Denuncian supuesta red de corrupción en La Joyita: Explosiva acusación contra custodios y policías

Un familiar de un privado de libertad del centro penitenciario de La Joyita denunció la existencia de una presunta red de corrupción que, según aseguró, opera dentro de la cárcel con la participación directa de algunos custodios y agentes de la Policía Nacional.

La mujer reveló a Telemetro que cada vez que las autoridades realizan requisas y decomisan artículos prohibidos, algunos de esos mismos objetos terminan regresando a manos de los reos, pero después de que sus allegados paguen fuertes sumas de dinero. Según su versión, los teléfonos celulares se han convertido en uno de los principales negocios ilícitos dentro del penal.

El "negocio redondo" de los decomisos y las requisas

La denunciante insistió en que ningún familiar tiene la capacidad real de introducir armas o tecnología al centro penitenciario sin la complicidad de los funcionarios encargados de mantener la seguridad.

"Los celulares, igual que la droga y las pistolas, entran porque esto es un negociado que ellos (policías y custodios) tienen allá adentro", afirmó de manera categórica.

La mujer aseguró que, tras la culminación de los operativos de seguridad, varios de los celulares decomisados son retenidos estratégicamente y posteriormente revendidos a sus propios dueños originales.

Tarifas de recuperación: "Ellos vuelven y les cobran a los familiares. Un teléfono puede costar entre 200 y 300 dólares para recuperarlo o para que entre uno nuevo", manifestó.

Drogas, armas y falta de controles

De acuerdo con el testimonio, el supuesto esquema de corrupción no se limita únicamente a los dispositivos móviles. Otros artículos ilícitos como drogas, cigarrillos y armas entrarían de forma constante mediante mecanismos que, según ella,  involucran a funcionarios corruptos.

"Todo eso lo cobran. Es un negocio redondo que tienen cada vez que hacen requisas", expresó la ciudadana.

Finalmente, la denunciante sostuvo que la criminalidad dentro de las cárceles no cesará mientras no exista una fiscalización y vigilancia más estricta sobre el personal que tiene la responsabilidad de custodiar los centros penitenciarios.

"Los privados de libertad tienen que pagar su condena, pero aquí hay una corrupción grande y esto se ha convertido en un negocio para algunos", concluyó.