Panamá
Presentan proyecto de ley para impulsar la producción nacional de medicamentos
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Presentan ante la Asamblea Nacional reformas a la Ley 419 de 2024 para fomentar la producción nacional de medicamentos y sancionar el desabastecimiento.
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Con el objetivo de incentivar la producción local y disminuir la dependencia de fármacos importados, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone modificaciones sustanciales a la Ley 419 de 2024, marco regulatorio de los medicamentos en el país.
La propuesta legislativa, impulsada por el diputado Crispiano Adames, plantea actualizar las clasificaciones vigentes para establecer una distinción clara entre los laboratorios farmacéuticos de medicamentos y los laboratorios químico-farmacéuticos, sentando las bases para el desarrollo de un parque industrial farmacéutico en Panamá.
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Estrategia económica y seguridad nacional en salud
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el fortalecimiento de la industria nacional no solo busca responder a una necesidad del sistema público de salud, sino actuar como un motor económico mediante la generación de empleos, la transferencia de tecnología y la atracción de inversiones.
La iniciativa plantea además que el Estado cuente con la facultad de priorizar la compra de medicamentos de producción panameña, lo que optimizaría los presupuestos institucionales del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), garantizando un suministro fluido y oportuno para los pacientes.
Controles a contratistas y régimen sancionatorio
En materia de compras públicas, el proyecto introduce mecanismos para sancionar a las empresas, representantes legales y grupos económicos vinculados que incurran en incumplimientos de contratos u órdenes de compra.
"Contar con una industria local más desarrollada permitirá al Estado disponer de aliados estratégicos ante eventuales emergencias sanitarias y garantizar la continuidad de tratamientos esenciales", destacó Adames.
La responsabilidad de imponer dichas sanciones recaerá sobre el representante legal de la entidad contratante o el funcionario en quien se delegue la potestad. La propuesta iniciará próximamente su primer debate en la comisión correspondiente del Órgano Legislativo.
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