Como un atentado al libre ejercicio de la profesión de abogado han sido calificadas las auditorías realizadas a los bufetes por orden del Gobierno.
En estas últimas semanas, varios juristas han debido exponer sus ingresos y someterse a revisiones por parte de entes fiscalizadores como la Dirección General de Ingresos (DGI).
Ante esto, diversos grupos advierten que se podría dar cabida a una crisis en la libre ejecución del ejercicio profesional.
El abogado Sidney Sittón, quien recientemente recibió la inspección por parte de la DGI en una de sus oficinas, calificó la situación como una violencia institucional del Estado.
"Es cuando el Estado junta los poderes que le han sido conferidos, a través de las diferentes instituciones, para perseguir y violar derechos humanos, para someter o acallar voces", indicó el jurista.
Agregó que todo forma parte de un estado salvaje, contra todos los que han alzado su voz de protesta, y deja en evidencia su condición perseguidora.
En tanto, el exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez, señaló que se está tratando de intimidar y menoscabar el esfuerzo que ha venido desempeñando un grupo de abogados.
"Estamos comprometidos y somos personas con convicciones muy profundas; no vamos a permitir que nadie atente contra el libre ejercicio de nuestra profesión", destacó.
Añadió que no existe temor, pero sí deben advertir que en un Estado de democracia, el que se utilicen instituciones como la DGI para menoscabar una profesión, produce una desestabilización del país.
Este mismo grupo de abogados sustentó que el Gobierno utiliza "los juicios mediáticos como una estrategia para ejercer presiones indebidas".
Esto, al ordenar la apertura de procesos, como la investigación de oficio girada por la Contraloría General de la República contra la coordinadora del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, la exministra Alma Cortés.
La situación ha llegado al punto que los juristas han creado una comisión para defender su profesión.
Persecución se dirige a críticos de la gestión de Varela
Miembros de la oposición aseguraron que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha emprendido una nueva campaña de persecución contra quienes se oponen a sus decisiones, en vez de trabajar para resolver los problemas a los panameños que sufren por lo lenta que marcha esta administración.
Según el vocero de Cambio Democrático, Luis Eduardo Camacho, “el presidente Varela debe ponerse a trabajar en lugar de estar persiguiendo y hostigando políticamente a sus adversarios”.
Diversos sectores han coincidido en que el Gobierno debe dejar de meter sus manos en otros órganos del Estado. “Juró que respetaría la institucionalidad, que lo cumpla.”, manifestó Camacho ante los procesos abiertos a miembros de CD.
