Amnistía Internacional (AI) denunció ayer un aumento de las violaciones de derechos humanos en Honduras, donde manifestantes opuestos al Gobierno instaurado tras el golpe de Estado del pasado junio padecen arrestos arbitrarios y malos tratos.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, AI asegura que "las palizas y las detenciones masivas se han usado como forma de castigar a gente que ha expresado su oposición al golpe de Estado de junio apoyado por los militares".
"Mientras se incrementan las violaciones de derechos humanos, la necesidad de que la comunidad internacional busque una solución a la crisis política es incluso más urgente", afirma Amnistía.
La organización pro derechos humanos basa sus acusaciones en las fotos y entrevistas que ha hecho a gran parte de las 75 personas que fueron detenidas en la comisaría de la Jefatura Metropolitana Número 3 de Tegucigalpa el pasado 30 de julio, después de que la Policía, respaldada por fuerzas militares, disolviera una protesta pacífica.
La mayoría de los arrestados, recuerda AI, sufrió heridas como consecuencia de palizas policiales y del lanzamiento de piedras y otros objetos en su contra por parte de las fuerzas del orden, aunque fueron liberados más tarde.
"Las detenciones arbitrarias y los malos tratos a los manifestantes son una preocupación grave y creciente en la Honduras de hoy", según Esther Major, investigadora de AI para América Central.
Major precisa que "la fuerza sólo debe emplearse en las circunstancias más extremas y, ciertamente, no como un método para impedir el derecho legítimo de las personas a manifestarse de manera pacífica".
Además, Amnistía expresa su inquietud por el hostigamiento y la intimidación a las que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos, el límite impuesto a la libertad de expresión y los ataques cometidos contra periodistas.
Fuera de Tegucigalpa, la situación es "igual o incluso más grave", según la organización, que subraya que los militares y la Policía controlan las principales carreteras del país y, a menudo, retrasan o prohíben el acceso de activistas pro derechos humanos a zonas en las que supuestamente se han cometido abusos.
Honduras vive una crisis desde que el presidente electo, Manuel Zelaya, que promovía una consulta popular para reformar la Constitución pese a una prohibición legal expresa de varios organismos, fuera depuesto por los militares el 28 de junio pasado.
Los militares alegaron que cumplieron con una orden judicial, mientras que el mismo día del golpe el Parlamento sustituyó a Zelaya por Roberto Micheletti, que era presidente del Legislativo.
