o enfermos- que se encuentran en áreas urbanas?
Si se quiere buscar el sustento legal para una respuesta definitiva, hay que comenzar recordando que el Artículo 243 de la Constitución y la Ley 106 de 1973 confiere competencias al Municipio, cuando lo hace responsable de las isletas, aceras y parques públicos.
También establece que el Municipio es el encargado del ornato, lo cual implica también atender árboles.
No obstante, la Ley 1 de 1994, que es la Ley Forestal de la República de Panamá; y la Ley 24 de 1995, que es la Ley de Vida Silvestre de la República de Panamá, le confieren competencias similares al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).
“Es como si hubieran dos competencias, no solo en el distrito capital, sino en toda la República”, advierte Harley Mitchell, abogado ambientalista panameño.
Para complicar los panoramas, en el pasado se dio un convenio entre el MiAmbiente (en ese entonces Anam) y el Municipio de Panamá para administrar juntos las competencias con respecto a los árboles.
Y en la administración Varela se hizo otro convenio donde prácticamente toda la adjudicación de permisos de tala y poda se le daba al Municipio, sin mayor participación de MiAmbente.
Es por eso que MiAmbiente suele decir que no tiene competencia sobre los árboles del distrito capital”, señala Mitchell.
Y agrega que “es peligroso que judicialmente se continúe con este juego de pelota, de que si el responsables es un lado u otro lado”.
Como solución jurídica, el abogado ambientalista explicó a Panamá América que lo mejor sería que el Ejecutivo impulsara una reglamentación de la Ley Forestal, “para delimitar las competencias de manera clara, justa y atendiendo la Constitución y las leyes existentes”, recomendó Harley Mitchell.
La situación es crítica. Actualmente no existe un detalle de cuántos árboles necesitan ser removidos para evitar tragedias, incluso, existe confusión sobre qué institución le corresponde atender este tema.
De hecho, cifras del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá revelan que del 1 de enero hasta el 24 de noviembre de 2016 se atendieron 901 casos de caídas de árboles.
La provincia de Panamá registró el mayor número con 211, le siguen Los Santos con 145 y David, Chiriquí, con 83.
Y es que, para la poda o tala de un árbol enfermo se requieren una serie de evaluaciones previas y los permisos podrían ser entregados en un mes, tiempo trascendental en el estado de la planta.
Los permisos son expedidos conjuntamente por el Municipio de Panamá, por medio de la Dirección de Gestión Ambiental y MiAmbiente mediante la Dirección Regional de Panamá Metropolitana.
Ennio Arcia, subgerente de Ornato y Medio Ambiente del Municipio de Panamá admitió que el proceso se ha hecho más burocrático porque hay más profesionales involucrados en los casos, además, hubo cerca de dos meses en que el Ministerio de Ambiente dejó de otorgar permisos, pues el Municipio tuvo que realizar un acuerdo Municipal y esperar el refrendo del Convenio.
Según Arcia se estima que en la distrito de Panamá existen unos 300 mil árboles entre sanos y enfermos, y ante la complejidad de un mantenimiento para esa cantidad de árboles, han empezado a elaborar un inventario para conocer las condiciones del arbolado, su distribución, especies, tamaños y afectaciones a los espacios públicos.
El inventario, que forma parte del Plan de Arborización de la Alcaldía, inició en Calidonia y Bella Vista por ser corregimientos donde hay más tránsito de personas y se prevé pasar a San Francisco y Bethania para poco a poco avanzar hacia el resto de los corregimientos del distrito de Panamá.
En Calidonia, por ejemplo, detectaron 19 árboles antiguos cuya copa es extensa y podría causar afectaciones.
Ahí el 35% de los árboles son de la especie ficus y su gran mayoría está dañando aceras y levantando calles.
El Plan de Arborización consta de cinco componentes: el levantamiento del inventario, el monitoreo del estado fitosanitario de los árboles mas antiguos en conjunto con el Instituto Smithsonian (tomografías sónicas), la programación de las podas preventivas para eliminar ramas secas, reducir copas, nivelar las cargas e incentivar el crecimiento de follaje nuevo.
Así mismo, la arborización y recuperación de áreas verdes, que incluye la modernización y ampliación del Vivero de la Alcaldía de Panamá ubicado en el Summit y actualización de la normativa.
Tragedia que surgió tras de la caída de un árbol, dejó en claro la negligencia de las instituciones estatales, algo que costará caro.
Incumplimiento de leyes vigentes y negligencia de las autoridades de turno quedaron al descubierto tras un fenómeno natural, lo que se combinó para provocar la lamentable muerte de un niño de 9 años.
Ahora, los padres de Ethan Jiménez confirmaron que demandarán al Estado, tras la muerte de su hijo a causa de la caída de árbol en los estacionamientos del colegio San Vicente de Paúl.
El abogado Silvio Guerra reaccionó señalando que si bien el Estado no puede controlar los fenómenos naturales, las autoridades sí eran responsables de suspender de manera oportuna las clases, con base en todos los reportes nacionales y extranjeros que alertaban sobre el peligro también para Panamá del huracán Otto.
El jurista lamentó que aquel día las autoridades esperaron hasta las 7:00 a.m. para decretar la medida de suspensión de la jornada escolar, “cuando muchos niños -entre ellos Ethan- ya habían viajado hacia sus colegios”.
No obstante, el experto en derecho ambiental, Donaldo Sousa, agregó que en temas de revisión de árboles y en otros múltiples asuntos ambientales, actualmente no solo impera la negligencia, sino una corrupción generalizada.
“Hay una mafia en las instituciones. Los panameños debemos entender que no es necesario que venga un huracán para que todos estemos peligro”, señaló.
Según el abogado ambientalista, la familia de este estudiante fallecido tiene todas las de ganar en su demanda.
“Y si ganan, el pago de su demanda le va a costar mucha plata al Estado, que somos todos, no solo el jefe de la comuna capital o la ministra de Ambiente”, indicó.
Agregó que este caso debe servir para que nunca más se repita, y que no mueran de manera injusta niños o adultos.
“Pero también para que se entienda que una negligencia como esta nos puede costar dinero a todos; dinero que debería servir para invertir en otras necesidades sociales”.
Concluyó diciendo que en este caso hubo negligencia del Gobierno en cumplir normas vigentes, y actuar para prevenir consecuencias colaterales.
Editor: Leo Flores / Enedelkis Magallón, Mellibeth González, Adiel Bonilla, Miriam Lasso / Infografía: Cristian Rodríguez /Videos y Fotografías: Cecilia Ruiz, Edwin González / Diseño: Rudy Yanis & Miguel Angel Quirós