Los filipinos le temen a la Policía y a su presidente, un error administrativo lo confirma

Cuando Rodrigo Duterte amenaza a los criminales, estos prestan atención. Después de todo, desde que se convirtió en presidente de Filipinas hace tres años, ha defendido una guerra total contra las drogas que ha cobrado entre 5 mil y 20 mil vidas (no hay consenso en la cifra exacta). Así que, cuando Duterte advirtió a un grupo grande de convictos que fueron liberados de la prisión por error que, si no se entregaban nuevamente, la policía los devolvería a sus celdas vivos o muertos, 2221 personas se entregaron en tiempo y forma. Lo extraño fue que la autoridad penitenciaria declaró que solo 1914 habían sido liberados por error. Aunque quizá la discrepancia se haya dado en parte debido a otros errores cometidos por la Oficina de Correccionales, también se debió al terror que ahora la policía les inspira a los filipinos.

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Detrás de los dos torreones que enmarcan la entrada de la Penitenciaría Nacional, al sur de Manila, moran tipos como Antonio Sánchez, un violador y asesino célebre. Sánchez creía que podía salirse con la suya porque era el alcalde de una ciudad de provincia, pero en 1993 un juez lo condenó a 40 años en prisión. La noticia que se dio a conocer este año de que Sánchez podría obtener la libertad anticipada por buen comportamiento causó un escándalo. Luego se supo que cientos de otros prisioneros ya gozaban de libertad anticipada por buen comportamiento, a pesar de que la gravedad de sus crímenes debía haber sido un obstáculo para recibir una reducción de su condena. Duterte despidió al director general de la Oficina de Correccionales, ordenó que un fiscal especial investigara la debacle e instruyó a los convictos en cuestión que se reportaran a la penitenciaría.

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Como era de esperarse, la lista que publicó la oficina con los nombres de los prisioneros erróneamente puestos en libertad omitía algunos nombres que debían haberse incluido y, a la vez, incluía a otros convictos a los que se les había otorgado la libertad con fundamentos legítimos. Parece que, para no errar, unas 300 personas que no estaban en la lista de la oficina decidieron entregarse.

Los convictos nuevamente encarcelados se estarán preguntando qué tipo de régimen les espera ahora. El director general de la Oficina de Correccionales apenas destituido, Nicanor Faeldon, también es un exconvicto, pues participó en un motín fallido cuando estaba en el Ejército. Incluso escapó dos veces. El nuevo director general es Gerald Bantag, quien enfrenta cargos de homicidio relacionados con la muerte de diez prisioneros tras la explosión de una granada en su oficina cuando era el encargado de una cárcel municipal. La policía dice que Bantag fue negligente al permitir el ingreso de armas a la prisión. Duterte lo describe como “profesional”. Tal vez estar en prisión no vaya a ser más seguro para los convictos nerviosos que la vida de prófugos.

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