Conclusión. La construcción de la presa y la conformación del embalse cambiaría la dieta de las comunidades del área.
Informe de la ONU ha causado revuelo en dirigencia indígena
Para los grupos de resistencia al proyecto de Barro Blanco en la comarca Ngäbe- Buglé, el informe de la ONU no dice nada nuevo, pues reafirma señalamientos que ellos han estado haciendo hace tiempo.
- - Publicado: 05/1/2013 - 08:58 pm
Datos sobre el Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco
- Las obras de este proyecto están ubicadas en los corregimientos de Veladero y Bella Vista del distrito de Tolé, y usará las aguas del río Tabasará para generar energía eléctrica.
- La empresa a cargo es Generadora del Istmo S.A. (Genisa), la cual informa en su sitio web que la evaluación del impacto ambiental comenzó desde la etapa previa de factibilidad.
- El Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco inició obras de construcción el 16 de febrero de 2011, y construirlo en su totalidad tomará unos 28 meses.
Los resultados de la verificación de campo que realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, y que confirman que este va a afectar a las comunidades dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, ha despertado diversas reacciones y provocado reuniones entre las dirigencias indígenas que se oponen a la obra.
Yaritza Espinoza, miembro de la mesa técnica que trabajó en la verificación de campo, informó que en esta inspección se estudiaron las comunidades indígenas de Nuevo Palomar, Quebrada de Caña y Kia, que van a ser afectadas por el impacto de la obra, y también se revisó el uso del río y la existencia de petroglifos dentro de la zona.
Espinoza precisó que luego de esta verificación, se debe entrar en la etapa de peritaje por parte de la ONU de forma independiente, contando con su asistencia técnica y sujetándose a los acuerdos establecidos al firmar la ley 11 de la comarca Ngäbe-Buglé.
En tanto, Celio Guerra, presidente del Congreso Tradicional Ngäbe-Buglé, calificó de “infame” la actuación de la cacica Silvia Carrera, de pedirle al Gobierno que paralice la obra, cuando ella, en conjunto con la Coordinadora, firmaron los acuerdos en la Ley 11, que indica que la empresa Genisa iba a paralizar sus funciones cuando los peritos independientes llegaran a realizar el peritaje, pero luego reanudarían el trabajo hasta cuando se entregara el informe.
Guerra precisó que para los grupos de resistencia el informe de la ONU no es nada nuevo, pues era lo que venían señalando hace mucho tiempo, y lo preocupante de la situación es que el ministro Fábrega ha indicado que el proyecto va.
“La pregunta que nos hacemos es qué hace la Coordinadora, el M-10 y Silvia Carrera en una mesa de diálogo, cuando todo este tiempo la empresa ha aumentado el pie de fuerza para culminar el proyecto”, sentenció. Puntualizó también que el peritaje independiente que se va a efectuar es para cuantificar los daños, y “a la empresa le tocará indemnizar a las comunidades inundadas para cumplir con la ley”.
“Se trataría de las primeras víctimas de la Ley 11, aprobada por Silvia Carrera y la Coordinadora”, dijo, mientras que las comunidades afectadas se están reuniendo con los grupos para determinar qué medidas se van a tomar.
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