El juicio oral contra el ex gobernador opositor Leopoldo Fernández por su supuesta responsabilidad en una matanza en la que murieron 13 personas comenzó hoy con una audiencia que tuvo que entrar en receso hasta el mes próximo por la ausencia de varios acusados para los que se emitieron órdenes de captura.
Medios locales reportaron que a la audiencia realizada en La Paz sólo acudieron Fernández y nueve de los 26 imputados por la matanza ocurrida en septiembre de 2008 en Pando, región amazónica del noreste de Bolivia fronteriza con Brasil, durante una ola de protestas contra el Gobierno del presidente Evo Morales.
El fiscal del caso Eduardo Morales informó a los medios de que el juicio entró en receso hasta el 21 de julio próximo y los acusados ausentes fueron declarados "en rebeldía".
La abogada de las víctimas, Mary Carrasco, aseguró que los acusados pretenden "dilatar" el proceso para evitar ser juzgados, en tanto que el defensor de Fernández, Karlo Brito, justificó que varios imputados no pudieron llegar a La Paz por falta de dinero.
Fernández, junto con otras 26 personas, ha sido acusado formalmente por la fiscalía de La Paz de terrorismo, homicidio, lesiones graves, asesinato, asociación delictiva y lesiones graves y leves, por su supuesta responsabilidad en la matanza de 13 personas, entre ellas varios campesinos, en Pando.
Un tribunal negó esta semana una petición de liberación de Fernández, preso en una cárcel de La Paz desde hace 21 meses.
La defensa de Fernández apelará esta decisión para que el ex gobernador se defienda "en libertad" porque las leyes bolivianas prevén que una persona no puede estar detenida preventivamente más de 18 meses sin tener sentencia.
La Fiscalía calcula que el juicio durará unos tres meses, ya que está prevista la toma de declaraciones a al menos 200 testigos.
En un comunicado difundido hoy, Amnistía Internacional (AI) criticó que "la lentitud e inestabilidad" del sistema judicial boliviano hayan "alargado y agudizado el sufrimiento de las víctimas de la violencia en Pando", quienes "merecen ahora un juicio que les dé garantías de que se proveerá justicia imparcial y justa".
"Ha llegado el momento de demostrar a todas las personas vinculadas al caso de la masacre de Pando que existe un sistema judicial capaz de actuar de forma independiente e imparcial, y de amparar sus derechos", dice la nota.
AI resaltó la importancia de que rija el principio de presunción de inocencia para asegurar "un juicio justo" y consideró que las "expresiones de condena desde el poder político" antes de que se dicte el fallo "sólo pueden entorpecer la labor judicial y poner en tela de juicio la imparcialidad e independencia del juzgador".
