La nueva constitución necesita cambios reales y profundos, no reformas

La autorización del Tribunal Electoral (TE) que permite a un colectivo ciudadano iniciar la recolección de firmas para promover una Asamblea Constituyente en el país, a juicio de Miguel Antonio Bernal, es una "vía de engaño a la población".

El coordinador ejecutivo de la Secretaria Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), señaló que la constituyente paralela es una herramienta bajo la cual quieren refugiarse los "enemigos del cambio constitucional", por ello, su objetivo no es impulsar una reforma, sino un verdadero cambio que se ajuste a las necesidades de la sociedad actual.

"Lo que queremos llevar adelante son cambios constitucionales, no reformas; los reformistas están en el Tribunal Electoral aupando una supuesta constituyente paralela", dijo previamente a Panamá América.

La decisión del TE y promoción del movimiento "Los seiscientos mil, que cambiarán la constitución" ha generado dudas entre los ciudadanos, ya que, mientras estos promueven una constituyente paralela que permita la revocatoria de mandato presidencial, el Gobierno lleva a cabo un proceso de alfabetización para diseñar una nueva constitución que podría empezar a regir en 2029, es decir, definiría las reglas de la próxima contienda electoral.

Bernal reiteró que la confusión que existe entre la ciudadanía ha sido patrocinada por los magistrados del TE al aceptar la solicitud de dicho grupo. "Aquí hay falsedad ideológica que hay que desnudar".

Ante dichos cuestionamientos, los magistrados salieron al paso, afirmando que su decisión no solo respeta la voluntad de la ciudadanía, sino que también cumple con lo que establece la ley.

"Si nuestra constitución establece tres mecanismos de recolección de firmas para una constituyente, nosotros como Tribunal Electoral no podemos negarle el derecho que tiene la ciudadanía", aseveró el magistrado Luis Guerra.'

La decisión del TE y promoción del movimiento "Los seiscientos mil, que cambiarán la constitución" ha generado dudas entre los ciudadanos, ya que, mientras estos promueven una constituyente paralela que permita la revocatoria de mandato presidencial, el Gobierno lleva a cabo un proceso de alfabetización para diseñar una nueva constitución.

Los magistrados del Tribunal Electoral afirman que su decisión no solo respeta la voluntad de la ciudadanía, sino que también cumple con lo que establece la ley.

Panamá, actualmente, se rige por la Constitución promulgada el 11 de octubre de 1972.

Guerra indicó que frente a tales comentarios responderán con trabajo permanente a los ciudadanos del país, por lo tanto, el colectivo podrá continuar con su recolección de firmas para reformar la constitución.

Requisitos

El "Movimiento Los seiscientos mil, que cambiarán la constitución" tiene hasta el mes de febrero del próximo año para lograr la cantidad de firmas exigidas que equivale al 20% del padrón electoral vigente.

Posteriormente, se convocaría a una elección para escoger a los miembros de la Asamblea Constituyente e iniciar con las reformas a la normativa que deben ser aprobadas en un referéndum.

Panamá, actualmente, se rige por la Constitución de 1972.