Tercera semana de huelgas: entre nuevas adhesiones y llamados al diálogo

Las concentraciones y cierres de calle en rechazo a la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) cumplen su tercera semana consecutiva. Para este lunes, nuevos grupos se unieron a la lucha de los trabajadores de la construcción y docentes exigiendo la derogación del proyecto.

El dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, reiteró que las manifestaciones en defensa de la seguridad social se mantendrán hasta que el Ejecutivo elimine dicha norma.

Méndez hizo un llamado a sus compañeros para que garanticen la suspensión de labores en todos los proyectos de construcción a nivel nacional, pese a la “presión” de las unidades policiales.

Los docentes tampoco han retornado a los centros escolares aunque el Ministerio de Educación (Meduca) dio órdenes de reanudar las clases. 

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), uno de los grupos que se une al llamado de protesta, anunció un paro militante en todas las instalaciones de salud del país, suspendiendo los servicios de consulta externa y cirugías electivas.

Una decisión que rechazan los pacientes por considerar que están utilizando su salud como “moneda de cambio”, poniendo en riesgo su vida y bienestar.

El gremio de enfermeras también confirmó su participación, pero de manera pacífica a través de piqueteos y marchas en todo el país, sin afectar la atención de pacientes.

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep) no descarta efectuar otras acciones a partir del próximo 19 de mayo.

“Dependiendo de la evolución del escenario nacional y de las respuestas a las legítimas demandas de la población, se contempla la posibilidad de un llamado a paro de labores”, señaló Elydia Espinosa, presidenta de la Anep.

Las enfermeras marcharán a finales de esta semana hasta la Presidencia de la República para exigir la derogación de la ley No. 462.

Aunque el Ejecutivo ha reiterado que respeta el derecho a huelga, no está de acuerdo con los cierres de calle debido a sus consecuencias económicas, por ello, hizo un llamado al diálogo y a la conciencia de los ciudadanos.

Según los empresarios, cada cierre de calle le cuesta al país más de 50 millones de dólares.