Panamá
Gobierno, empresarios y jubilados buscan consenso sobre el Proyecto de Ley 226
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El presidente Mulino abrió un diálogo formal con jubilados y empresarios sobre el Proyecto de Ley 226 de descuentos. Se volverán a reunir el 15 de septiembre.
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El presidente José Raúl Mulino acordó con dirigentes de gremios de jubilados y líderes del sector privado la apertura de un espacio formal de diálogo para evaluar alternativas al Proyecto de Ley 226, el cual modifica los esquemas de descuentos y beneficios para la tercera edad regulados por la Ley 6 de 1987. La medida fue consensuada tras la aprobación de la iniciativa en tercer debate por la Asamblea Nacional.
La decisión busca ponderar los reclamos de los pensionados de menores ingresos con la viabilidad financiera de los comercios y establecimientos privados. Tras el primer encuentro en el Palacio de las Garzas, las partes acordaron convocar a una segunda sesión de trabajo tentativamente programada para el martes 15 de septiembre de 2026.
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Evaluación legal, consensos iniciales y posturas del sector privado
El proceso de análisis técnico estará liderado por representantes de los jubilados, gremios empresariales y el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de la Presidencia. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, la mesa ha identificado puntos de coincidencia en diversos artículos del proyecto, sirviendo como insumo técnico para que el Ejecutivo defina si sanciona la norma o aplica un veto parcial o total.
Por parte del sector productivo, Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), y Alicia Jiménez, presidenta de Fedecámaras, destacaron la importancia de calibrar el beneficio social sin comprometer la operatividad de los pequeños negocios y farmacias.
En tanto, el dirigente Guillermo Cortés calificó el acercamiento de fructífero, reiterando que la prioridad del sector social es proteger la calidad de vida de los adultos mayores.
“El país, y obviamente los jubilados y empresarios, tienen la facultad de sentarse a hacer un estudio profundo con los demás miembros de la sociedad. Buscamos saldar un consenso que proteja el bolsillo pero buscando un balance”, señaló Orillac.
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