Demandarán ley sobre delación premiada por ser inconstitucional
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El numeral 2 del artículo 24, que permitiría la suspensión de la apertura de una causa criminal con el delator, es uno de los aspectos que más inquietan a quienes se oponen a esta ley de la República.
La Asamblea Nacional demoró en la aprobación de la ley; el Ejecutivo la sancionó en menos tres días. /Foto Víctor Arosemena.
La Ley 4, que fue sancionada por el presidente Juan Carlos Varela y que contiene el polémico artículo sobre la delación premiada, será demandada esta semana por varios abogados por inconstitucional.
La demanda se sustentaría en que la manera como está redactado el artículo 24 de dicha ley se prestaría para manipulación política y para la impunidad.
El abogado Roniel Ortiz dijo que esta semana concurrirá a la Corte Suprema de Justicia, en donde presentará la Gaceta Oficial en la que se promulga dicha ley para demandarla por tener visos de inconstitucionalidad.
Según Ortiz, con esa ley, la justicia queda en el aire y daría lugar a que aquellas personas responsables de actos de corrupción, con solo dar información que ellas estimen conveniente, se burlen de la justicia y del pueblo panameño.
"Si una persona que hable no es sancionada, la justicia queda en el aire y puede ser objeto de manipulación política", sostuvo Ortiz.
Según el jurista, el principio de la delación premiada es que el favorecido cumpla parte de la pena, como lo establece el Código Judicial.
La Ley 4, conocida como el proyecto 245, señala en su artículo 24 que se podrá acordar una rebaja de la pena o se mantendrá en suspenso la solicitud de apertura a causa criminal hasta tanto se concreten las condiciones del acuerdo, "decretándose la ruptura de la unidad procesal respecto al colaborador eficaz".
Claves
La Ley 4 fue promulgada el viernes en la Gaceta Oficial N.°28221-B y reforma el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta otras disposiciones.
Amplios sectores políticos y civiles coinciden en el hecho de que esa ley será utilizada políticamente por el Gobierno.
Alma Cortés, presidenta encargada del CD, lamentó que dicha ley fuera hecha para blindar a políticos y empresarios allegados al gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
Según los juristas que se oponen al artículo 20 de la ley aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional y que fue sancionada inmediatamente por el Ejecutivo, lo correcto es que el delator pague parte de la pena antes de ser premiado y además, debe mostrar arrepentimiento y devolver los bienes mal habidos.
Además de Roniel Ortiz, también Ernesto Cedeño manifestó su intención de demandar la ley de delación premiada por "ineficaz e inconstitucional".
Otros sectores aseguran que la premura por aprobar esta ley es para favorecer a figuras del gobierno actual que pudieran verse señaladas y condenadas en casos de corrupción como los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht y el escándalo conocido como Lava Jato.
"Me imagino que se hizo para personas de altos perfiles, las cuales pudieran acogerse al artículo y decir lo que quieran y recibir un premio a cambio; no les interesa descubrir la totalidad; es una ley a la que le falta mucha sustancia", analizó Ortiz.
Otros abogados, así como el Colegio Nacional de Abogados, han sostenido que para tener derecho a la rebaja de pena se debe devolver lo robado, y lo más que se puede dar por su colaboración es una rebaja de pena, según la naturaleza del delito, y no como se aprobó en esta nueva ley.

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