Coronavirus en Panamá
Contar con un arma legal se ha convertido en un problema
La situación se ha tornado desesperante para aquellos ciudadanos que requieren del permiso, porque ven las armas como una manera de protegerse ante el alto índice de criminalidad que existe en el país.
- Sugey Fernández
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- @Sugey_Fernandez
- - Actualizado: 07/6/2020 - 01:39 am
Las trabas y las excesivas exigencias del Gobierno para otorgar un permiso para portar armas y renovarlo, tiene muy preocupados a comerciantes y ciudadanos que consideran que necesitan esta herramienta para defenderse de los altos niveles de delincuencia imperantes en el país.
José Diez, de la International Defensive Pistol Asociation, capítulo de Panamá, asegura que el problema no solo radica en obtener los permisos para portar un arma legal, sino también en renovarlos.
Asegura que desde el año 2018 los obstáculos se agudizaron, porque en ese entonces en el Ministerio de Seguridad Pública, mediante el decreto 422, se añadieron otros requisitos a la lista existente.
Por ejemplo, las pruebas de ADN, la biométrica facial o reconocimiento facial y, lo que es peor, es que a la fecha, los equipos para realizar este tipo de pruebas en Panamá no existen.
La situación se ha tornado desesperante para aquellos ciudadanos que requieren del permiso, porque ven las armas como una manera de protegerse ante el alto índice de criminalidad que existe en el país y que incluso no ha cesado, a pesar de la pandemia del COVID-19.
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Frente a esta realidad, el criminólogo Marcos Aurelio Álvarez consideró que hay que tener en cuenta en manos de quién va a parar un arma, así sea de manera legal. A su juicio, son muchas las personas que en algún momento quieren tomar venganza por sus propias manos y esto crea más violencia.
'442
es el decreto de 2018 que añadió a la lista de requisitos las pruebas de ADN y de reconocimiento facial.
32
es el artículo del Código Penal que invocan los defensores de la tenencia de armas.
Existe un derecho a tener herramientas de defensa, según Isaac Brawerman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, el cual está plasmado en el artículo 32 del Código Penal, que plantea que cuando una persona es víctima de delincuentes armados, tiene derecho a defenderse.
Los permisos están paralizados y quizás esto ha creado frustración en algunos panameños, que en medio de la situación en la que se vive no pueden contar con un arma legal, a pesar de haber hecho una gestión hace años, dijo.
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