El abogado del chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex jefe de una agrupación subversiva que asesinó a un senador derechista en 1991, consideró hoy que existe un 98% de posibilidades de que el Gobierno argentino le reconozca como refugiado y no lo extradite a Chile.
La situación de Apablaza se reactivó ayer con la decisión de la Corte Suprema de Justicia argentina de autorizar su extradición al país vecino, cuyo Gobierno lo ha reclamado para juzgarlo por el homicidio del senador derechista Jaime Guzmán, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
El letrado argentino Rodolfo Yanzón, explicó a Radio Cooperativa que en este caso existen tres opciones: la primera de ellas es que el Gobierno de Cristina Fernández le otorgue la condición de refugiado y termine así con el proceso de extradición.
"Existe un 98% de posibilidades de que esto suceda, teniendo en cuenta de que hay razones para considerar que la persecución política existe en Chile, y no sólo respecto de Galvarino Apablaza, sino que también en el asunto de los mapuches", opinó el abogado.
Yanzón remarcó que la Corte Suprema supeditó la extradición de Apablaza a la resolución sobre la solicitud de asilo que presentó hace dos años, por lo que a su juicio ahora sólo queda esperar la resolución que el Ejecutivo argentino tome al respecto.
La decisión de la Justicia argentina se produce a pocos días de que la presidenta Cristina Fernández asista en Santiago a los festejos por el Bicentenario de la independencia de Chile, los días 18 y 19 de septiembre.
En caso de que se rechazara el refugio, se reactivaría el proceso de extradición, aunque el abogado ve este escenario "bastante remoto" dado el respaldo que las organizaciones de derechos humanos han expresado al ex líder del FPMR, que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet.
La tercera opción es que todo siga como está y que Apablaza continúe en Argentina.
Se da la circunstancia de que Apablaza reside allí junto a su pareja, la chilena Paula Chahín Ananía, quien trabaja como periodista en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, según han revelado medios locales.
Yanzón aseguró, además, que en Chile "no hay ni un sólo indicio" que involucre a su defendido en el asesinato de Guzmán.
Jaime Guzmán, ideólogo del régimen de Pinochet (1973-1990), fue fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los dos partidos que sustentan el Gobierno de Sebastián Piñera, quien dijo que hará "todo lo necesario" para que los asesinos del senador enfrenten la justicia chilena.
El juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza reabrió el caso hace dos semanas, tras las declaraciones desde una cárcel brasileña de Mauricio Hernández Norambuena, condenado a cadena perpetua por el crimen del senador y que cumple una pena por secuestro en Brasil.
Hernández Norambuena aseguró que el FPMR estaba infiltrado por dos agentes del Gobierno que entonces presidía Patricio Aylwin y que la decisión de matar a Guzmán involucró a toda la cúpula del FPMR, encabezada por Apablaza.
Yanzón rechazó estas acusaciones y opinó que la muestra de que el Gobierno no tiene pruebas contra su defendido es que "ha tenido que echar mano de una persona privada de libertad que durante años ha sido catalogada como uno de los mayores terroristas".
