El presidente peruano, Alan García, defendió hoy el informe elaborado por la comisión que investigó los sucesos violentos en la provincia de Bagua (noreste), que el 5 de junio pasado se saldó con 33 muertos y un desaparecido.
"El informe (sobre Bagua) es de una comisión que ha sido nombrada por consenso, con otras personas que no tienen que ver con el Ejecutivo, salvo que el Ejecutivo tiene algunos representantes", declaró el presidente García a periodistas en Lima.
El jefe de Estado lamentó que algunos sectores, principalmente el Partido Nacionalista Peruano (PNP), hayan cuestionado el informe, que no fue suscrito por dos miembros de la comisión, la religiosa Mari Carmen Gómez y el líder indígena Jesús Manasés, por considerar que no refleja la información recogida en cuatro meses de trabajo.
El gobernante peruano también acusó al PNP de estar "protegiendo a los asesinos" de los policías, quienes -según dijo- llegaron junto a sus compañeros al lugar creyendo "que allí no había "azuzamiento ni odiosidad".
El informe, que fue hecho público el martes pasado, atribuyó a congresistas nacionalistas y sindicalistas, entre otros, el haber azuzado a la violencia a los indígenas de esa región peruana.
Una larga huelga de comunidades indígenas amazónicas, en protesta por un paquete de leyes que consideraban perjudiciales a sus derechos sobre la tierra y el agua, derivó en un estallido de violencia en junio pasado cuando la Policía intentó desalojar una carretera tomada por los manifestantes en Bagua.
Allí, en la denominada Curva del Diablo, murieron 11 policías y uno continúa desaparecido, aunque se presume su muerte, además de diez civiles.
Después, un grupo de indígenas que retuvo a 38 policías en una estación petrolera de la zona asesinó a 12 de ellos en aparente represalia por el operativo en la carretera.
"Yo digo que hubo una masacre de policías que jamás esperaron que personas que eran del pueblo y que iban a retroceder ante una descarga de gases lacrimógenos los esperaran armados como los esperaron", acotó hoy el presidente García.
Tras conocerse el informe, el líder del PNP, Ollanta Humala, defendió el miércoles pasado a los cinco congresistas de su partido mencionados en el informe, al insistir en que estos legisladores "no fueron a azuzar, sino a informar" a los indígenas en torno a los decretos legislativos cuestionados.
Según Humala, dicho documento debería establecer responsabilidades políticas a nivel del poder Ejecutivo, en particular los entonces ministros de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y del Interior, Mercedes Cabanillas.
El Gobierno ha dado un nuevo plazo, hasta el 12 de enero, para que la comisión investigadora se reúna con otras cuatro mesas de diálogo sobre la problemática indígena para debatir su informe final.
