Acusan al Gobierno de avalar licitación térmica amañada

La denuncia por la adjudicación de 350 MW de energía térmica a la empresa AES Corporation, que presentó supuestos precios "fraudulentos", avalados por la relación que mantiene con el Gobierno, según las empresas afectadas, no ha sido suficiente para una revisión de la contratación.

En medio de los reclamos por supuestas prácticas monopólicas y conflictos de intereses, aún la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) no muestra intenciones de responder con una resolución los recursos interpuestos, además del silencio de las autoridades competentes, que, según los afectados, deja dudas de la transparencia en el proceso de licitación del pasado mes de septiembre.

De acuerdo con el representante de Pentacles Energy S.A., Tomás Polanco, esto constituye un "silencio administrativo", en términos legales, si la entidad no contesta antes del 12 de noviembre, fecha en que se vence el plazo determinado por la ley para responder formalmente.

En tanto, Ramón Palacios, representante legal de Pentacles, señaló que las propias normas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (Asep), indican que los tipos de precios "ficticios" no pueden ser adjudicables.

Indicó que Gas Natural Atlántico recargó todo el precio de su costo de generación al costo de la potencia firme, presentando precios irrisorios que los llevó a ganar la licitación y que no pueden probar "ni numéricamente ni técnicamente la realidad".

"Ellos están violando flagrantemente la ley y lo peor es que se les ha permitido y adjudicado el contrato con precios manipulados, para eliminar la competencia, falseando la realidad de los precios", advirtió Palacios.

El representante legal de Pentacles Energy S.A., recordó que el combustible más barato del mundo es el carbón y los precios que presentó la filial de AES, quedaron, incluso, por debajo de estos.

Empresas que participaron en la licitación irán a la Corte Suprema

Representantes de la empresa licitante, Pentacles Energy S.A., aún esperan una respuesta de la Empresa de Transmisión Eléctrica, (Etesa), a los recursos presentados en septiembre.

Ramón Palacio señaló que la empresa podría presentar una demanda a la Corte Suprema de Justicia, no obstante, se mantiene a la expectativa de que Etesa, pueda, antes del 12 de noviembre, presentar una resolución.

Pentacles también evalúa la posibilidad de que la Autoridad del Canal de Panamá, a la que le corresponde aprobar la operación de la empresa en las riberas del Canal, reconsidere la aprobación por lo que implica su operación en esta área.

Pentacles Energy S.A. e International Panamá Power Corp. presentaron recursos sustentando supuesta concentración del mercado que tendrá AES Corporation, a partir de 2018. También presentaron ante el Departamento de Justicia de EE.UU. una advertencia de ilegalidad.

 

A esto se agregan, las declaraciones de Jorge Castellanos, gerente de la empresa Panamá Power Corp (IPPCO), otra de las empresas licitantes, quien señala la presunta vinculación de Gas Natural del Atlántico con allegados al Gobierno.

Castellanos se ha referido a la posible injerencia que tendría el Grupo Motta, el principal donante de campaña del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la adjudicación del contrato a AES.

Para el economista, Raúl Bethancourt, el Estado debe darle la garantía de transparencia a las empresas participantes, o por lo contrario, realizar una revisión de la contratación.

Cuestionó que Panamá abrió las puertas a la inversión extranjera y constantemente está en medio de reclamos por falta de transparencia. "El Gobierno es responsable de cuidar la imagen nacional e internacional del país", puntualizó.

En tanto, el economista Juan Jované advierte que la falta de transparencia dejaría este caso en un "limbo burocrático", retrasando la inversión y afectando a la población.

Mientras, el presidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, recuerda que quien pone las pautas es el licitante. Agregó que los intereses particulares son vicios de corrupción que no benefician la transparencia que requiere el Gobierno y el país.