Empresarios unen fuerzas para emplazar al Gobierno

@mlasso12

Las presiones del Gobierno en contra de empresas, la falta de seguridad jurídica, la deuda con los proveedores privados y la desaceleración económica, obligaron a los principales gremios económicos del país a unirse para hacerle un fuerte llamado de atención al Gobierno.

Mientras, el gobierno de Juan Carlos Varela salió al paso y afirmó que recobró la confianza jurídica en el país, que ha pagado más de mil millones de dólares a sus proveedores y que la economía crece por encima del 6%.

En una conferencia de prensa, dirigentes de todos los sectores económicos afirmaron que el Gobierno viola el principio de la libre empresa. Agregaron que contrario a lo prometido en campaña, el presidente Varela lleva a cabo un “cúmulo de actuaciones que van en detrimento de los sectores económicos del país”.

Pidieron a Varela un diálogo franco y abierto para subsanar estas deficiencias.

La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elisa Suárez, enfatizó que las intervenciones para el cese de operaciones de varias empresas, la paralización de concesiones otorgadas en actos públicos, el control de precios de los alimentos y los retrasos en las cuentas por pagar, le ocasionan daño a la economía nacional.

Agregó que otra de las medidas que más impactan el desarrollo económico es la creación y el aumento de impuestos a la producción, pese a la promesa de Varela de no hacerlo.

Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ve con preocupación que se impongan nuevos impuestos.

Advirtió que los fondos que requiere el Estado para sus inversiones deben venir de la optimización y la contención del gasto público.

Indicó que a pesar de que Panamá crece a buen ritmo, la ejecución del presupuesto no va acorde con el tiempo. “El Gobierno está ocupado en temas políticos y mediáticos, dejando de lado la ejecución de los planes de inversión, enfatizó.

En tanto, Suárez cuestionó la falta de diálogo del Gobierno, lo que pone en duda la legitimidad, transparencia, solidez y coherencia de la relación con los distintos sectores.

Recordó que el sector privado es el responsable de más del 80% del producto interno bruto del país y la generación del 77% de los empleos fijos. Insistió en que una economía que se desacelera, se traduce en reducción y pérdida de miles de empleos.

También destacaron la deuda que mantiene el Estado con sus proveedores, la cual suma más de 1,200 millones de dólares.

Gobierno se defiende

El Gobierno reaccionó a las duras críticas mediante un comunicado en el que asegura que ha pagado a las empresas privadas, durante los primeros meses del año, $1,017 millones.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto pagado representa el 82% de las cuentas del año fiscal 2014.

Además, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, aseguró que “el Gobierno ha recuperado la confianza del sector privado y el ambiente de seguridad jurídica”.

“Cada día más empresas participan de los actos públicos del Gobierno, lo que marca una clara recuperación de la confianza del inversionista”, señaló el titular Alemán.

Destacó que el producto interno bruto de Panamá creció 6.3% en el año 2014, casi seis veces más de lo que creció el PIB promedio de los países de América Latina y el Caribe ese mismo año, según recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Recordó que se estima que el PIB de Panamá crecerá a una tasa promedio anual de 6.5% en el quinquenio 2015-2019 y que ese robusto crecimiento será acompañado por una moderada inflación, que oscilará entre 3.5% y 4%.

A pesar de esto, los empresarios expresaron su preocupación por la deuda al sector. La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Dagmar Álvarez, considera que el Gobierno debe encontrar una mejor forma y establecer por ley la metodología para pagar a la empresa privada.

La empresa privada no tiene por qué financiar las operaciones del Gobierno, que son muy grandes y de mucha cuantía, advirtió.

Afirmó que todos los pagos que pasaron a ser de vigencia expirada, no entrarán a la economía nacional y se traduce en menor ingreso para el sector trabajador.

Mientras que el MEF informó que los compromisos de la vigencia fiscal del año 2014 totalizaban $1,240 millones y que solo hay pendientes $223 millones, que serán cancelados en los próximos meses.

Los empresarios también lamentaron los miles de empleos que se han perdido por la paralización y suspensión de proyectos.

Roderick McGowen, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, señaló que la tasa de empleo en el sector ha caído un 7%, por el retraso en los trámites municipales.

Además, criticó la imposición de nuevos impuestos a la extracción de materiales no metálicos necesarios para la construcción. Todo nuevo impuesto que afecte al sector terminará impactando el costo final de los proyectos, dijo.

Seguridad jurídica

La cancelación de la concesión a la empresa encargada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco generó inquietud a Zorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá.

Señaló que la decisión del Gobierno puede ser un precedente de lo que podría pasar en el futuro en el sector minero. Agregó que el Gobierno no tiene estadísticas de producción ni cómo operan las canteras del país, por lo tanto, no tiene la supervisión necesaria.

Desempleo

• 5 mil empleos en la Zona Libre de Colón se han perdido, según la Asociación de Usuarios.
• 7% ha caído la tasa de empleo en el sector construcción, afirma la Capac.