Aumento de penas para los menores infractores de la ley no es la solución

La aprobación en primer debate del proyecto de ley 539 por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, ha encontrado voces en contra de la propuesta que busca endurecer las penas para los menores infractores.

La iniciativa es considerada por algunos sectores como un retroceso en materia de derechos humanos, mientras otros la consideran necesaria para reforzar la seguridad ciudadana.

Entre las voces críticas destaca la de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda de Troitiño, quien habló firmemente sobre este proyecto de ley y calificó la iniciativa como un "retroceso". Para la jurista, la propuesta legislativa desvirtúa el propósito original del sistema de justicia penal adolescente en el país.

La exmagistrada indicó que los menores de edad están en un proceso de desarrollo físico y psicológico continuo. Ante este panorama, sugirió que la sociedad y las autoridades tienen que preguntarse seriamente qué está pasando con todo lo que se ha dicho y analizado en materia de juventud, no solo en Panamá, sino a nivel internacional.

A juicio de Troitiño, la responsabilidad principal recae sobre el Estado, el cual posee una corresponsabilidad ineludible en la formación y educación de los jóvenes.

Por su parte, el sociólogo Paúl Córdoba coincidió en que el aumento de menores vinculados a delitos graves no puede explicarse únicamente como una decisión individual o un simple problema de "conducta". El especialista sostiene que este fenómeno es, en realidad, el resultado directo de profundas desigualdades sociales acumuladas durante años en el territorio panameño.

De acuerdo con el análisis del sociólogo, muchos adolescentes crecen en contextos hostiles marcados por la pobreza, la exclusión, la violencia intrafamiliar, el abandono institucional y la falta de acceso a educación, salud mental y empleo digno. En esos escenarios tan desoladores, las pandillas y las estructuras criminales terminan ocupando de forma efectiva los espacios que el Estado no ha logrado atender.'

del Ministerio de Gobierno muestran que en abril de este año, la cifra de menores infractores en el sistema representaba un 39% del total de casos.

según datos del Ministerio de Educación), para el año 2001 el 66% de los estudiantes no culmino el primer ciclo.

las provincias con mayor incidencia de menores vinculados a delitos graves y pandillerismo son Panamá (San Miguelito y el sector Este), Colón y Chiriquí (David).

Agregó Córdoba que las políticas punitivas pueden generar una percepción inmediata de control, pero difícilmente atacan las causas profundas de la delincuencia juvenil.

El endurecimiento de penas probablemente tendría un impacto más fuerte en comunidades pobres y periféricas, donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes en situación de exclusión social.