El PAN fraccionó contratos para el Ministerio de Salud

El Programa de Ayuda Nacional (PAN) no solo fraccionó contratos para el programa Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), sino que también aplicó la misma fórmula irregular para los contratos del Ministerio de Salud durante la administración de Juan Carlos Varela y el ministro Javier Terrientes.

Un informe del PAN reveló cómo en un solo día se invitó y se contrató de forma directa los servicios de una sola empresa a través de seis contratos iguales. Se trató de una contratación millonaria avalada por la directiva del PAN el 24 de noviembre de 2014, a favor de la empresa Pumper S.A. para el servicio de la recolección, transporte y depósito final de los residuos peligrosos de seis hospitales públicos: Nicolás Solano, el Instituto Oncológico Nacional, San Miguel de Arcángel, 24 de Diciembre, Santo Tomás y el Hospital del Niño.

Cada contrato fue fraccionado en 462 mil 240 dólares, sumando un total de 2.7 millones de dólares, y fueron aprobados en un solo día a la empresa Pumper S.A. 

Los contratos están identificados con números de documentos y proyectos que guardan continuidad, una muestra que el fraccionamiento fue intencional. (Ver cuadro).

La directiva de PAN está integrada por Stanziola y los ministros de la Presidencia, de Obras Públicas, de Educación, de Desarrollo Social y por el presidente de la Asamblea Nacional.

Antes de esta contratación, Pumper S.A. ya había sido invitada por el propio director del PAN, Rafael Stanziola, para otorgarle un contrato similar sin llevarlo a la junta directiva. 

El 9 de octubre, un mes antes de la aprobación de los seis contratos, Stanziola otorgó de forma directa un contrato por 468 mil 660 dólares a la empresa Pumper S.A. para el servicio de recolección, transporte y depósito final de los residuos peligrosos emanados por el hospital Nicolás Solano de La Chorrera.'

Ronier Ortiz: funcionarios podrían haber cometido tres delitos relacionados en contra de la administración pública

El ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, y el director del DAS, Rafael Stanziola, podrían enfrentar al menos tres cargos penales.

Así lo señala el abogado y exfuncionario de instrucción Ronier Ortiz, al analizar los efectos que podría conllevar la comisión de los actos de división de materias en las contrataciones públicas.

Ortiz indicó que este acto podría ser considerado como un delito de diferentes formas de peculado, abuso de autoridad y fraude en actos en contratación públicas.

Por ser funcionarios con mando y jurisdicción a nivel nacional, ambos podría ser investigados bajo la figura del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

En el caso de los dos funcionarios, la investigación es llevada por la procuradora Kenia Porcell, sin embargo, en el caso de Etchelecu, el tribunal competente sería el pleno de la Corte Suprema de Justicia, explicó la abogada Edna Ramos.

Indicó que el Código Procesal Penal indica que en el caso de Rafael Stanziola, el tribunal que tiene la competencia de llevar el proceso serían los magistrados que componen la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los magistrados que componen el tribunal competente seleccionan al juez de garantía, quien autorizará las medidas y presidirá las audiencias de control. Sectores aseguran que de considerar que se trató de una falta administrativa se ordenaría el sobreseimiento de los funcionarios.

Datos

2.7 millones de dólares fue el monto total de las seis cuentas fraccionadas.

462,240 dólares fue el monto de cada una de las cuentas que fueron fraccionadas.

El informe revela que existen dos contratos para el mismo hospital, uno bajo el número de proyecto 59687 del 9 de octubre por 468 mil 660 dólares (ya pagados por el Estado) y otro bajo el número 60220 del 24 de noviembre de 2014 por 462 mil 240 dólares.

Panamá América confirmó que las contrataciones de Pumper S.A. generaron polémica a lo interno de la Contraloría, al igual que sucedió con la compra de maquinarias a la empresa Airco S.A., caso por el cual el Ministerio Público ya abrió un proceso al director del PAN y al ministro de Vivienda, Mario Etchelecu. 

La semana pasada, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, denunció que Stanziola había incurrido en la división de materia o había realizado compras fraccionadas para Techos de Esperanza del Miviot.

Incluso Maytín señaló que administrativamente Stanziola y Etchelecu debían ser destituidos de su cargo, además de evaluarse una investigación penal. Más tarde, el contralor Federico Humbert confirmó también que el PAN había incurrido en división de materia en esta administración, pero salió en defensa del ministro Etchelecu aduciendo que este no tenía implicación en la forma de la contratación.

También defendió que las maquinarias del programa Techos de Esperanza se dieron dentro de los precios del mercado nacional, pero nada dijo del favoritismo sobre la empresa Airco S.A., que fue invitada para adjudicarle los contratos directos a finales de 2014 y 2015.

Las compras directas del PAN ya han generado el rechazo de varios grupos económicos que se sienten excluidos de realizar negocios con el Estado a través del PAN, entre ellos los distribuidores de maquinarias y formaletas de construcción.

Incluso los reclamos señalan directamente los nombres de las empresas Airco S.A. y Fiorazio. 

Tanto Airco S.A. y ahora Pumper S.A. están vinculadas a figuras del actual gobierno. 

Airco S.A. pertenece a Pedro “Peter” Vallarino, un amigo personal del presidente Juan Carlos Varela, mientras que Pumper S.A. tendría como padrinos a dos diputados panameñistas, revelan fuentes políticas. Etchelecu partió por delante señalando que él no tiene ninguna participación en los procesos de compra y contratación del PAN, lo que deja solo a Stanziola.