Gabinete aprueba proyecto de ley para frenar apagones y obligar a distribuidoras a indemnizar a clientes

Atendiendo las reiteradas quejas y la frustración de miles de clientes por el desmejoramiento sistemático del servicio de electricidad, el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 10-26, el cual introduce modificaciones quirúrgicas al Texto Único de la Ley 6 de 1997 (marco regulatorio del sector eléctrico). El objetivo es frenar las constantes fluctuaciones y los apagones que golpean el bolsillo de los ciudadanos.

Durante las últimas décadas, los usuarios han tenido que lidiar con pérdidas económicas debido a daños en electrodomésticos causados por la inestabilidad del sistema. En respuesta, Ejecutivo refuerza, mediante esta iniciativa legislativa, tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando reglas orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes. 

¿Qué cambia con el Proyecto de Ley 10-26?

La propuesta modifica la dinámica actual de reclamos e introduce tres ejes de presión regulatoria:

Dispone que las multas millonarias impuestas a las distribuidoras se hagan efectivas y que esos recursos lleguen directamente como crédito a la factura del cliente afectado, en lugar de perderse en burocracia.

Se fijan tiempos máximos y definidos para que las empresas resuelvan las quejas por daños de equipos, obligándolas a reconocer créditos a favor del usuario si incumplen las normas de calidad.

La ley prepara el terreno para abrir el mercado a una mayor competencia justo antes de que venzan y se tengan que renovar las actuales concesiones de distribución en el año 2028.

La iniciativa dota a la autoridad reguladora de herramientas más severas para supervisar, prevenir y sancionar de manera expedita las interrupciones del suministro.

Electrificación rural y el futuro de la tarifa

El proyecto también incluye un brazo social: obligará a las empresas distribuidoras a trabajar de la mano con la Oficina de Electrificación Rural (OER) para cofinanciar y llevar el servicio a las comunidades más vulnerables, aisladas y de difícil acceso del país.

Tras recibir luz verde por parte del Gabinete, la propuesta será trasladada formalmente a la Asamblea Nacional, donde iniciará su proceso de debate, consulta y eventual aprobación en los próximos tres debates de rigor.

Con este paso, la Secretaría Nacional de Energía reafirma su compromiso de modificar el marco eléctrico del país con reglas claras, en favor de un mejor servicio y de una tarifa que refleje el costo real para el beneficio de todos los panameños.