La Cámara de Diputados chilena aprobó la reforma constitucional que permite la adhesión del país a la Corte Penal Internacional (CPI), informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Con 88 votos a favor, seis en contra y una abstención, esta tarde quedó aprobada la reforma constitucional que permite la adhesión a la CPI", precisó un comunicado de la cancillería, que agregó que la iniciativa se materializó gracias a un acuerdo entre el oficialismo y la alianza opositora de derecha.
Al finalizar la sesión, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, mostró su satisfacción por la votación lograda.
"Creemos que es una gran noticia para la política exterior de Chile", subrayó Van Klaveren.
"Chile en esta materia se pone al día con respecto a América Latina, éramos uno de los pocos países que no participaba en el Tribunal Penal Internacional. Esto es significativo para los derechos humanos, pero también muy importante para la política exterior de nuestro país", indicó.
Van Klaveren valoró que la aprobación se haya producido pocos días antes de la visita que la presidenta Michelle Bachelet realizará a La Haya, adonde podrá llegar con un mensaje muy positivo para la comunidad internacional.
Chile participó en 1998 en la gestión del Tratado de Roma, pero es uno de los escasos países latinoamericanos que no ha ratificado este acuerdo que crea la CPI.
La aprobación de la reforma, primero en el Senado y ahora en la Cámara de Diputados, supone el paso previo exigido por el Tribunal Constitucional del país para que Chile pueda ratificar el Tratado de Roma, que entró en vigor en 2002.
En tanto, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, sostuvo que la CPI "condena al genocidio y a todos los crímenes grandes y graves que se suelen cometer en momentos de guerra o de convulsiones que se producen en los países, como la propia historia de Chile lo recuerda, así que este es un muy buen día para el país".
La iniciativa aprobada señala que "el Estado de Chile podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el tratado aprobado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998".
Agrega que al efectuar ese reconocimiento "Chile reafirma su facultad preferente para ejercer su jurisdicción penal en relación a la jurisdicción de la Corte".
Además de establecer la cooperación y asistencia entre las autoridades nacionales y la CPI, señala que la jurisdicción de esta última "sólo podrá ejercerse respecto de los crímenes de su competencia cuyo principio de ejecución sea posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma".
