Procurador advierte que directivos de la CA no son funcionarios

20/3/17 - 12:00 AM
El procurador de la administración, Rigoberto González, manifestó que a los miembros de juntas directivas no se les considera como funcionarios.

Riccardo Francolini permanece bajo medida cautelar de detención preventiva en el centro penitenciario El Renacer. /Foto Archivo

  • Redacción | [email protected] | @PanamaAmerica                                            

La opinión del procurador de la administración, Rigoberto González, es clara. Los ciudadanos que forman parte de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) "no revisten el carácter de servidores públicos".

González, en respuesta a una consulta realizada por la gerente general encargada de la institución bancaria, Paola Domínguez, sobre las renuncias presentadas por directivos.

Partiendo de esta premisa, se considera que como no son funcionarios, el expresidente de la junta directiva del banco estatal Riccardo Francolini, quien está bajo detención preventiva desde hace 159 días, no puede ser acusado del delito de peculado de uso, por el cual hoy está procesado y privado de libertad por orden de la fiscal anticorrupción Tania Sterling.

El abogado y exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez, en su momento, había advertido que la fiscal Sterling estaba actuando por venganza, lo cual denota la persecución política que existe en contra de Francolini, en referencia a los cambios de medida cautelar de país por cárcel a Ricardo Arango Pezet, quien también ejerció como directivo del banco.

"Claro que hay vínculos en un proceso que puede denominarse como una aberración jurídica porque nunca hubo peculado de uso", declaró.

El jurista también explicó que Francolini "no solamente está detenido por ser directivo de una televisora que informa los actos de corrupción del Gobierno, sino que además están presionando para que NEXtv venda sus acciones y cambiar su línea editorial".

La Caja de Ahorros, como persona jurídica, fue presionada para ser parte querellante en este caso, sin embargo, en todo momento certificó que el préstamo investigado no presentó irregularidad alguna.

Sin embargo, la presión propició la renuncia de varios miembros de la junta directiva del banco.

Estos fueron Álvaro Tomas, Eduardo García de Paredes y Paul Leignadier, ante lo cual, la gerente encargada, Paola Domínguez, solicitó al procurador de la administración su opinión sobre si estos deberían permanecer en sus puestos hasta que se nombre a los nuevos directivos.

Ante esta solicitud, el procurador dijo que de acuerdo con la Procuraduría, los miembros de entes colegiados no pueden abandonar las funciones asignadas porque lo que se está delegando es la función pública, la cual no puede quedar sin responsable.

"En nuestro ordenamiento jurídico, este principio está contenido en el artículo 793 del Código Administrativo, el cual es perfectamente aplicable a los miembros de los entes colegiados que por destinación legal, mecanismo de control que busca evitar que se produzca la falta absoluta de quien ejerza el cargo", sostuvo.

El artículo 793 señala que "ningún empleado administrativo dejará de funcionar, aunque su periodo haya transcurrido, sino luego de que se presente a reemplazarlo el que haya sido nombrado al efecto, o el suplente respectivo".

El exministro de Seguridad y abogado José Raúl Mulino fue otro que advirtió que en este proceso se manejaba información y recursos privados, por lo que no cabía la ilegalidad.

Explicó que los fondos de la CA son de los depositantes, no del erario.

"Lo que investiga la fiscal Tania Sterling es un préstamo mercantil, no dinero sustraído del Tesoro Nacional, que además se pagó con sus intereses. Pagar un préstamo no es devolver dinero robado", destacó Mulino.

Recientemente, se conoció de un movimiento similar realizado por el Banco Nacional para financiar al consorcio que construye la Línea 2 del Metro, cuya modalidad, denominada "factoring" es normal en el sistema bancario.

Sin embargo, el temor a procesos legales puede haber incidido en que varios directivos de este banco hayan renunciado, según se conoció preliminarmente.

Sustentan cambio de medida cautelar a favor de Francolini

La abogada Marcela Araúz Quintero explicó ante los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia que a su defendido, el empresario y presidente de la televisora NEXtv, Riccardo Francolini se le aplicó la medida cautelar más estricta en el ordenamiento legal panameño.

Dejó claro que a su cliente también se le violentaron los principios fundamentales de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que indicó que se deben cumplir. 

La jurista pidió a este tribunal proceder a sustituir la medida de detención preventiva de Francolini por otra medida cautelar menos grave, que le asegure su comparecencia al proceso, a fin de que ejerza sus labores habituales y que le permitan el sostenimiento de su familia.

"Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad", sostuvo Araúz en su intervención.