Ejecutivo envía ultimátum: cambios a la ley bananera dependerán de la apertura de vías

Ante la resistencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), el presidente José Raúl Mulino tomó la decisión de suspender la presentación de reformas a la ley No. 45 ante la Asamblea Nacional hasta que las vías sean reabiertas definitivamente. 

El mandatario señaló que los bananeros no han cumplido con su parte del trato, pues los bloqueos a lo interno de la provincia de Bocas del Toro se mantienen, agudizando la crisis económica del país. Por ello, aún no se han presentado los cambios a dicha norma.

“Al minuto que levanten los paros de manera permanente, esa ley va para la Asamblea”, dijo. 

Mulino detalló que ha hablado con el representante de Sitraibana, Francisco Smith, en todos los “idiomas habidos” para hacerle entender las consecuencias actuales y futuras de sus acciones, pero lastimosamente se niega a hacerlo. 

Las autoridades aclararon que cumplirán con su palabra, pero la única condición que tienen es que se levante la paralización de labores y cierres para evitar mayores pérdidas económicas al sector bananero. 

“Cumpliremos nuestra palabra, lo estoy diciendo ante todo el país, la palabra empeñada mía vale y se va a presentar la ley en la Asamblea”, aseguró el presidente durante su conversatorio semanal. 

Se espera que este viernes algunos miembros de la Comisión de Alto Nivel lleguen a la provincia para reunirse con representantes de los sectores afectados a fin de iniciar a estructurar el plan de reactivación. 

La declaratoria de estado de emergencia se centrará en el abastecimiento de medicamentos, combustible, productos agrícolas, agua, tanques de gas y otros enseres de primera necesidad que han empezado a escasear producto de los cierres de calles.

El resto del Gabinete se trasladará a la provincia el próximo lunes 2 de junio para continuar las conversaciones con los bananeros y conseguir que reabran las carreteras.

Durante su visita, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, también se reunirá con los directivos de la empresa Chiquita Panamá para tratar de recuperar los más 4,000 empleos perdidos por abandono injustificado. 

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, mencionó que la suspensión de operaciones de esta compañía se traduce en cientos de familias sin ingresos, comunidades afectadas y la reputación de Panamá como destino de inversión golpeada. 

“Ese es el costo de priorizar agendas sindicales cerradas sobre el bien de los trabajadores”, aseveró. 

El límite para las contrataciones especiales, mientras dure el estado de emergencia,  será de 10 millones de dólares.