Estados Unidos, Colombia, España y Holanda aplican restricciones más estrictas para proteger esta actividad
Ley de cabotaje recibe apoyo de los empresarios locales
Afirman que las nuevas regulaciones acabarán con la competencia desleal de las empresas extranjeras que operan en el país. La tripulación de las embarcaciones que ofrecen servicio de cabotaje deberá ser 90% panameña, según el proyecto que va hoy a tercer debate.
El proyecto de ley 613, que establece algunas regulaciones para los servicios marítimos auxiliares (cabotaje) dentro de las aguas territoriales de Panamá, pasó ayer a tercer debate con el apoyo de casi todos los diputados que estuvieron presentes en su debate. En total, el proyecto de ley recibió 40 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención.
Con la nueva regulación se obliga a las empresas involucradas con el servicio marítimo exterior a que su tripulación sea 90% panameña. Además, establecerá que el 75% de las acciones de todas las compañías en el negocio de servicios marítimos auxiliares (abastecimiento de combustible, alimentos, agua y transporte de personal) sea de panameños.
Ayer varios empresarios panameños dedicados al cabotaje respaldaron el proyecto de ley afirmando que en todos los países del mundo, menos Panamá, existen restricciones para la actividad de cabotaje a favor de las empresas nacionales.
“Aun con esta ley, el 80% de las empresas de cabotaje queda en manos de extranjeros, eso no va cambiar. Simplemente que no se va a permitir que siga una fiesta libre en que cualquiera pueda venir a hacer lo que le da la gana”, dijo Juan Carlos Heilbron, gerente de la empresa Trader Tanker.
Heilbron señaló que el proyecto es positivo y afirmó que ya era hora de que Panamá también estableciera algunas limitaciones a favor de la industria local de cabotaje. “Si una empresa extranjera tiene tres o cuatro barcos del otro lado del mundo y estos se quedan sin negocios, la compañía no podrá traer esos barcos a Panamá y tirarlos al mercado en una competencia desleal con las panameñas”, explicó Heilbron.
Son medidas de protección a la industria nacional contra la competencia desleal.
“Se trata de que un país tiene el deber de proteger a su industria local como lo hacen todos los países del mundo. Yo no puedo ir a Colombia con una barcaza con bandera panameña a prestar servicio de cabotaje, ni a Estados Unidos ni a España. Pero a Panamá todo el mundo puede venir a hacer y deshacer, y es eso lo que se está regulando ahora”, manifestó Heilbron.
Incluso señaló que en Estados Unidos se exige que la barcaza sea construida en ese mismo país para poder dar el servicio de cabotaje.
Heilbron también demeritó las voces en contra del proyecto ley. “La mayoría de las personas que están en contra de este proyecto de alguna manera trabajan o están relacionadas con compañías extranjeras que prestan servicios aquí en Panamá”, aseveró.
Pero además del tema accionario de las empresas de cabotaje, el empresario destacó que el proyecto de ley establecerá algo muy positivo: la contratación obligatoria de panameños. “Por primera vez se formaliza el hecho de que la mano de obra tiene que ser panameña, y esa era una área muy gris”, indicó Heilbron.
Marvin Castillo, miembro de la Cámara Marítima de Panamá, también respaldó el proyecto de ley que establece regulaciones para la actividad de cabotaje en Panamá.
En tanto, Rodrigo Hernández, gerente de operaciones de Interoceanic Services, indicó que el proyecto de ley, además de proteger a las empresas locales, también potencia a Panamá como un centro industrial marítimo, ya que se crean los incentivos para facilitar esta actividad.
“Lo único es que debemos asegurarnos de que en la reglamentación de la ley se cumpla con todos los compromisos internacionales”, agregó Hernández.
Por su parte, el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Yassir Purcait, proponente del proyecto de ley, señaló que tras investigaciones realizadas se pudo constatar que estas empresas marítimas “que vienen a enriquecerse en nuestro país” no les permiten a los panameños realizar las mismas actividades en sus países de origen.
“Mi obligación aquí en esta Asamblea no es la de defender los intereses económicos de pocos, sino el defender los intereses económicos de nuestro país”, manifestó el diputado Purcait.
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