Estrategia en seguridad busca armar a ciudadanos

Mientras la ciudadanía se queja de la ola de robos, asaltos, homicidios y pandillerismo, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera Fransechi, anunció que levantará la prohibición de importar armas, pero con restricciones de revisión de antecedentes penales y psicológicos para quienes la compren.

La decisión la hace basado en estadísticas extranjeras que señalan que a mayor número de posesión legal de armas de fuego menos delincuencia se registra.

Aguilera deja así el trabajo de los estamentos de seguridad en manos de los civiles, así lo consideran políticos, abogados y expertos en seguridad consultados por el Panamá América.

"He llegado a la conclusión de que es necesaria y es conveniente para el país permitir la importación de armas (de fuego) nuevamente", así se refirió Aguilera en entrevista que concedió a NEXtv Noticias.

A juicio de Aguilera, las experiencias en otros países como Estados Unidos y Suiza donde hay un abierto uso de armas de fuego por parte de ciudadanos civiles existe una disminución de los homicidios.

"Todo parece indicar que no hay una correlación directa en ese aforismo de que a más armas más delitos", sustentó Aguilera esta nueva estrategia de seguridad que trajo a Panamá desde su viaje del exterior.

Explicó que en EE.UU. la posesión legal de armas de fuego aumentó de un arma por cada dos habitantes, a un arma por cada habitante, lo que provocó en ese país que en los últimos 20 años se redujeran los homicidios en números absolutos y en porcentajes.'

Datos

70 homicidios menos registrados en siete meses transcurridos en el 2015 comparados con el 2014.

32 homicidios se registraron durante el mes de julio, tres menos en comparación con junio

Medidas cautelares 

Precisamente esta era el sustento de la ley de femicidio para prevenir los casos de muertes violentas contra la mujer, que consistían en alejar a los agresores de sus víctimas, aplicar el brazalete electrónico; sin embargo, se esta en espera de que esta última medida se aplique.

Sin resultados 

La Red Nacional de Mujeres asegura que la ley de femicidios no ha dado resultados porque no existe el presupuesto para que se doten de las herramientas a las autoridades, tal es el caso del Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad (Minseg).

 

El funcionario también dio como ejemplo a Suiza, donde por cada 100 mil habitantes se registra posesión de armas de fuego de 36 mil personas y donde el índice de homicidios son "extremadamente bajos".

Estos argumentos son calificados de preocupantes y contraproducentes, por parte de la exdiputada Teresita de Arias.

A juicio de la exdirigente del Partido Popular, esta medida podría ser contraproducente porque podría promover el incremento de muertes de gente inocente.

"El tema de la seguridad no se resuelve porque cada ciudadano lleve un arma para defenderse", agregó.

Asegura que esta situación provocaría que una simple pelea entre ciudadanos en la calle podría terminar hasta en un hecho de homicidio si uno o las dos partes involucradas sacaran un arma de fuego.

Otro de los peligros que prevé la exdiputada Arias es el aumento de los hurtos y asaltos de armas de fuego, por considerar que si los delincuentes se atreven a robarles las armas a los agentes de seguridad privada, les será más fácil hacerlo contra cualquier ciudadano.

"El problema de la delincuencia no se resuelve porque cada ciudadano lleve un arma para defenderse", dijo Teresita de Arias.

La exdiputada no comparte esas cifras que presenta el ministro Aguilera sobre la situación de los Estados Unidos, al considerar que la información que ella maneja presenta una realidad distinta a la que tiene el titular del Minseg.

Dijo que en EE.UU. en estos momentos existe un enorme debate sobre la tenencia de armas de fuego en personas civiles.

Por esta razón, considera Arias que la aplicación de esta medida de importación de armas debe ir acompañada de requisitos rigurosos, como la tenencia de bases de datos de los compradores de armas de fuego porque, de lo contrario, esta estrategia terminaría siendo algo "muy peligroso".

Rolando Mirones, exdirector de la Policía Nacional, considera que retomar la medida de importar armas de fuego en nada va a solucionar el problema de seguridad en el país.

Manifestó que el principal problema que enfrenta el Gobierno en estos momentos sobre el tema de la seguridad no se resuelve permitiendo la importación, sino aplicando medidas de prevención más efectivas e integradas con las acciones represivas.

Un ejemplo, dice Mirones, es el aumento de los casos de violencia doméstica y de femicidio.

Responsabiliza al Gobierno de este aumento de casos de este tipo, por la falta de programas de prevención.

Considera que no es justo que se siga aplicando la práctica de las boletas de protección que en nada ayudan a impedir que un caso de violencia doméstica termine en femicidio.

El ministro Aguilera reconoce que este ha sido su principal talón de Aquiles, al considerar que las muertes violentes de mujeres van en aumento y de la misma manera los casos de violencia doméstica.

Brazaletes electrónicos

Cifras del Ministerio Público indican que en ocho meses de este año, han fallecido 38 mujeres, de las cuales 22 son consideradas como femicidios, estos datos ya superan los números estadísticos de años anteriores.

Solamente en un mismo día tres mujeres fallecieron por la violencia.

Se suman los asaltos bancarios y a residencias o comercios.

Entretanto, expertos en seguridad y dirigentes de agrupaciones contra la violencia a las mujeres proponen que las boletas de protección sean reemplazadas por los brazaletes electrónicos, lo que a lo interno del Minseg ha desatado un fuerte debate sobre el tema, entre Aguilera y el viceministro Rogelio Donadío.

Mientras que Donadío asegura que esta medida no sería tan efectiva para prevenir los hechos de femicidio, el titular Aguilera piensa lo contrario y asegura que será un hecho porque fue una propuesta suya en la campaña electoral del hoy presidente Juan Carlos Varela.

El tema de los brazaletes electrónicos forma parte de una de las tantas medidas cautelares que las autoridades competentes pueden aplicar ante los procesos de violencia doméstica.