AI denuncia falta de avances en la búsqueda de desaparecidos en Panamá

Las autoridades panameñas no hicieron "ningún avance" para buscar a las personas desaparecidas durante las décadas de 1970 y 1980, según el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en 2104 hecho público hoy en Londres.

El documento denuncia también que los derechos de los pueblos indígenas "se vieron amenazados por proyectos hidroeléctricos" y las autoridades "impidieron a las ONG locales hacer el seguimiento de las denuncias sobre las duras condiciones de reclusión" en las cárceles del país.

Agrega que, pese a que Panamá adoptó medidas en contra, "persistían las prácticas discriminatorias por razones de raza, y las personas de ascendencia africana -alrededor del 10 por ciento de la población- seguían sufriendo marginación política, social y económica".

AI señala que la Corte Suprema dictaminó que el exdictador Manuel Noriega, que cumple condena por la muerte de dos opositores políticos y otros delitos, debía ser juzgado por su presunta implicación en el homicidio, en 1969, de un soldado y que se enfrenta a nuevos juicios por desapariciones forzadas y homicidios.

"Pese a haberse comprometido en 2012 a buscar a las personas que habían sido objeto de desaparición forzada durante las décadas de 1970 y 1980, el Gobierno no realizó ningún avance en ese sentido" y "seguía pendiente el establecimiento de una Comisión Nacional Especial sobre víctimas de desaparición forzada", según el informe.

La organización no gubernamental (ONG) recuerda las recomendaciones del relator especial de la ONU para que Panamá garantizara la consulta a los pueblos indígenas, así como su consentimiento libre e informado, antes de proponer grandes proyectos de construcción en sus tierras o en sus inmediaciones.

"Con respecto a la represa de Barro Blanco, recomendó que se paralizara la inundación del área hasta haber alcanzado un acuerdo con la comunidad ng be-buglé", reitera.

Amnistía alerta también en su informe de que las ONG locales de derechos humanos plantearon a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "su preocupación porque las autoridades les estaban impidiendo acceder a las cárceles, lo que imposibilitaba su labor de seguimiento de las denuncias sobre las condiciones inhumanas de reclusión en las prisiones".