El Gobierno del presidente Evo Morales prometió hoy una compensación "justa" a los inversionistas extranjeros y bolivianos de cuatro compañías eléctricas nacionalizadas el fin de semana pasado, que anunciaron batallas legales por sus indemnizaciones.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, anunció que la compensación será de unos 50 millones de dólares en total, durante una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros encabezado por Morales.
Dos de las expropiadas son Corani, participada en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez, y Guaracachi, en la que la británica Rurelec PLC detentaba igualmente la mitad de las acciones.
También fueron nacionalizadas la generadora Valle Hermoso, en la que un 50 por ciento pertenecía a The Bolivian Generating Group, de la empresa Panamerican de Bolivia, que también tiene inversionistas extranjeros, y la cooperativa de distribución de energía Elfec, de la ciudad de Cochabamba (centro).
Según la ministra, una valoración "preliminar" de las acciones nacionalizadas a extranjeros establece un precio de 50 millones de dólares en total, cifra "sujeta a revisión y a información que presenten las tres empresas".
El caso de Elfec, que tiene como socios a sus trabajadores bolivianos y a una firma telefónica de Cochabamba, sin capital extranjero, será negociado en otros términos, que no fueron especificados por la ministra.
"Hay una valoración de lo que son las acciones de las empresas y el Gobierno va proceder con el reconocimiento justo de las mismas. Tenemos una estimación, se han iniciado las negociaciones y se va hacer la compensación", dijo Caro.
A su juicio, las compañías extranjeras sólo podrán plantear un proceso de arbitraje contra Bolivia si finalmente no se llega a un acuerdo económico.
La nacionalización de las acciones de Corani y Guaracachi ha causado protestas de sus casas matrices y de los Gobiernos de Gran Bretaña y Francia, sobre todo por la forma como se produjo la intervención el pasado 1 de mayo.
Tropas del Ejército y unidades de la Policía con arreos de combate tomaron las plantas eléctricas, en tanto que fiscales y policías ocuparon las oficinas de las empresas, que hoy están a cargo de nuevos ejecutivos designados por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE, estatal).
Rurelec calificó de "sorprendente" la medida, "pese a las garantías dadas a los embajadores británico y francés de La Paz" en días anteriores, y recordó que desde que desde que Morales llegó al poder en 2006 ha invertido "más de 110 millones de dólares en nueva capacidad" de generación.
El embajador británico en Bolivia, Nigel Baker, expresó a la prensa su "decepción" por la nacionalización y la forma en que se llevo a cabo, después de que Morales asegurara que "las inversiones europeas, incluyendo las británicas, eran tanto bienvenidas como requeridas".
El grupo energético francés GDF Suez afirmó, de su parte, que respeta la decisión de Morales de nacionalizar de Corani, pero anunció que "defenderá sus intereses" a la hora de determinar las indemnizaciones.
El Gobierno francés, accionista de GDF Suez con el 35,7%, también pide una indemnización rápida y "adecuada" por Corani.
La indemnización debe calcularse sobre el "valor real de la inversión en la fecha de la expropiación", conforme al acuerdo franco-boliviano que trata de esa cuestión, dijo el martes el ministerio francés de Exteriores.
Desde enero de 2006, cuando llegó al poder con una alianza de movimientos izquierdistas, populistas e indigenistas, Morales ha nacionalizado o expropiado 13 empresas, incluyendo las últimas cuatro eléctricas del 1 de mayo.
Desde entonces, solo ha alcanzado acuerdos de indemnización o compra de acciones con la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y un consorcio formado por Shell y Ashmore, en el marco de la nacionalización petrolera.
Por contra, Bolivia tiene demandas de arbitraje de la telefónica italiana Telecom, de la anglo-argentina Pan American Energy, del grupo BP, y de un consorcio de hidrocarburos formado por socios alemanes y peruanos.
Morales también ha expropiado dos fundidoras de la empresa suiza Glencore, una en 2007 y otra el pasado fin de semana, y amenaza con anular sus contratos en tres minas.
Glencore compró las concesiones y las fundidoras de una empresa del ex presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), a quien Morales quiere extraditar desde EE.UU. para que responda en un juicio por genocidio.
