El Ejecutivo contra la solidaridad intergeneracional

En un reciente documento publicado por el Fondo Monetario (FMI) el 7 de julio, el cual se titula IMF Executive Board Concludes 2015 Article IV Consultation with Panama, este organismo se refiere explícitamente al actual sistema de pensiones de nuestro país. Es así que luego de asegurar que el mismo “abarca pasivos por pensiones no fondeados”, el documento señala que los directores del FMI “subrayan la importancia de reformar el sistema de pensiones”.

LO QUE EL PRESIDENTE VARELA RODRÍGUEZ OBVIA EN SU FORMA DE VER EL PROBLEMA ES EL HECHO DE QUE EL PROBLEMA NO ES PRODUCTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL DEL SISTEMA DE BENEFICIO DEFINIDO, SINO EL CONTENIDO DE LA NEFASTA LEY 51 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005, APROBADA CON EL APOYO DE SU PROPIO PARTIDO...

Se trata de una propuesta que, teniendo en cuenta su origen, puede llegar a tener muy graves consecuencias para los trabajadores panameños, incluyendo a quienes pertenecen a los sectores medios de la población. Esto se evidencia si se tiene en cuenta las posiciones más recientes del FMI, las cuales, tal como lo destaca Sandro Pozzi en un artículo publicado en El País el 11 de abril de 2012, sostienen que el llamado riesgo de la longevidad constituye una amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como para la solvencia de las entidades privadas. Es sobre esta base que el FMI propone elevar la edad de jubilación, así como un conjunto de medidas que lleven a recortar el tamaño de las pensiones y al incremento de las cotizaciones.

Esta visión, la cual no hace referencia alguna a la importancia de la solidaridad internacional, aparece recogida, por lo menos en buena parte, por el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez. Este último, en declaraciones publicadas por el diario La Prensa el 1 de julio, propuso formalmente la posibilidad de evaluar la elevación del número de cuotas necesarias para lograr pensionarse por edad.

El impacto de esto sobre quienes aún se mantienen en el sistema solidario, formalmente conocido como sistema de beneficio definido, es importante. En primer lugar, el hecho de que algunas personas no logren llegar al nuevo número de cuotas necesarias significará que menos personas, sobre todo aquellas que son más vulnerables, lograrán una pensión del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En segundo lugar, dada la forma de cálculo de las pensiones, aquellas personas que logren pensionarse lo harán con un monto significativamente inferior. Así por ejemplo, si la densidad de cuotas se eleva en 10 años, cada asegurado perdería cerca de 12.5 puntos porcentuales de pensión. Para alguien que tenga un salario de $700.0 mensuales, esto significaría una pérdida de $87.50. 

Lo que el presidente Varela Rodríguez obvia en su forma de ver el problema es el hecho de que el problema no es producto de la solidaridad intergeneracional del sistema de beneficio definido, sino el contenido de la nefasta Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, aprobada con el apoyo de su propio partido, la que significó que a partir del 2008, ningún asegurado pueda ingresar al sistema solidario, estando obligado, entonces, a afiliarse al nuevo sistema, caracterizado por las cuentas individuales y la carencia de solidaridad. Se generó así la condena de toda una generación que, pese a ser solidaria con los actuales pensionados, no puede contar con una generación que le sirva de respaldo.

El presidente olvida, o simplemente desconoce, que de haberse mantenido el esquema solidario, la situación sería distinta. Esto es claro si se tiene en cuenta que de no haberse dado la Ley 5, el sistema solidario contaría a esta altura con 335 mil 423 cotizantes adicionales, así como con una reserva que superaría a la existente en $679.1 millones. 

Lo más grave es que el pensamiento que sustenta la posición del Ejecutivo, por su propia naturaleza, desconoce la importancia que tiene para la sociedad la solidaridad intergeneracional. Esta, desde luego, está en la base del esfuerzo que hacen los padres en términos del cuidado de sus hijos, incluyendo los que tienen que ver con la alimentación, la salud y la educación. También tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, la cual solo es posible si la solidaridad de la presente generación reconoce su compromiso ético con las futuras generaciones. Esta también tiene relación, recordando el mandato divino que señala “amarás a tu padre y a tu madre”, con el cuidado de los adultos mayores, quienes, como ha señalado el papa Francisco, no son personas descartables.

A final de cuentas, el pensamiento presidencial parece acercarse más a la posición neoliberal de F. A. Hayek, para quien la solidaridad no es más que un hábito atávico, que al pensamiento cristiano que reconoce que solo en la práctica de la solidaridad se puede lograr una sociedad progresista, equitativa y armónica entre los hombres y entre estos y la naturaleza.