Suntracs promueve la anarquía en Bocas del Toro y lanza amenaza

El Ejecutivo rechazó las amenazas del dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Diógenes Espinoza, por atentar contra la seguridad del Estado y sus funcionarios, y aseguró que interpondrán las acciones legales necesarias para que los organismos autorizados actúen como corresponda.

Espinoza le dio un plazo de 24 horas a las autoridades para atender sus exigencias, de lo contrario, aseguró que se tomarían las oficinas públicas de la provincia de Bocas del Toro como una medida de protesta en rechazo a la ley de reformas a la Caja de Seguro Social. 

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, rechazó las declaraciones del dirigente, catalogándolas como "amenazas", cuyo objetivo es atentar contra el Estado, y anunció que pondrá a las autoridades del Ministerio Público (MP) en contexto para que atiendan la situación. 

"Esa no es la manera ni el mecanismo, (...) la dirigencia del Suntracs sigue llevando las cosas cuando a ellos no les conviene de manera amenazante", dijo. 

Orillac señaló que han tratado de hacer todo lo posible para que los cierres en la provincia cesen, no obstante, algunos grupos insisten en mantenerse en las calles y no atender las conversaciones y acuerdos a los que han llegado en estos 15 días de reuniones. 

Cese de Chiquita Panamá

A partir de esta semana, la empresa Chiquita Panamá liquidará a todo su personal, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, tras sostener conversaciones con sus directivos.

Muñoz detalló que la compañía bananera ya desvinculó a todo su personal administrativo debido a la crisis que enfrenta la provincia producto de los cierres de calle del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), y se espera que en los próximos días presenten la autorización de despidos del resto del personal que totaliza en 1,600. 

La titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), indicó que las 60 personas que desempañaban funciones administrativas dentro de la empresa también han sido desvinculadas y ya no se encuentran en Panamá. 

Además, la empresa le informó de manera preliminar que la segunda instancia judicial también declaró la huelga de los trabajadores bananeros “ilegal”, una decisión que las autoridades ya se esperaban debido a que estas acciones no obedecen a temas labores, sino que son paralizaciones de hecho. 

La respuesta del representante de Sitraibana, Francisco Smith, a esta situación fue que vivirán en las calles hasta que la ley especial del sector bananero sea aprobada por la Asamblea y publicada en Gaceta Oficial por el Ejecutivo.