La organización Amnistía Internacional (AI) denunció la "intimidación y acoso" que sufren las defensoras de los derechos humanos en Nicaragua por su lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado hoy, AI expresó su preocupación por la situación de las defensoras de los derechos de la mujer y por las denuncias de fraude y "control excesivo" sobre las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
Amnistía Internacional denuncia que en julio de 2008 entró en vigor el nuevo Código Penal revisado, en el que se penalizaba el aborto y se preveían penas de cárcel para las mujeres y los profesionales de la salud declarados culpables de practicar abortos o facilitarlos.
Esta situación se producía, según Amnistía Internacional, "incluso cuando la continuación del embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer o fuera consecuencia de una violación".
No obstante, en 2008 no se procesó a nadie, señala el informe.
En los tres primeros meses de 2008, alrededor del 30 por ciento de las denuncias presentadas ante la Policía se debieron a "actos de violencia sexual", según la organización pro derechos humanos.
Por otra parte, las denuncias de "fraude electoral y control excesivo de la sociedad civil" en Nicaragua, "suscitaron la preocupación de que se estuviera restringiendo la libertad de expresión y asociación", señala el informe.
Amnistía cita el caso de dos partidos de la oposición, el Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador, que no pudieron presentar candidatos a las elecciones porque en junio de 2008 el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua denunció que ya no estaban registrados legalmente.
"En octubre -denuncia Amnistía- el Gobierno se negó también a que observadores nacionales e internacionales vigilaran el desarrollo de las elecciones municipales de noviembre".
Según Amnistía Internacional, en las semanas que siguieron a las elecciones municipales, fueron agredidos al menos 20 periodistas y "muchos otros sufrieron palizas", la mayor parte de las cuales "las llevaron a cabo simpatizantes del FSLN", partido del Gobierno.
En el lado positivo, Amnistía destaca que en diciembre de 2008 se reconoció legalmente el derecho a la tierra de la comunidad indígena Awas Tingri.
En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno nicaragüense que reconociera legalmente este derecho, lo que se produjo siete años después.
