Los certificados de salud mental no son obligatorios; salvo algunas excepciones, reiteró el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Sección Nacional de Salud Mental, indicó este miércoles que la exigencia de certificados o evaluaciones de salud mental es una medida de carácter excepcional, limitada exclusivamente a tareas de alto riesgo, y prohibida como requisito general para el acceso al empleo o estudios.

Los sectores contemplados bajo esta excepción incluyen: Seguridad y Defensa como el Personal de la Fuerza Pública y seguridad penitenciaria que porte armas de fuego,  pilotos y controladores de tráfico aéreo, sectores críticos: operadores de materiales peligrosos y personal de infraestructura estratégica.

El Minsa fue enfático al señalar que no se puede exigir este requisito a médicos, docentes, abogados, enfermeras, personal administrativo ni a estudiantes en procesos de admisión universitaria o de posgrado.

El jefe nacional de la Sección de Salud Mental, del Minsa, Roberto González de La Lastra, mencionó que, según el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo 61, la evaluación psiquiátrica solo es válida cuando se cumplen tres condiciones simultáneas: justificación escrita, evaluación individual (nunca masiva) y una tarea de alto riesgo definida.

Fundamentos de la prohibición

De La Lastra reiteró que solicitar certificados de forma masiva carece de validez científica para predecir la idoneidad profesional y constituye una violación a los derechos humanos. Además, esta práctica genera una sobrecarga innecesaria en los servicios de psiquiatría del sistema público, desplazando a pacientes que requieren atención clínica urgente.

Esta disposición, basada en la Ley No. 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024, busca frenar prácticas discriminatorias y garantizar que ningún ciudadano sea excluido de oportunidades laborales o académicas por su historial de salud mental.

Lineamientos para Recursos Humanos

El Minsa aclaró que los departamentos de Recursos Humanos mantienen la facultad de realizar pruebas psicológicas de competencias, siempre que:

- Sean administradas por psicólogos laborales.

- ​Se enfoquen en habilidades técnicas y aptitudes para el puesto.

- Tengan un fin no clínico, sin emitir diagnósticos sobre trastornos mentales.

Finalmente, el Minsa instó a las instituciones públicas y privadas a adecuar sus reglamentos internos de inmediato. El incumplimiento de estas normativas podrá derivar en acciones legales y administrativas por discriminación, reafirmando el compromiso del Estado con la protección del derecho humano a la salud mental.