Gobierno justifica decreto que crea jubilaciones, a pesar de rechazo

A pesar del rechazo general al Decreto 302, que crea las jubilaciones especiales y anticipadas de 7,000 dólares mensuales para un grupo de 10 oficiales de alto rango en la Fuerza Pública, el Gobierno salió al paso para asegurar que la medida se mantiene.

En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, justificó el decreto al argumentar que la medida es para proteger los derechos de un grupo de personas que pasaron de la Fuerza Pública a prestar servicios al Órgano Ejecutivo.

La mayoría de los servidores públicos se jubila con el 60% de su salario mensual.

Rubén Darío Paredes, general retirado, quien también ocupara el cargo de ministro de Estado durante el gobierno de Omar Torrijos, señaló que este tipo de aumentos salariales no se ajusta con el contexto de la economía del país.

Por esta razón, considera Paredes que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, realmente se equivocó al firmar este decreto.

Indicó que es preocupante que los oficiales hayan aceptado este aumento porque, a su juicio, no hay una razón que lo justifique.

"A ellos les faltó coraje para decirle al presidente que no, porque va a impactar negativamente en la economía del país", destacó Paredes.'

Demandan decreto que jubila a policías con cargos en el Gobierno

Una demanda para declarar la nulidad del polémico Decreto 302, que otorga jubilaciones especiales a unos 10 oficiales de alto rango que ocupan cargos de ministros, directores, subdirectores y secretarios ejecutivos de instituciones del Gobierno, fue presentada ayer por el abogado Ernesto Cedeño. 

Se trata de una demanda de nulidad contencioso administrativa que fue interpuesta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por ser la instancia judicial competente.

Explicó Cedeño, que esta sería la mejor vía porque, de admitirse la acción, se suspenden los efectos del Decreto 302 firmado el pasado 31 de agosto por el presidente y el ministro de Seguridad.

Cedeño argumenta que este decreto tiene vicios de ilegalidad, porque sobrepasa la facultad de la Ley 93 de noviembre de 2013, que reglamenta el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El Decreto 302, en su fundamento legal, hace referencia al artículo 55 de la Ley 93 del 2013.

Dijo que se trata de unas jubilaciones que repercutirán negativamente en los más de 260 mil servidores públicos que en su mayoría reciben salarios mínimos.

Señaló Paredes que este tipo de jubilación solo la soportan economías más fuertes, que son distintas de las nuestras.

Luis Eduardo Camacho calificó esta noticia como una decisión del presidente Varela que envía un mal mensaje al país.

Agregó que se va en retroceso, ya que las jubilaciones especiales fueron eliminadas a la mayoría de los profesionales, entre estos, procedentes de estratos populares, como docentes y enfermeras.

Indicó que muchos de estos oficiales se jubilarán con estos salarios de ministro a edades muy jóvenes, debido a que, una vez culminado su periodo en las instituciones del Estado, no habrán cumplido los 50 años.

Se trata de un costo a las arcas del Estado superior a los 8.4 millones de dólares en los primeros diez años en que estos oficiales reciban la jubilación especial.

Luis Eduardo Camacho opina distinto a Paredes, en el sentido de que él sí considera que este decreto es provocado por los militares, principalmente por Rolando López, encargado del Consejo de Seguridad.

Camacho indicó que López es el poder detrás del poder y fue quien ordenó la confección de este decreto para beneficiarse, junto al círculo cero que tiene dentro de la Fuerza Pública.

El decreto lleva la firma del presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, uno de los beneficiados con esta norma.

Bethancourt, antes de ser ministro, fue subdirector del Consejo de Seguridad y director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dos entidades bajo el paraguas de Rolando López.

Camacho calificó a López como el funcionario de mayor influencia en el Gobierno, el cual ostenta un poder superior al del propio hermano del presidente, el diputado José Luis Varela.

Aseguró Camacho que López fue quien nombró a la procuradora de la nación y al ministro de Seguridad, dos cargos de alto poder en el Estado.

Sin embargo, Paredes asegura que esto puede generar incomodidades a lo interno de la Fuerza Pública, que verá cómo unos pocos reciben mayores beneficios que otros, quienes quizás son más antiguos.

Protestas

La población ha condenado la creación de estos nuevos beneficios a oficiales de alto rango, más aún cuando se trata de un grupo reducido de oficiales.

Por las redes sociales crece el número de personas que exigen al presidente Juan Carlos Varela que derogue la medida, principalmente ante la situación crítica que vive el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).