$80 millones le ha costado a la ACP su defensa legal

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha invertido en gastos legales $80.2 millones desde el 2007 a la fecha, en cuanto a apoyos judiciales en implementación de contratos, variaciones y consultas durante la ejecución del proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

Esta suma también incluye la defensa de reclamos en todas las instancias que se aprobaron para dirimir diferencias con sus contratistas.

Las relaciones entre la ACP y Grupo Unidos por el Canal (GUPC) siempre estuvieron marcadas por reclamos que, a consideración de la entidad canalera, en su mayoría estaban inflados y no tenían mérito.

La ACP ha pagado $340 millones a GUPC, que incluyen los montos adjudicados por La Junta de Resolución de Conflictos (DAB), por sus siglas en inglés, y los montos reconocidos por la propia entidad canalera.

GUPCSA presentó el "Statement at Completion" (Estado de Cuenta al Terminar las Obras), el cual debía ser presentado conforme al contrato.

"En este documento, GUPCSA incluyó lo que a su juicio representa la totalidad de sus reclamos: los que ya habían sido presentados ante la ACP y nuevos que hasta la fecha no habían sido notificados a la ACP", dijo Ilya Marotta, vicepresidente ejecutiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Indicó que el 19 de diciembre de 2016, la ACP recibió dos nuevas solicitudes de arbitraje interpuestas por GUPC ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.    "Algunos  de estos ni siquiera han sido presentados al oficial de contrataciones de la ACP, y la entidad tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre estos reclamos en su debido momento".'

Continúan diferencias entre GUPC y la ACP por las reclamaciones

De acuerdo con una publicación del diario “El País” de España, el consorcio encargado de la construcción del tercer juego de esclusas ha elevado hasta $5,673 millones el dinero que está dispuesto a reclamar por los sobrecostos y retrasos de la obra.

El proyecto del tercer juego de esclusas fue adjudicado en el 2009 a GUPC, liderado por la empresa española Sacyr por $3,118 millones. Sin embargo, las diferencias entre la ACP y GUPC no se hicieron esperar e incluso en el 2013 la obra fue paralizada por el consorcio.

“Yo espero que la ACP, en el contrato, se haya blindado sobre ese tema y que las condiciones del contrato hayan sido lo suficientemente claras para tener las protecciones que la ACP necesitaba, los contratos siempre tienen previsiones para cubrir sobre todo al dueño de la obra”, dijo Rommel Troetsch, presidente de la Cámara Marítima. Espera que el contrato tenga esas previsiones para poder proteger los intereses del país.

Por su parte, la ACP no considera que los reclamos tengan mérito, "si lo hubieran tenido se hubieran reconocido", dijo Marotta.

La ACP ha pagado los montos que han sido adjudicados al contratista y presentará sus defensas oportunamente", señaló.

Sin embargo, GUPC ha incluido reclamos pendientes por decisión del DAB en arbitraje, según explicó la ingeniera.

Ayer comenzó la audiencia de cierre en arbitraje por el caso de la ataguía por $192 millones y que anteriormente había sido denegado por el DAB.

De acuerdo con información de la entidad canalera, los reclamos en arbitraje ascienden a $5,618 millones.

Para Julio De La Lastra, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), esto era de esperarse porque se vio un consorcio GUPC manifestando muy mala fe a la hora de trabajar ese proyecto, de hecho, al año y 8 meses de demora de la entrega de la obra, tampoco se ha cuantificado cuánto ha perdido el país por este atraso.

"Estas pretensiones de querer cobrar por temas de sobrecosto, literalmente el doble y más de lo que costó la obra, la cual originalmente estaba presupuestada en 5,250 millones de dólares y terminó costando $5,400 millones, sin ningún tipo de reclamación nos parece una aberración", dijo.

Considera que por un tema de dignidad empresarial deberían replegarse, "ya completaron la obra y nos hicieron perder mucho más dinero como país, de lo que ellos han llegado a perder". "La industria en pleno no ve en serio la proposición de GUPC, es como una burla de que el sobrecosto sea mayor al costo total de la obra", dijo.