Inversión extranjera en riesgo por la falta de transparencia

La denuncia internacional por la supuesta ilegalidad en la reciente licitación que llevó a cabo la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), preocupa a distintos sectores, porque la percepción internacional de falta de transparencia podría ahuyentar la inversión .

La decisión de las autoridades de adjudicar el contrato de generación térmica de 350 MW a Gas Natural Atlántico, una subsidiaria de AES Corporation, generó denuncias de ilegalidad por parte de Panamá Power Corp. (IPPCO) y Pentacles Energy S.A.

Las empresas, que participaron en la licitación, denuncian específicamente que la información que presentó la empresa ganadora es presuntamente falsa, por lo que existe una posible ilegalidad en el contrato.

Al no recibir respuesta por parte de Etesa, IPPCO ha denunciado el proceso ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, situación que según el economista Juan Jované ahuyenta las inversiones.

Para el experto, con este tipo de licitaciones la postura de los inversionistas extranjeros será apática, ya que considerarán que no tiene caso llevar a cabo inversiones en el país, porque las reglas no se cumplen.

"Este Gobierno prometió mucha transparencia y que se iba a cambiar la ley de las licitaciones, y eso no se ha hecho", aseguró Jované.

A juicio del especialista, el Gobierno ha retrasado de manera ex profesa el cambio de ley para hacer las licitaciones con la vieja reglamentación y luego hacer la modificación.

Asevera también que el Estado sigue siendo un acumulador de capital privado. "Las licitaciones, más que resolver problemas económicos o sociales, están diseñadas para favorecer a personas que tienen algún tipo de vínculo político de financiamiento con el Gobierno", sentenció.

La denuncia también inquieta al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, pues asegura que "toda denuncia afecta a Panamá, no somos una isla, nos debemos a una reputación, no solo local sino también internacional, y cualquier mala noticia que salga a dirimirse, va a afectar la imagen del país".

Destacó que "desafortunadamente no tiene acceso al pliego de licitación, por lo que no le es posible saber a ciencia cierta lo que sucedió, pero que precisamente la ley de transparencia que se evalúa pretende solucionar este tipo de problemas que afectan el resultado de una licitación y se percibe como falta de transparencia.

Sin embargo, el abogado Ernesto Cedeño recordó que la diputada Ana Matilde Gómez presentó un proyecto con esta finalidad y que el Gobierno tiene otro, pero no se sabe si en algún momento se va a discutir en la Asamblea Nacional.

Además, consideró que "el 31 de octubre termina la legislatura y no se ha escuchado que las modificaciones a la ley de contrataciones públicas esté en agenda".

Pese a las contrariedades para realizar los cambios que los distintos sectores del país piden para que haya mayor transparencia en las contrataciones que realiza el Estado, el sector empresarial tiene la esperanza de que actualmente se respeten las leyes.

"Yo quisiera pensar que realmente la licitación se llevó como debía ser", señala De La Lastra. Pero asegura de igual forma que "habrá mucha información que saldrá a la luz en los próximos días".

Mientras que Ricardo Sotelo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, no cree que ninguna empresa se haya corrido el riesgo de presentar documentación falsa, pues específicamente para esta licitación las penalizaciones por incumplimiento de contrato son altas, gracias a la solicitud que hizo el sector privado.

Por su parte, Cedeño destaca que si una empresa de un país considera que hay un problema en cuanto a la ejecución de un pliego, puede buscar a su embajador y es el Ministerio de Comercio e Industrias el que tiene que ver con el cumplimiento del TPC (Tratado de Protección Comercial), es el que tiene que darle respuesta.