El Gobierno chileno anunció hoy un nuevo plan de medidas para reparar la contaminación que sufrieron miles de personas en 1984, cuando se construyeron viviendas junto a desechos tóxicos en la norteña ciudad de Arica.
"Nuevos estudios a los pobladores y al lugar, médicos especialistas en terreno y un equipo de trabajo conjunto de los Ministerios de Salud, Vivienda y Medio Ambiente se trasladará al lugar en los próximos días para evaluar la situación" señaló el ministro chileno de salud, Álvaro Erazo.
Por instrucción de la presidenta Michelle Bachelet, el grupo de ministros deberá viajar en un plazo máximo de 48 horas para conocer la situación, precisó Erazo en una rueda de prensa.
Respecto de una denuncia sobre el extravío de 5.000 exámenes de sangre tomados entre los años 2001 y 2005 a las personas afectadas, el titular de Salud anunció también un sumario administrativo para determinar qué ocurrió con dichas muestras y las responsabilidades.
"Se ordenó un sumario en el Servicio de Salud de Arica, sin perjuicio de lo cual se iniciarán las acciones legales y penales correspondientes para identificar a los responsables de estos hechos y dilucidar si hubo acción intencional o finalmente negligencia", dijo Erazo.
Mientras, las personas perjudicadas interpusieron una querella contra quienes resulten responsables del delito de lesiones por la contaminación con polimetales.
La empresa chilena Promel importó en los años 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet, desechos tóxicos de la compañía sueca Bolliden Metal, responsable también del desastre ecológico del Parque Nacional de Doñana, en España.
Cerca de 20.000 toneladas de residuos químicos se depositaron desde 1984 a 1986 en las afueras de tres poblaciones de Arica, ciudad ubicada a 2.051 kilómetros al norte de Santiago, en el límite con Perú.
Para introducir estos desechos, Promel rotuló el producto como "barros con contenidos metálicos" y justificó la operación, que costó 2.000 dólares por tonelada a Bolliden, con el argumento de la existencia de oro y plata entre sus elementos.
Según señalaron las autoridades sanitarias este viernes, el director del Instituto de Salud Pública de 1984, que era el coronel Joaquín Larraín Gana, "consideró que no era necesario examinar los desechos porque estos no eran tóxicos".
El lugar donde fueron depositados los desechos permaneció abierto y sin señalización durante más de una década.
