Empresarios, en la mira por afiliaciones de extranjeros
- Clarissa Castillo
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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contactará a sus representantes para abordar el tema de las irregularidades.
Todos los trabajadores nacionales o extranjeros que brinden servicio dentro de la República de Panamá están obligados a afiliarse al régimen de la Caja de Seguro Social. /Foto Archivo
Solicitarán la suspensión del Reglamento de Afiliación de la CSS
Los gremios empresariales consultarán con sus representantes acerca de las irregularidades detectadas por la Caja de Seguro Social en la afiliación de trabajadores extranjeros al sistema de seguridad social.
Así lo dio a conocer Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien afirmó que están en contacto con los representantes, ya que les llama la atención este tipo de prácticas de las cuales nadie sabía, y cuyo control está en manos de la CSS a través de las afiliaciones.
La medida surge a causa de que varias empresas naturales y jurídicas procedieron a afiliar hasta 200 foráneos y ningún panameño, lo que viola las leyes laborales panameñas.
Esta acción también afecta las finanzas de la CSS, ya que se detectó que extranjeros afiliados adquirían medicamentos que eran enviados al exterior.
La lista oficial de medicamentos de la CSS está compuesta de 622 medicamentos, pero adicionalmente se compran otros fuera de este listado.
Para este año se presupuestaron $271.6 millones para la compra de medicamentos, de los cuales, al 30 de septiembre, se han comprometido $204.4 millones en medicamentos.
Recientemente, se registró el decomiso en el aeropuerto de Tocumen de paquetes con medicamentos del Seguro Social que serían enviados al extranjero.'
Solicitarán la suspensión del Reglamento de Afiliación de la CSS
Rafael Candanedo, director de Asesoría Legal de la CSS, informó que se le está solicitando a la junta directiva de la CSS, una suspensión provisional de la entrada en vigencia de las modificaciones, hasta tanto se tengan las evaluaciones en un término que puede durar entre 60 y 90 días máximos.
La suspensión del reglamento podría demorar una semana, ya que se necesita la autorización de la junta directiva de la CSS y posteriormente publicarlo en Gaceta Oficial.
La CSS informó que aplicará medidas cautelares de bienes a 28 mil empleadores que mantienen procesos pendientes con la institución por evadir el pago de la cuota empleado-empleador.
Los expedientes en proceso alcanzan hasta $100 millones que no ingresan al programa.
Rafael Candanedo, director de Asesoría Legal de la CSS, señaló que inclusive en las solicitudes que los extranjeros hacen en Migración con el objetivo de regularizar su estatus en el país presentan comprobantes de que están afiliados al seguro social, sin embargo, los documentos son falsos.
Esto obligó a la Caja de Seguro Social (CSS) a instalar una comisión que trabajará en la elaboración de los cambios del reglamento de afiliación e inscripción.
Candanedo explicó que actualmente existen entre 12 mil y 15 mil solicitudes al seguro voluntario de parte de extranjeros que cuentan con más de tres dependientes cada uno.
Sousa resaltó que no están de acuerdo con la manera en que se ha hecho, ya que ahora se pide tener permiso de trabajo como requisito para afiliarse, lo cual es contrario a la práctica actual, en la que es requisito estar afiliado a la CSS para solicitar permiso de trabajo.
El empresario considera que ahora los extranjeros que quieran formalizarse y cuentan con patronos regulares están en una especie de limbo.
Sergio Alemán, director nacional de Planificación de la CSS, detalló que la única distinción que hace la CSS en cuanto atención es si la persona es asegurada o no es asegurada.
Una vez un extranjero esté afiliado y cotizando cumpliendo todas las formalidades de ley, tendrá su atención.
Uno de los principales problemas de la institución es la carencia de actuarios para efectuar informes.
Otro tema que preocupa es que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tiene una reserva superior a los $2,000 millones, que serán insuficientes para realizar los pagos de pensiones en el año 2025, según el último estudio actuarial, que data del 2012.

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