Costa Rica urge de reformas fiscales para que avance su economía
Publicado 2017/10/01 10:00:00
- San José/EFE
La deuda del país entre 2008 y 2015 aumentó del 27 % al 45 % del producto interior bruto (PIB), y se estima que si las autoridades gubernamentales no aplican las medidas correctivas necesarias llegaría al 55 % en 2019.
Un grupo de expertos coincidió en señalar que el gobierno de Costa Rica debe tomar medidas inmediatas ante el problema fiscal y del gasto público, que ya provoca un "desbalance" financiero importante que impide el avance de la economía.
La situación de la deuda pública y el déficit fiscal es preocupante, y de no tomarse soluciones con prontitud, se irán deteriorando progresivamente y a una velocidad que puede ser incontrolable, según se puso de manifiesto en el "Foro Costa Rica: Tiempo de Decidir", organizado por la revista "Summa" esta semana.
La deuda del país entre 2008 y 2015 aumentó del 27 % al 45 % del producto interior bruto (PIB), y se estima que si las autoridades gubernamentales no aplican las medidas correctivas necesarias llegaría al 55 % en 2019.
El déficit fiscal anual de Costa Rica fue del 5,4 % del PIB en 2016.
Además el presupuesto de Costa Rica, que asciende a 9,3 billones de colones (unos 16.118 millones de dólares), está conformado con un 90 % de gastos ineludibles.
Los expertos concluyen que existe la necesidad de que el gobierno trabaje en la competitividad y que mejore los procesos de recaudación de los tributos actuales, antes de pensar en la aplicación de nuevos impuestos.
La mayoría estuvo de acuerdo en adoptar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) en lugar del actual impuesto de ventas, y que se fijara "entre el 13 % y el 15 %" según propuso Fabrizio Zarcone, representante para Costa Rica y El Salvador del Banco Mundial.
Por su parte, Eduardo Espinoza, director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, señaló que en Costa Rica existen 1.259 exclusiones de impuesto, lo que se debería revisar.
Tanto Zarcone como Espinoza señalaron la necesidad de controlar el gasto público y, para ello, abogaron por la aplicación efectiva de los presupuestos de las instituciones y revisar la duplicidad, ya que se pueden encontrar entidades públicas con funciones similares.
Además, destacaron la necesidad de aplicar una reforma tributaria integral con el fin de generar más ingresos al Estado, que si bien cuenta con instrumentos de materia tributaria, no necesariamente son suficientes ni rentables a la hora de cobrar los impuestos.
Ambos expertos añadieron que se necesita fomentar un diálogo nacional para analizar tanto el gasto público como la reforma tributaria, ya que en la Asamblea Legislativa no hay consenso, y menos ahora con las elecciones presidenciales del 4 de febrero próximo en el horizonte.
Sobre la Reforma Procesal Laboral, Osvaldo Madriz, del bufete Consortium Legal, señaló que desde que entro en vigor hace dos meses se han presentado 5.000 denuncias en los tribunales, de las cuales 1.160 han sido por discriminación.
Dijo que en el sector empresarial hay ansiedad, ya que la reforma obligará a las compañías pequeñas, medianas y grandes, a buscar asesorías legales para hacer cambios internos y reducir riesgos de demandas de sus colaboradores.
Además señaló que "podría darse una afectación en la atracción que busca el país de Inversión Extranjera Directa, ya que ahora Costa Rica va a tener un nivel mayor de litigios".
El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, respondió que "la reforma mete más presión al país al demandar más recursos para atender las necesidades".
![Clasiguía]()
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, manifestó que la reforma laboral desmotiva a los empresarios a contratar y puede alejar la Inversión Extranjera Directa, lo que generaría más problemas al país de los que ya tiene pendientes en infraestructura y tipo de cambio, entre otros.
Otros expertos representantes de distintas cámaras costarricenses coincidieron en la desventaja en la que quedan los pequeños y medianos empresarios para defenderse ante futuros litigios ocasionados por la reforma laboral, dado su poder financiero, en comparación con las grandes compañías, que pueden destinar recursos para asesorarse.
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