Corrupción en el Gobierno sacude la gestión de Juan Carlos Varela
Publicado 2015/06/03 06:30:00
- M. González / J. Morales
Más de una docena de funcionarios de gobierno se han visto envueltos en escándalos de corrupción en 11 meses de gestión gubernamental. Juan Carlos Varela se comprometió a hacer una administración apegada a la ley y la Constitución Política y por medio de la consulta ciudadana.
Con apenas 11 meses de gestión, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han desencadenado en renuncias y han mermado la percepción de parte de la ciudadanía.
Nepotismo, falta de transparencia, denuncias de corrupción, poca consulta pública, persecución política, justicia selectiva y ejercicio ilegal de determinada profesión son algunos de los hechos que han empañado la gestión del presidente Varela, quien en campaña se comprometió a llevar una administración apegada a la ley y la Constitución Política.
Una de las acciones más criticadas fue el de los casos de nepotismo, una práctica que se ha dado en diversos ministerios e instituciones. Por este hecho han salido algunos funcionarios del engranaje gubernamental.
Tal es el caso del director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Edwin Cárdenas; el asistente ejecutivo del Ministerio de la Presidencia, Jaime Alemán; la jefa del Despacho Superior del Ministerio de Gobierno, Florita Ciniglio, así como un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además de ocho familiares de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery, quienes reconocieron tener parientes laborando en la entidad.
En el MEF, Flor Elizabeth Escudero, quien fue nombrada en este gobierno en el cargo de subdirectora de Recursos Humanos de este Ministerio, tenía a cuatro familiares laborando en la institución. Escudero logró que se nombrara a su hermana -por parte de madre- Edith Elena Urriola como administradora de la Dirección Superior de Recursos Humanos. A su vez, de Enith Aimee Laguna Urriola, hija de Urriola y sobrina de Escudero, quien trabajaba en la dirección de Relaciones Públicas de la institución.
De igual forma diversos sectores de la sociedad civil han solicitado la renuncia o destitución del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia. Al ministro se le cuestiona el pago de 7 millones de dólares a Cobranzas del Istmo, luego de que meses atrás ya se había demandado a esta empresa por el supuesto pago de comisiones de forma irregular.
En el MEF, también en menos de un año, dos directivos de la Unidad de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo han renunciado.
En cuanto al tema de consulta pública, una de las promesas que hizo Varela en campaña, el presidente obvió brindar detalles y nombró en puestos claves como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la Contraloría a miembros allegados a su campaña.
En estos cargos fueron designados Kenia Porcell, exabogada del magistrado del TE Erasmo Pinilla; Guido Rodríguez, quien respondería al grupo Movin, que lo apoyó en la pasada campaña; Alberto Cigarruista, miembro del Partido Panameñista, y Federico Humbert, quien fuera uno de los donantes de campaña del presidente Varela. Además, se mantuvo a Eduardo Valdés Escoffery como magistrado del Tribunal Electoral por otros diez años.
La designación de la procuradora Kenia Porcell ha ratificado las denuncias hechas contra el presidente Varela de intensificar la persecución contra funcionarios del gobierno pasado.
La corrupción ha sido otro de los flagelos del gobierno de Varela, lo cual prometió que erradicaría, una de las entidades que se encuentra en el ojo de la tormenta en la actualidad es la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), donde en las últimas horas ha circulado la posibilidad de que su directora Ada Romero deje el cargo. Esto, al denunciarse que se estaba cobrando coimas para agilizar el pago adeudado a empresarios.
A su vez, se cuestiona un contrato que favoreció a una empresa de familiares del donante de campaña de Varela y actual contralor Federico Humbert.
Se trata de la empresa Petróleos Delta, donde los accionistas mayoritarios son las familias Humbert y Motta, con un contrato para suministro del 75% de los 36 millones de galones de combustibles de la flota vehicular del Estado para el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017. La empresa lograría ingresos por los $52.5 millones .
Otra de las acciones muy criticadas del actual gobierno es la justicia selectiva, ante lo que se han manifestado estudiosos del derecho como el jurista Ernesto Cedeño, quien señaló en un escrito que “no se entiende cómo a personas investigadas por la comisión de supuestos delitos que no tienen señalada pena mínima de cuatro años de prisión estén en preventiva”, como los exdirectores Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, pero figuras como Córdoba y el exalcalde Bosco Ricardo Vallarino, ambos panameñistas, no tienen una condición similar.
ambién durante estos 11 meses de gobierno se descubrió que uno de los principales voceros de la campaña de Varela, el excandidato a diputado Grimaldo Córdoba, y quien fungía como director de Promoción de la Salud, no contaba con idoneidad para ejercer la medicina, a pesar de que
él se promovía como médico pediatra. Actualmente, Córdoba cuenta con una medida cautelar de país por cárcel, un beneficio del cual no gozan funcionarios de la pasada administración, a quienes se les ha aplicado detención preventiva.
La falta de transparencia ha sido otra de las fallas de esta administración, que en muchas ocasiones ni siquiera han actualizado en el Nodo de Transparencia la planilla estatal, lo que permitiría ocultar la designación de familiares y simpatizantes políticos. El mandatario también ha sido objeto de críticas por sus viajes, de los que no se sustenta los gastos. En lo que va de sus 11 meses, Varela acumula 16 viajes al exterior, varios de estos de tipo religioso. Recientemente se cuestionaron cuatro viajes de la zarina anticorrupción, Angélica Maytín, todos en los cuatro primeros meses de este año.
Cuestionan labor
Según el analista político Mario Rognoni, la transparencia debe fundamentarse en que todos sepan que quienes estén cometiendo algún delito saldrán.
No obstante, señaló que el caso del ministro Dulcidio De La Guardia es “especial”, debido a que el presidente Varela le tiene mucha confianza y no quiere desprenderse de él. “Lo que hizo yo sí siento que tenía que ser amonestado, no sé si separado, pero debía llamarle la atención porque no estuvo bien pagarle a Cobranzas del Istmo”, planteó.
Añadió que cada vez que el Gobierno salga y aclare algo que la sociedad quiere entender, se está ayudando a la transparencia, pues “queremos saber que la cosa pública se está manejando con honestidad y eficiencia, además de saber cómo se están haciendo las cosas”.
Roberto Troncoso, defensor de los derechos humanos, sostuvo que “Dulcidio debe aclarar al país lo sucedido con Cobranzas del Istmo y los 7 ‘melones’. De no hacerlo, lo tendría que hacer el presidente”.
Añade que “una corte que no se atreve a investigar es una corte de papelillo. Nepotismo es un delito. Nepotismo, el summus del desprecio al sistema”.
Entre tanto, el exsecretario de Comunicación del Estado Luis Eduardo Camacho aseguró que “el gobierno del presidente Varela se la pasa hablando de supuestas ilegalidades en Cobranzas del Istmo y puso denuncia, sin embargo, le pagaron 7 millones”.
A su vez, el analista político Fernando Cebamanos manifestó que el tema de la corrupción ha sido característico en cada gobierno desde que se inició la llamada era democrática, a partir del año 1990, acompañado de intereses mezquinos en los que personas que no tenían nada salen millonarias y los millonarios se convierten en multimillonarios. “Este gobierno no está cumpliendo con los temas éticos y no resuelve los problemas”
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