Defensor del pueblo opina que procurador se equivocó
A juicio del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, el código sanitario, según los artículos 140 y 141, permite en la república Panamá realizar pruebas en pandemia.
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- - Actualizado: 04/11/2020 - 07:22 am
El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, expresó ayer su discrepancia con el concepto emitido por el procurador de la administración, Rigoberto González, sobre la legalidad de aplicar pruebas obligatorias para detectar nuevos contagios de la COVID-19.
A juicio del defensor del pueblo, el código sanitario, según los artículos 140 y 141, permite en la república Panamá realizar pruebas en pandemia.
"Me parece que @ProcuadmonPma (Procuraduría de la Administración) no consultó en debida forma la norma de 1947, aún está vigente", señaló Leblanc en su cuenta de Twitter.
Según el procurador de la administración, Rigoberto González, si bien el Ministerio de Salud (Minsa) es responsable de velar por la salud, "cualquier medida que implique intervención preventiva, diagnóstica y terapéutica debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la personas a quien se le debe aplicar...".
González alegó en su respuesta a la consulta hecha sobre la pretensión de aplicar las pruebas de manera obligatoria, que la adopción de estas medidas debe realizarse "con absoluto respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la vida y a la integridad personal..."
No obstante, el defensor del pueblo sostiene que "con esta prueba gratuita el Estado salvaguarda nuestra salud".
Tras conocer la respuesta de la procuraduría de la administración a la consulta hecha, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reaccionó diciendo que la contestación hace referencia específicamente a una de las pruebas que los equipos de salud aplican para descubrir los casos positivos del nuevo coronavirus.'
8
meses cumplirá Panamá la próxima semana de estar lidiando con la COVID-19.
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Según Sucre, la opinión de González se refiere a una prueba anterior que se realizaba y que la resolución emitida sobre la obligatoriedad es aplicable.
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Insistió en que el país está en una situación de emergencia, por lo que el Minsa está en el deber de tomar las medidas de protección pertinentes.
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