El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, descartó hoy que otras naciones suramericanas puedan seguir el ejemplo de Ecuador y demanden a su país por deudas consideradas "ilegales" o "injustas".
Amorim compareció ante el Congreso para explicar la situación con Ecuador, que recurrió a la justicia internacional para intentar desconocer un crédito por 286,8 millones de dólares contraído con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
Quito alega que el préstamo fue concedido para las obras de una represa construida por la empresa brasileña Odebrecht y que dejó de funcionar unos meses después de haber entrado en operaciones, lo cual le resta legitimidad a la deuda.
El asunto, que ha generado tensiones diplomáticas, ha llevado al Gobierno de Ecuador a expulsar a Odebrecht del país y a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Quito, Antonino Marques Porto, quien se encuentra en Brasilia desde hace ya veinte días.
La prensa brasileña ha barajado la posibilidad de que otros países, entre los que cita a Paraguay, Bolivia y Venezuela, adopten iniciativas similares, pues han comenzado a revisar sus deudas exteriores a fin de establecer si son legales o no.
En esos tres países, así como en otros de la región, Brasil ha financiado a través del BNDES diversos proyectos volcados hacia la construcción de infraestructuras que favorecen la integración.
El canciller sostuvo hoy que no existe ningún indicio en el sentido de que otros países puedan desconocer sus deudas y dijo que Brasil confía en sus vecinos, pese a lo sucedido con Ecuador.
En el caso de Paraguay, aunque el Gobierno que preside el ex obispo Fernando Lugo ha manifestado públicamente su intención de que sean revisadas las deudas de la hidroeléctrica de Itaipú, cuya propiedad comparten ambos países, Amorim reiteró que Brasil ha dejado claro que no lo aceptará.
El diario O Globo publicó hoy que Asunción pretende que las deudas por 19.600 millones de dólares que tiene la empresa Itaipú Internacional sean asumidas por ambos países.
Pero, según la versión del periódico, Brasil se haría cargo de 19.000 millones y Paraguay sólo de 600 millones.
Además, Paraguay quedaría en libertad de vender a cualquier otro país distinto de Brasil la energía que no consume de Itaipú, algo que impide el tratado que regula las operaciones de la represa.
"Son dos propuestas irreales", declaró Amorim, quien reafirmó que Brasil tiene interés en "ayudar" a Paraguay pero subrayó que, tal como ya se ha informado al Gobierno de Lugo, no aceptará renegociar los términos del Tratado de Itaipú.
