Los abogados del Gobierno brasileño analizan el fallo en el que la máxima corte de justicia del país expresa su apoyo a la extradición del ex activista de izquierdas italiano Césare Battisti para decidir si el Ejecutivo debe acatarlo o no, dijeron hoy fuentes oficiales.
"El Supremo Tribunal Federal le entregó esta semana oficialmente su fallo a los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, por lo que la decisión está ahora en manos de la Abogacía General de la Unión", dijo el ministro brasileño de Justicia, Luiz Paulo Barreto, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Pese a que el Gobierno brasileño ya había decidido otorgarle el estatus de refugiado al ex activista y escritor, condenado en su país por cuatro homicidios, el Supremo Tribunal Federal, en un juicio concluido en noviembre pasado y en respuesta a una apelación de autoridades italianas, manifestó su apoyo a la extradición.
La decisión del tribunal no es vinculante, por lo que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá que decidir si mantiene el estatus de refugiado político o si acepta la petición de extradición presentada por Italia.
Lula ya advirtió que apenas se pronunciará después de que la Abogacía General de la Unión estudie el fallo y determine si el Gobierno tiene que aceptarlo o no.
El Gobierno venía aplazando una decisión debido a que el Supremo Tribunal Federal apenas publicó su fallo el 16 de abril pasado y tan sólo lo remitió oficialmente al Gobierno esta semana.
"Le compete ahora al Ejecutivo decidir si lo entrega o no. El Ministerio de Justicia agotó su actuación cuando decidió concederle el estatus de refugio, por lo que ahora la decisión está en manos de la Abogacía General de la Unión, que no tiene un plazo para pronunciarse", afirmó Barreto.
Pese a que la decisión de la corte no es vinculante, la gran duda del Gobierno reside en que, en el acta de su decisión, el Supremo Tribunal Federal advierte que la Presidencia tiene que "observar los términos del tratado de extradición suscrito entre Brasil e Italia".
Según los magistrados del tribunal, los cuatro asesinatos atribuidos a Battisti fueron cometidos "sin ningún propósito político inmediato o connotación de reacción legítima a un régimen opresivo", lo que impediría, a la luz del tratado de extradición, que Lula niegue su entrega por una supuesta "persecución".
Battisti fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas, la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.
El ex activista fue juzgado en ausencia en 1992 por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero.
Durante el juicio, Battisti permaneció en Francia, en donde había obtenido el estatus de refugiado político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno francés estudiaba la posibilidad de entregarlo a Italia.
Arrestado en marzo de 2007 en Río de Janeiro, el ex activista obtuvo en enero del año pasado el estatus de refugiado político en Brasil.
La decisión generó un fuerte malestar en Italia, cuyo Gobierno llegó a retirar a su embajador en Brasil durante un mes a modo de protesta.
