Contralor Flores enviará al Ministerio Público más datos sobre auditoría de Panama Ports

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la próxima semana entregará al Ministerio Público información adicional referente a la auditoría efectuada a la concesionaria Panama Ports Company (PPC), procedimiento que alcanza a antiguos directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a ejecutivos de la compañía portuaria.

Durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council en Washington D. C., el funcionario detalló que la ampliación del expediente responde a un requerimiento directo formulado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

"El procurador nos ha solicitado más información sobre lo que estamos haciendo con la auditoría. Deberíamos completar ese trabajo y entregarlo la próxima semana", dijo.

"Esto involucra a todos los antiguos miembros de la junta directiva de la AMP y a ejecutivos de PPC, porque alguien tiene que explicarnos qué ocurrió realmente y responder por el daño que le hicieron a su país", aseveró Flores.

Modificaciones contractuales y desplome en los aportes al Estado

El contralor calificó la concesión de Panama Ports como "un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de contratación pública", argumentando que los términos del contrato original firmado en 1997 sufrieron alteraciones sustanciales que perjudicaron las finanzas del Tesoro Nacional.

La norma inicial establecía una contraprestación fija de $22 millones anuales más el 10% de los ingresos brutos del complejo portuario (cálculo original desde 1997).

Bajo este esquema, Panamá llegó a percibir cerca de $29 millones en un solo ejercicio fiscal.

Modificaciones posteriores cambiaron el modelo de cobro hacia los movimientos de contenedores e ingresos netos bajo una contabilidad empresarial a la que el Estado no tenía acceso.

"Esos $29 millones se convirtieron en $1.4 millones de un año a otro. Tuvimos una licitación pública que se ganó bajo determinadas condiciones y de pronto comenzaron a cambiarlas para favorecer a PPC", denunció Flores.

Según las estimaciones arrojadas por la auditoría de la Contraloría, las modificaciones al contrato con PPC representaron una lesión de $1,300 millones para el Estado panameño. A título personal, el contralor opinó que activos estratégicos como el sistema portuario deberían permanecer bajo propiedad del Gobierno.

140 obras inconclusas han costado $1,100 millones al país

En el mismo espacio en la capital estadounidense, Flores expuso la situación de la infraestructura pública heredada de administraciones pasadas (Juan Carlos Varela, Partido Panameñista y Laurentino Cortizo, Partido Revolucionario Democrático), lamentando la existencia de 140 proyectos paralizados a nivel nacional a pesar de presentar avances constructivos superiores al 80%.

Esta parálisis acumulada en la última década ha representado un costo superior a los $1,100 millones, estimando que el Estado requerirá un desembolso adicional de $300 millones para culminar las estructuras y ponerlas al servicio de la ciudadanía.