Podrían acusar a Kate del Castillo por lavado de dinero

Si la Procuraduría General de la República (PGR) logra acreditar que la actriz Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para la realización de una película que narrara la vida del capo, ocultando el origen de los mismos al momento de su utilización, el Ministerio Público Federal podría acusarla del delito de ‘lavado’ de dinero, coincidieron expertos penalistas.

Ex titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Lara Rivera, advirtió que las autoridades están obligadas a ser exhaustivas en la investigación de los contactos y negociaciones que sostuvieron ambas partes para la realización del filme, con el propósito de esclarecer si Castillo Negrete y el actor Sean Penn cometieron alguna conducta ilícita.

En este sentido, advirtió que si se acredita la transferencia de dinero procedente del narcotráfico a las empresas o cuentas bancarias de Kate del Castillo, se le podría acusar del delito de ‘lavado’ de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual se sanciona con penas que van de cinco a 15 años de prisión.

“Con todos los elementos se podría valorar si ella incurrió en el delito de ‘lavado’ de dinero o en el de tentativa de ‘lavado’ de dinero, acreditando que se entregó algún tipo de recurso financiero para la realización de una película. Todos sabemos que el señor Guzmán Loera es narcotraficante y que sus recursos provienen de actividades ilegales, entonces cualquier civil que reciba dinero de procedencia ilícita incurre en el delito de ‘lavado’ de dinero, entonces si se acredita la entrega de recursos o que existía la intención de hacerlo, se podría configurar dicho ilícito”, advirtió.

El presidente del Colegio de Derecho Penal de la UNAM, Carlos Daza Gómez, consideró que además de la acusación por ‘lavado’ de dinero, se les podría imputar el delito de encubrimiento previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal, el cual se castiga con penas de cárcel que van de los tres meses a los tres años, por favorecer al ocultamiento de un delincuente que era prófugo de la justicia.